Después de la muerte violenta de ocho policías en el noroeste de Guatemala el gobierno emprendió una de las operaciones más grandes y exitosas que se haya realizado desde el comienzo de la administración de Otto Pérez Molina. Sin embargo, una mirada más cercana al operativo muestra que el gobierno ha dejado de enfrentar al otro grupo en la región.
Según declaraciones del ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, a finales del mes de agosto, más de mil personas, entre agentes fiscales, policías y militares, establecieron un cerco en torno a Eduardo “Guayo” Villatoro Cano en las zonas rurales del municipio de La Democracia en Huehuetenango, señaló Prensa Libre en ese momento.
Eduardo Villatoro lidera uno de los principales grupos dedicados a la narcoactividad en este departamento del noroccidente del país y aparentemente está ligado al grupo de los Zetas.
La “cacería” de Villatoro se desencadenó a partir del asesinato de ocho agentes y el secuestro de un oficial policial en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango, en julio de 2013.
Según distintas fuentes, el oficial secuestrado estuvo involucrado en el “tumbe” (o robo) de dinero o drogas del grupo de Villatoro, y este ordenó como represalia el homicidio de los policías y el secuestro, y posterior asesinato, del oficial.
La operación contra el grupo de Villatoro Cano ha sido una de las más grandes desarrolladas contra un presunto narcotraficante en lo que va la administración de Pérez Molina, y hasta el momento de escribir esta nota, las fuerzas gubernamentales han logrado la captura de más de una decena de individuos, incluyendo familiares cercanos de Villatoro; además de algunos recursos –aunque el decomiso de drogas y armas ha sido relativamente bajo–.
Existe información contradictoria sobre los golpes recibidos por esta organización, mientras que para algunas fuentes sólo se ha logrado llegar a la estructura de sicariato, dejando intactas las de trasiego, lavado y seguridad; para otras fuentes esta organización ha quedado prácticamente desarticulada.
Esta operación, denominada “Dignidad” por las autoridades de seguridad, busca mostrar que el gobierno encabezado por Pérez Molina, un general retirado, puede enfrentar y controlar los desafíos a la autoridad –el asesinato público de policías– y que el Estado puede, cuando quiere, necesita o puede, operar de manera coordinada y contundente contra los grupos criminales.
Sin embargo, al analizar en detalle estos hechos, puede constatarse que existe de parte del gobierno una respuesta diferenciada a los grupos ligados a narcoactividad.
El grupo de Villatoro Cano no es el único en la zona. En Huehuetenango el más importante, ligado al cartel mexicano de Sinaloa es conocido como el “Cartel de los Huistas”. Liderado por Aler Baldomero Samayoa Recinos, conocido como “Chicharra”, el grupo tiene su base en los municipios de San Antonio Huista, Santa Ana Huista y la Democracia en Huehuetenango. Bajo el control de este grupo están importantes rutas de trasiego de drogas ilícitas, laboratorios para la producción de drogas sintéticas y cuentan con infraestructura para el lavado de activos.
Lo sorprendente es que al grupo de Aler Samayoa se le atribuyen varios hechos de violencia contra las autoridades, entre ellos el asesinato de la fiscal del Ministerio Público de Chiquimula Jennifer Carolina Moscoso y varios acompañantes en diciembre de 2012; el asesinato de dos agentes de la policía en la carretera interamericana en marzo de 2012; y la desaparición de 4 investigadores del Departamento de Investigaciones Criminológicas en marzo de 2012.
No obstante, en estos casos se trató de ataques contra las autoridades a los que no se respondió de la forma en que se hizo con la masacre de Salcajá y forma parte de una historia más grande de cómo esos grupos se han blindado de cualquier persecución judicial por haber hecho contactos con las élites en su región y a nivel nacional.
En cuanto a este caso en particular hay varias hipótesis. La primera, que se maneja en Huehuetenango pero que no ha podido ser suficientemente constatada, señala la complicidad de autoridades de alto nivel con los Huistas. Estos supuestos vínculos se fortalecieron durante la campaña electoral de 2011 e incluyeron el financiamiento del partido patriota, el del presidente Pérez, sobre todo en el ámbito de diputaciones distritales, según varias fuentes consultadas.
La conexión entre la política y el narcotráfico es algo común en toda la región y tiene la tendencia de realizarse en zonas fronterizas donde hay un historial de contrabando y los mismos contrabandistas son los que surgen como élites regionales con sus propios candidatos y representantes políticos.
Desde esa perspectiva, las autoridades no han perseguido las actividades criminales de los Huistas, una antigua red de contrabandistas que ahora forman parte de la clase dirigente en la zona; y más bien aprovecharon la matanza de Salcajá para eliminar la competencia en el territorio del grupo de Villatoro Cano. La situación actual, ha terminado por beneficiar al grupo de Samayoa, quien sigue siendo predominante en el departamento y ha podido seguir actuando con impunidad.
Una segunda hipótesis postula que la respuesta diferenciada está relacionada con procesos internos de investigación. Mientras que los casos atribuidos a los Huistas fueron asignados a los funcionarios locales, vinculados y controlables por los grupos criminales del departamento, el caso de Salcajá fue investigado y perseguido por las autoridades desde Ciudad de Guatemala, y esto evitó fugas de información y el desarrollo de una pesquisa que llegó a los responsables de estos hechos.
En esta versión, la respuesta diferenciada estaría definida por la cercanía o no de los entes investigadores a los grupos locales. A mayor distancia y menor compromiso con estos, mayor capacidad de perseguir y capturar a sus integrantes.
Finalmente, una tercera hipótesis sugiere que es cuestión de tiempo recabar y procesar la información que permita la disolución del grupo de los Huistas.
En todo caso, la operación “Dignidad” mostró que es correcto, que algunos grupos criminales, controlan parcialmente algunos territorios del país; sin embargo, este control no es absoluto y el Estado puede, cuando se lo propone, recuperar esas zonas y desarticular a los grupos criminales. La pregunta en este caso es: ¿será que eso es lo quiere la administración de Pérez Molina?
Vea más grande el mapa de Huehuetenango – Actividad criminal
La investigación presentada en esta publicación es, en parte, el resultado de un proyecto financiado por el International Development Research Centre de Canadá.
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