El presidente de México ha prometido utilizar los bienes confiscados a los actores criminales para financiar una serie de inversiones sociales. Esta novedosa variación de una práctica que se ha adoptado en otros países no está exenta de defectos.
El 14 de mayo, Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una nueva entidad gubernamental denominada Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (IDPR). El objeto del nuevo organismo consistirá en utilizar los bienes recuperados de los delincuentes para financiar diversas inversiones sociales, como la construcción de escuelas, unidades deportivas y otras instalaciones comunitarias. El mandatario estima que, solo en este año, el IDPR podría adjudicar mil doscientos millones de pesos (equivalentes a unos US$63 millones).
México aprobó una ley de incautación de activos en 2009, siguiendo los pasos de Estados Unidos, Italia y Colombia, donde a las autoridades se les han otorgado amplios poderes para confiscar miles de millones de dólares de ganancias mal habidas. En los últimos años, otros países latinoamericanos, como Argentina, se han unido a este grupo de países.
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La propuesta de López Obrador se presenta tras una serie de recientes intentos por reformar la ley de 2009. Los esfuerzos legislativos para ampliar la aplicación de la ley comenzaron durante la transición de la administración de Enrique Peña Nieto al gobierno actual, y sufrieron algunas modificaciones del Senado en noviembre de 2018. Tras su aprobación el 15 de marzo de 2019, entraron en vigor las nuevas normas que permiten la extinción de dominio en casos de corrupción y robo de hidrocarburos, entre otros delitos.
Análisis de InSight Crime
López Obrador tiene una larga historia de acrobacias publicitarias que tienen poco impacto práctico, como la promesa de abolir la corrupción política o de crear la nueva guardia nacional. El sonoro nombre del IDPR y el anuncio, que se hizo de manera simultánea, de una subasta de bienes de lujo incautados en el palacio presidencial, aumentan la sensación de que la nueva medida carece de seriedad.
Pero si bien no hay un precedente claro de este tipo de programas de incautación de activos en otros países, al menos en teoría, no hay razón para creer que los bienes confiscados no puedan ser utilizados para financiar proyectos de infraestructura social. La extinción de dominio en Estados Unidos se ha utilizado para respaldar diversos programas específicos, el más polémico de los cuales es el aumento de los presupuestos de los departamentos de policía locales. Si se gestiona de manera adecuada, la idea de López Obrador podría generar un permanente flujo de inversiones para el desarrollo, que tanto se necesitan.
Sin embargo, existen una serie de barreras para que el IDPR se convierta en un instrumento eficaz, y a juzgar por lo que se ha observado en el poco tiempo que López Obrador ha estado en la presidencia, parece que él no es consciente de los obstáculos.
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En primer lugar, la esperanza de López Obrador de invertir 1.200 millones de pesos anuales es tremendamente optimista, ya que la ley solo se ha aplicado en raras ocasiones. En 2010 y 2011, México solamente recuperó ocho bienes en tres casos diferentes. Durante los primeros seis años de existencia de la ley, las autoridades federales lograron aplicarla en menos de 50 ocasiones. Colombia, por el contrario, tiene decenas de miles de casos de confiscación actualmente en proceso.
Por otra parte, incluso si se ignoran las dificultades y se piensa que el IDPR será un éxito rotundo, el programa podría sufrir de los mismos perversos incentivos que han convertido la extinción de dominio en un tema tan controvertido en Estados Unidos. Dado que los departamentos de policía han podido aumentar sus presupuestos gracias a las confiscaciones, muchos han cometido abusos rampantes, lo que llevó a una restricción de dicha práctica, mediante una sentencia emitida unánimemente por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en 2019. Si el IDPR se convierte en una institución poderosa, dependiente de un flujo constante de incautaciones, el mismo sistema podría llegar a fomentar los abusos, a pesar de que el ostensible objetivo del programa sea encomiable.
Vale la pena además mencionar que la incapacidad de México para la incautación de bienes no es uno de los principales obstáculos para la seguridad del país. Muchos expertos creen que ir tras los bienes ilegales que sustentan a las redes criminales —una estrategia de la que la exención de dominio hace parte— es una práctica que se ha sobrevalorado y no es substancial para lograr sociedades más seguras.
Arremeter contra las finanzas ilícitas no logra reducir la violencia ni atacar otros males sociales derivados del crimen organizado; y hay pocos ejemplos, o quizá ninguno, de grupos criminales que hayan quedado inhabilitados después de que sus finanzas hayan sido atacadas. Si estos argumentos en contra de dicha estrategia son correctos, sería mejor enfocar los esfuerzos invertidos en el IDPR en otra dirección.
Los comentarios de López Obrador durante el anuncio del programa son significativos. El mandatario le dijo a la prensa que cuando la mansión, en Ciudad de México, del ciudadano chino Zhenli Ye Gon—quien más tarde fue arrestado en Estados Unidos y extraditado a México por narcotráfico— fue allanada con más de US$200 millones en efectivo en su interior en el año 2007, nadie supo lo que pasó con el dinero.
Como presidente, López Obrador pudo haber dado una respuesta más concreta sobre dicho misterio, pero la explicación más probable es que el dinero fue entregado al tesoro mexicano, y luego fue absorbido en las operaciones generales del gobierno. El gasto anual del país es de cerca de US$300 mil millones, por lo que la incautación de la propiedad de Zhenli no habría tenido un gran impacto en las actividades del gobierno.
Pero este es un problema de percepción, no de eficiencia, y es una falacia pensar que los planes de gasto llamativos son una respuesta eficaz a la falta de claridad en torno al dinero de Zhenli o a los problemas de seguridad de México en general.
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