El alcance de los grupos de autodefensa del suroeste de México ha aumentado en las últimas semanas, pero mientras en algunas partes del país han sido asistidos por las fuerzas federales, en otras han sido bloqueados, planteando el interrogante sobre qué está detrás de estos acercamientos tan diferentes.
El 8 de febrero, milicianos apoyados por tropas federales y la policía ocuparon la ciudad de Apatzingán, ampliamente considerada como el bastión de la organización criminal de los Caballeros Templarios. Las autodefensas ahora están encargadas de los puntos de control ubicados en los límites de la ciudad, y están señalando a supuestos miembros de los Caballeros.
Mientras tanto, pistoleros leales a una de las dos milicias rivales de Guerrero se han tomado algunos pueblos a las afueras de Chipancingo, la capital del estado. Ciudad de México ha enviado tropas y policías adicionales para evitar que se sigan moviendo hacia la ciudad.
Estos opuestos enfoques -zanahorias en Michoacán, garrote en Guerrero- enfatiza la dispar evaluación del gobierno federal de una amenaza que tiene poco o nada que ver con el tráfico de drogas.
Los milicianos, así como el presidente Enrique Peña Nieto, tienen como objetivo erradicar los crímenes que más afectan a los mexicanos comunes, principalmente la extorsión, el secuestro y el robo a mano armada.
“El narcotráfico siempre va a continuar”, dice Neftalí Villagomez, un carnicero de 66 años que comanda a cientos de vigilantes en Tierra Colorada, un pueblo pequeño a aproximadamente 55 kilómetros (35 millas) al norte de la ciudad turística de Acapulco; ciudad que ha estado asediada por capos.
“No estamos en contra de los narcotraficantes” dice. “Estamos en contra del crimen organizado”.
Mostrando una ambivalencia similar, la estrategia de Peña Nieto parece estar dirigida a restaurar el delicado balance político en estados en donde el crimen organizado ha jugado un papel importante durante décadas, en lugar de detener el comercio de drogas o a aquellos que se benefician de él.
En Michoacán, el enviado especial de seguridad de Peña Nieto, Alfredo Castillo, trata de explicar su reciente conversación privada con un hombre que los fiscales federales han vinculado con el Cartel de Jalisco-Nueva Generación (CJNG). Analistas, incuyendo al Procurador General del país, han acusado al CJNG de suministrar armas a las fuerzas de autodefensa de Michoacán.
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Castillo se reunió brevemente la semana pasada con Juan José Farias, alias “El Abuelo”, a quién agentes federales identificaron en 2009 como uno de los miembros más importantes del clan Valencia, también conocido como el Cartel del Mileno, una organización criminal que llegó a ser una de las más importantes de la región.
Un informe del ejército mexicano, publicado en el momento en el que Farias fue arrestado, lo identificó como uno de los autores principales de la violencia que se desató en 2006, cuando La Familia Michoacana –el grupo que dio origen a los Caballeros Templarios- luchó para expulsar a los Zetas de Michoacán.
Otro presunto exlíder de los Valencia, Nemesio Oseguera, alias “El Mecho”, ahora está al mando del CJNG, y las autoridades creen que es aliado de Farias, desde hace un buen tiempo.
Uriel, el hermano de Farias, es exalcalde de Tepalcatepec, uno de los tres pueblos michoacanos que dieron origen al movimiento miliciano, en febrero pasado. Uriel Farias fue arrestado en mayo de 2009 como parte de una fracasada arremetida contra 12 supuestos alcaldes corruptos de Michoacán, y otras dos docenas de funcionarios fueron acusados de trabajar con la Familia. Farias y todos los otros funcionarios fueron posteriormente liberados.
En Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre al fin ha accedido a las, por mucho tiempo postergadas, negociaciones con líderes milicianos acerca de la formalización del estatus legal de los grupos, y el aumento del apoyo económico a sus comunidades rurales.
Aguirre ha tenido una relación mixta con las milicias, conocidas en Guerrero como policías comunitarias. Él mismo ayudó a crearlas a mediados de la década de los noventa, cuando sirvió como gobernador interino para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto. Ahora, representando a la izquierda con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aguirre ha mostrado favoritismo por algunos grupos de policía comunitaria mientras trata con severidad a otros. El año pasado puso tras las rejas a un puñado de líderes de milicias por considerarlos muy ambiciosos políticamente.
