Poco probable que nueva guardia nacional de México logre detener el crimen

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El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se posesionó el 1 de diciembre, después de un periodo de cinco meses de transición tras su aplastante victoria electoral.

Debido a la incontrolable ola de criminalidad que ha asolado al país desde 2007 —cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró una guerra frontal contra el crimen organizado—, López Obrador esbozó su estrategia de seguridad poco antes de asumir el cargo, tras meses de especulaciones.

En un contexto de casi 30.000 homicidios intencionales al año (las peores cifras de la historia reciente), el plan incluye algunas propuestas sensatas —aunque imprecisas—, como la reforma del sistema penitenciario y el replanteamiento de la prohibición a las drogas. Pero su plan ha generado fuertes críticas por el hecho de proponer la creación de una nueva guardia nacional bajo el control del ejército, como la principal herramienta para luchar contra el crimen en todo el país.

*Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation. Fue traducido, editado para mayor claridad y reproducido con su autorización, pero no representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original en inglés aquí.

Dicha guardia nacional combinaría batallones del ejército y la armada con la policía federal civil, en una nueva fuerza de seguridad bajo el control del Ministerio de Defensa. Además, una unidad de reclutamiento tendrá como objetivo aumentar la incipiente institución hasta llegar a los 150.000 agentes en un plazo de tres años. Aunque la nueva entidad tendrá nominalmente un control de carácter civil, su entrenamiento, disciplina, valores, jerarquía y operaciones diarias estarán bajo el mando militar.

La bota militar

Durante su campaña, López Obrador prometió devolver los militares a sus cuarteles. La presencia de tropas en el frente de batalla de las guerras contra las drogas durante una década ha dejado como resultado una serie de violaciones a los derechos humanos y un creciente número de muertes. Por eso el anuncio de la creación de una nueva guardia nacional —que se produjo poco después de que la Corte Suprema anulara una controvertida ley que permitía el uso de las fuerzas armadas en funciones policiales— causó estupor en muchos de sus seguidores.

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Dado que el plan de seguridad disolvería la policía federal —que es un organismo civil— y no contempla el fortalecimiento de las débiles unidades de policía municipales y estatales del país, muchas personas consideran que la guardia nacional es un paso directo hacia el control de la seguridad por parte de los militares.

Esto fue duramente criticado por la sociedad civil mexicana, así como por organizaciones internacionales. Amnistía Internacional considera que la propuesta “imita esencialmente el fracasado modelo de seguridad militarizado [que] permitió que las fuerzas armadas cometieran graves violaciones a los derechos humanos”; por su lado, Human Rights Watch lo calificó como un “error colosal”.

Además, el organismo propuesto no será precisamente una panacea. Por un lado, no hará más que perpetuar la actual estrategia de seguridad, que hasta el momento no ha logrado detener la violencia en el país. Por otro lado, la guardia nacional seguiría siendo demasiado pequeña para vigilar un país tan grande y complejo como México, incluso suponiendo que logre sus objetivos de reclutamiento excesivamente optimistas.

La gran paradoja de la reforma policial

Sin embargo, lo más preocupante es que la guardia nacional propuesta —la cuarta nueva fuerza policial nacional que se crearía en el mismo número de presidencias— es un ejemplo perfecto de lo que Daniel Sabet ha denominado “una de las grandes paradojas de la reforma policial en México”. Esos “cambios aparentemente drásticos, como desmantelar una fuerza policial y crear una completamente nueva, podrían en la práctica equivaler a una reforma mínima de la forma de ejercer el trabajo policial”.

Para justificar la guardia nacional, López Obrador afirma que en los últimos 12 años no se ha producido ninguna mejora en la calidad de los servicios policiales. Esto no es precisamente cierto. Si bien la mayoría de las agencias policiales están lejos de ser perfectas, ha habido notables mejoras. La policía federal ha mejorado enormemente sus capacidades técnicas y humanas desde 2006, y varias unidades estatales y municipales se han convertido en exitosos estudios de caso.

Es cierto que esos avances son pocos y que aún no se ha logrado mejoras notables en las condiciones de seguridad en todo el país. Sin embargo, esto se debe a la compleja naturaleza del fenómeno criminal y al poco compromiso de los políticos entrantes con el desarrollo institucional, pues prefieren implementar nuevas políticas que parecen llamativas, en lugar de darle continuidad a los programas.

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También es cierto que la corrupción y los abusos son comunes en los departamentos policiales. Pero las fuerzas armadas no son precisamente inmunes a la corrupción. Diversos estudios han demostrado que las fuerzas armadas son más propensas a cometer torturas y violaciones a los derechos humanos y que son más violentas que la policía. Por lo tanto, es improbable que la militarización dé como resultado una fuerza policial más eficaz e incorruptible.

Reformular las instituciones de seguridad cada vez que un presidente toma el poder es demasiado contraproducente. Crear nuevas instituciones es costoso y lento. Todos los aspectos, desde la legislación (la creación de la guardia nacional requiere 13 modificaciones constitucionales y un montón de normativas secundarias) hasta lo más básico (como los uniformes y los colores de las patrullas) deben definirse y aprobarse. Este proceso tiende a tardar mucho más de lo presupuestado, lo que lleva al desperdicio de recursos a expensas del verdadero trabajo policial.

Una mejor alternativa consistiría en un compromiso a largo plazo para mejorar las incipientes unidades de policía civil de México. La corrupción es un riesgo inherente a todas las agencias de policía, pero hay pruebas de que las agencias policiales corruptas pueden ser reformadas. Al crear una nueva fuerza, en lugar de resolver la crisis de seguridad de México, López Obrador hará retroceder al país en su largo y arduo camino hacia una policía competente.

*Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation. Fue traducido, editado para mayor claridad y reproducido con su autorización, pero no representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original en inglés aquí.

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