El 13 de septiembre el congreso de Guatemala realizó otra maniobra audaz en la institucionalización de la corrupción, al reformar una ley para blindar a los políticos y a los funcionarios de su partido contra procesos judiciales y sanciones en casos de financiamiento ilícito de campañas políticas.
La medida extraordinaria tomó por sorpresa a algunos diputados, según Prensa Libre. Muchos de ellos no habían visto la propuesta hasta que llegó a la sala del congreso para lo que fue, según el recuento de los medios, un breve debate antes de una votación aún más fugaz.
El resultado, luego de una votación abrumadora a favor de la propuesta, fue una reforma al código penal que traslada la responsabilidad en casos de financiación electoral ilícita de los secretarios de los partidos a sus contadores. Así mismo, determina que solo pueden ser objeto de investigación las contribuciones no declaradas al organismo regulatorio de vigilancia electoral, según la interpretación de la ley hecha por Prensa Libre.
Más aún, algunos han interpretado la nueva ley como una autorización para que cualquiera que haya sido condenado por cualquier delito y sentenciado a menos de diez años en prisión pague por sus crímenes en dinero y no en tiempo —según cuentas entre 5 y 100 quetzales (entre US$0,70 y US$13,70) por cada día de cárcel que hubiera debido pagar—.
La reacción en la prensa guatemalteca y en las redes sociales fue de un disgusto casi unánime. La Hora lo llamó “Día infame”. El medio independiente Nómada tituló su artículo, “La gran hijueputada del congreso”, en referencia a los autores intelectuales del proyecto de ley. En su página en Facebook, Canal Antigua, el canal de televisión más importante del país, declaró: “Congreso pacta alianza y garantiza inmunidad por financiamiento electoral ilícito”.
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En Twitter, algunos llamaron el día #MiercolesNegro, un juego de palabras sobre el que fuera un esperanzado #JuevesDeCICIG.
La CICIG es, por supuesto, una referencia a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el apéndice judicial respaldado por las Naciones Unidas que ha liderado la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país desde 2007. Los #JuevesDeCICIG fueron en el pasado días en los que el organismo anticorrupción y el Ministerio Público anunciaban sus nuevos pliegos de cargos, muchas veces impactantes, contra importantes políticos, empresarios y figuras del crimen organizado. En los dos últimos años, sus objetivos han incluido a dos de los presidentes en ejercicio del país, a una vicepresidenta y un exministro del Interior, por nombrar a unos cuantos.
Más recientemente, la CICIG trabajó con el Ministerio Público para abrir un caso contra el presidente Jimmy Morales y su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), por financiamiento ilícito en la campaña de Morales a la presidencia en 2015. Morales respondió declarando persona non grata al comisionado de la CICIG (y juez colombiano) Iván Velásquez, pero sus esfuerzos por expulsar a Velásquez fueron bloqueados por la Corte Constitucional. Fue ahí que se pasó al congreso la papa caliente, y fue este el que decidió en primer lugar mantener el estatus de inmunidad de Morales para blindarlo de procesos judiciales —lo que logró estancar la investigación a su campaña— y ahora aprobó esta abominable reforma legal.
Análisis de InSight Crime
La ironía de esta historia es que la CICIG y el Ministerio Público, en un esfuerzo por mostrar que no tenían favoritos en sus iniciativas de lucha contra la corrupción y la criminalidad, habían declarado que estaban investigando a los jefes no solo del partido FCN, de Morales, sino también de otros dos partidos fuertes, la Unidad Nacional de Esperanza (UNE) y Líder.
Pero en lugar de demostrar la imparcialidad de sus acciones, la CICIG y el Ministerio Público lograron cimentar una alianza política entre estos antiguos enemigos, incentivándolos a crear protecciones generales para el resto de los partidos y sus agentes y jefes corruptos. En efecto, el congreso y el presidente han institucionalizado la corrupción en el proceso político. La CICIG había declarado este tipo de corrupción generalizada como su principal objetivo, pero ahora queda prácticamente inerme para combatirla.
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Los pasos que siguen en este proceso pueden ser más aterradores que este último. Es casi seguro que los miembros del congreso consoliden sus esfuerzos por librarse de sus enemigos, o aislarlos, enemigos a quienes han presentado como entrometidos extranjeros (o los han tildado incluso de “comunistas chinos” infiltrados, como dijera uno de los fundadores del FCN, el partido de Morales).
Como lo señaló InSight Crime, es casi seguro que su siguiente objetivo sea el ministro del interior Francisco Rivas —exfiscal que lidera una reforma de la policía y del sistema carcelario, y es uno de los principales aliados de la CICIG y del Ministerio Público—. Él puede ser removido de su cargo con un simple voto de “falta de confianza” en el congreso, seguido por la desaprobación del presidente Morales.
Pero también es probable que rueden otras cabezas, incluyendo la del jefe de policía y la del director de impuestos, también aliados de Rivas y amigos de la CICIG y el Ministerio Público.
Prominentes activistas de la sociedad civil en Guatemala ya están cuestionando la nueva ley en los tribunales. Y el congreso estadounidense, así como el resto de la comunidad internacional, han manifestado su preocupación. Pero Morales y sus compinches hacen oídos sordos, quizás en parte porque también puede ver la hipocresía de la administración Trump.
En esencia, este es el comienzo de la purga, no su fin. Y de hecho, esto neutralizará los esfuerzos de la CICIG, el Ministerio Público y la comunidad internacional para poner patas arriba el sistema político guatemalteco con su corrupción perenne y su actuar muchas veces criminal.