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Los enfrentamientos de Aguirre con las milicias se han intensificado desde enero 28, cuando hombres armados interceptaron sin éxito el vehículo de Pioquinto Damián, el bien conectado políticamente, líder de la Canaco en Chilpancingo.
El ataque al vehículo de Damián se presentó poco más de una hora después de que acusara públicamente al alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno, de ser un “narco” y de permitir el desenfrenado secuestro y la extorsión por parte de Los Rojos, un grupo local que nació de la alguna vez todo poderosa Organización de los Beltrán Leyva (OBL).
Damián logró escapar ileso del ataque, pese a que su camioneta no blindada recibió más de 100 impactos de bala. Su nuera, quien iba en el asiento del copiloto, normalmente ocupado por Damián, fue asesinada, y su hijo que iba tras el volante sufrió leves lesiones.
Moreno, quien espera ganar la gobernación de Guerrero en las elecciones del próximo año, bajo la bandera del PRI, niega las acusaciones de Damián. Él sostiene que Damián sufre de “enormes” problemas psicológicos y que está actuando en nombre de enemigos políticos no identificados.
Un exprofesor de escuela, Damián alguna vez fue la segunda cabeza al mando del PRI en Guerrero, y sirvió como secretario de educación en la administración de Aguirre en la década de los noventa. Después de desertar del PRI junto con Aguirre y otros, fue elegido por el PRD para representar a Chilpancingo en el congreso de México.
Aguirre es el padrino del hijo de 34 años de Damián, mientras que la hija de Damián es una de las principales asistentes del hijo del gobernador.
Pero ahora parece que Damián se ha aliado con Bruno Placido, líder de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), uno de los grupos más radicales de las organizaciones milicianas de este estado. Esto probablemente lo rivalice con el gobernador.
En las últimas semanas, decenas de milicianos de la UPOEG, la mayoría de ellos armados con escopetas de 20mm, han tomado control de El Ocotito y otros pueblos agrícolas cerca de Chilpancingo. La semana pasada cerraron la autopista que conecta a Ciudad de México con Acapulco para hacer pública sus demandas de concesiones del gobierno estatal.
“Lo que queremos es que los narcotraficantes se dejen de meter con la población”, dijo Damián durante una entrevista en un apartamento de cuatro pisos en la plaza central de Chilpancingo, donde él y su familia han estado bajo la custodia de la policía estatal desde el ataque. “Lo que queremos es armonía, paz social”.
Análisis de InSight Crime
Pareciera ser que la lucha contra las organizaciones criminales, así la política, es completamente local.
Michoacán es el lugar en donde el conflicto criminal de México empezó siete años atrás. Terminar la crisis allí tiene una importancia tanto estratégica como simbólica para el gobierno de Peña Nieto. Guerrero, donde la violencia es incluso peor que en Michoacán, no tiene la misma importancia para los gestores mexicanos.
Acabar con el narcotráfico en cualquiera de los estados, en realidad no es parte de la conversación.
Cuando llegó al poder, Peña Nierto prometió atacar los crímenes que tenían el mayor impacto sobre los mexicanos comunes. En Michoacán, Guerrero, y en muchos otros lugares, esto significa secuestro, extorsión y otros delitos depredadores. El año pasado, ello suponía ir tras los líderes de la violenta organización criminal los Zetas, ubicada a lo largo de la frontera con el sur de Texas. Ahora supone acabar con los Caballeros Templarios en Michoacán.
Pero no significa arreglar el desastre en Guerrero.
La violencia destruye los puntos más al norte del estado, Acapulco y la costa Pacífica, y todo lo que está en medio. Las masacres, las fosas comunes y las migraciones provocadas por el combate son comunes. La policía comunitaria actualmente opera en más de la mitad de los municipios de Guerrero.
Pero los grupos de Guerrero, en su mayoría remanentes de la organización dirigida por el difunto Arturo Beltrán Leyva, son más pequeños y tienen menos alcance que los Caballeros o los Zetas. Por esta razón, no son una prioridad para Ciudad de México.
Adicionalmente, aunque recientemente el PRI de Peña Nieto recuperó Michoacán del PRD, y tiene la intención de mantener su poder sobre el estado en las elecciones del próximo año, el PRD parece tener un control sobre el gobierno de Guerrero.
Con la poca ventaja política o estratégica que representaría sopesar los problemas de Guerrero, pareciera ser que mientras Michoacán esté en los titulares y tenga la atención completa del gobierno federal, Guerrero sigue estando a la deriva.
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