Una nueva serie de protocolos impuestos por Estados Unidos a las personas migrantes exige que los solicitantes de asilo esperen en diversas ciudades de México la decisión de las cortes norteamericanas, a pesar de que allí están cada vez más expuestos a las dinámicas del crimen organizado.
El programa "Permanecer en México" comenzó a funcionar en enero de 2019, tras ser aprobado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según el Instituto Nacional de Migración de México (INM), hacia finales de junio de este año, Estados Unidos ya había enviado a casi 17.000 inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras a las ciudades de Mexicali y Tijuana en el estado de Baja California, en la frontera noroeste de México con California, y a Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, que limita con los estados de Nuevo México y Texas.
Sin embargo, muy pronto quienes esperan la resolución de sus casos de migración o asilo también serán enviados a Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, en la frontera con Texas, así como a San Luis Río Colorado, estado de Sonora, que limita con Arizona.
(Solicitantes de asilo enviados a México hasta el 30 de junio de 2019)
“Es extremadamente preocupante que los migrantes estén siendo enviados a estados en la frontera norte de México”, dijo Madeleine Penman, investigadora regional de Amnistía Internacional, en conversación con InSight Crime. “Durante más de una década, muchos observadores han señalado la precaria situación de seguridad en esta región, así como la constante ausencia de la ley en la zona”.
A continuación, InSight Crime analiza la dinámica criminal en estos cuatro estados fronterizos.
Mexicali y Tijuana, Baja California
Durante casi dos décadas, entre 1990 y 2007, la Organización Arellano Félix, también conocida como el Cartel de Tijuana, dominó a Baja California. Pero la violencia ha aumentado tras el colapso del grupo y la creciente fragmentación del crimen organizado en México.
El año 2018 fue el más violento en la historia de Baja California. Su tasa de homicidios de 77 por cada 100.000 habitantes fue la segunda más alta de México y casi tres veces la tasa nacional de 25,8, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Actualmente, el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Tijuana tienen presencia en Baja California. Sin embargo, el tráfico de drogas a nivel local y los enfrentamientos entre microtraficantes por el control de la venta de narcóticos es lo que está generando violencia, especialmente en Tijuana.
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El aumento en la demanda de drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo, un mortal opiáceo, ha beneficiado a los traficantes de drogas locales y ha provocado más derramamiento de sangre. Las autoridades de Tijuana estimaron este año que cerca de 90 por ciento de los homicidios de la ciudad están relacionados con las ventas de drogas a nivel local, como lo señala un informe de Los Ángeles Times.
Dado que los grupos criminales se han fragmentado, han dado lugar a pequeños grupos rivales que recurren a la violencia extrema y han diversificado sus portafolios criminales, lo que incluye crímenes como la extorsión y el secuestro. Altamente vulnerables, las personas migrantes que esperan en México sin ninguna protección legítima son presas perfectas de estos grupos.
Ciudad Juárez, Chihuahua
En 2018 se cometieron más de 1.200 homicidios en Ciudad Juárez; esta es la primera vez que la ciudad ha registrado más de 1.000 asesinatos desde 2011, cuando los carteles de Juárez y Sinaloa se enfrentaron en una guerra sangrienta por el control de la estratégica ciudad fronteriza.
Al igual que los grupos criminales de México, el mercado local e internacional de las drogas en Ciudad Juárez se ha fragmentado en los últimos años, lo que ha causado aumentos y disminuciones en los homicidios. Si bien la tregua que se presentó el año pasado entre los principales grupos criminales como Barrio Azteca, Artistas Asesinos, La Línea y los Mexicles condujo a una disminución en los homicidios, los 151 asesinatos registrados en abril de este año lo señalan como el mes más violento en la ciudad en los últimos ocho años.
Para empeorar las cosas, hay pruebas de que estos grupos criminales, cada vez más escondidos, están trabajando con las fuerzas de seguridad. En medio de las confrontaciones se encuentran los migrantes, quienes esperan la oportunidad de obtener asilo en Estados Unidos.
Por ejemplo, a principios de junio de este año, unidades de la policía federal de Ciudad Juárez secuestraron a una migrante hondureña y la entregaron a un grupo criminal. Los miembros del grupo la agredieron sexualmente y exigieron que pagara US$5.000 como condición para liberarla. Funcionarios estadounidenses habían enviado a la mujer a la ciudad fronteriza mexicana después de su primera audiencia de inmigración.
Nuevo Laredo, Tamaulipas
Aunque inicialmente se excluyó a Nuevo Laredo de la lista de ciudades mexicanas a donde se remitiría a los migrantes, el 9 de julio los funcionarios estadounidenses enviaron el primer grupo de solicitantes de asilo a dicha ciudad para que esperaran allí la respuesta a sus peticiones.
Nuevo Laredo —y el estado de Tamaulipas en general— ha sido durante años escenario de violentos enfrentamientos entre el Cartel del Golfo y Los Zetas por las rutas de tráfico de drogas y personas. En consecuencia, tanto la ciudad como el estado registran altas tasas de homicidios y secuestros.
"Tamaulipas es la capital de las desapariciones en México, algo así como una 'tierra de nadie'", afirma Penman.
De hecho, en el año 2011 se presentó un incidente particularmente aterrador en la ciudad de San Fernando, cuando la policía local cooperó con Los Zetas en la masacre de 193 migrantes, en su mayor parte centroamericanos, que se dirigían a Estados Unidos.
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Y este año tuvo lugar una escena de carácter bélico, en la que hubo vehículos y cuerpos carbonizados, por enfrentamientos entre el Cartel del Golfo y una facción disidente de Los Zetas, conocida como el Cartel del Noreste, y que dejó como resultado 30 personas muertas en un lapso de apenas dos días en la ciudad de Miguel Alemán, ubicada unos 30 minutos al norte de Nuevo Laredo. Además, el CJNG también ha hecho incursiones en Nuevo Laredo, con el fin de adelantar sus operaciones de tráfico, como lo señala la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA).
En medio de todas estas acciones, los migrantes han sido presa fácil de los grupos criminales. Cuando Los Zetas y el Cartel del Golfo no extorsionan a los migrantes o les cobran dinero para permitirles cruzar por el territorio bajo su control, ejecutan sofisticadas redes de secuestro o tráfico, atacando abiertamente a quienes pasan por sus territorios.
De todos los estados mexicanos por los que atraviesan las vulnerables personas migrantes, las autoridades de Tamaulipas registraron altas tasas de violencia y agresiones contra dichas personas entre 2008 y 2018, según la investigación de Robert Strauss Center for International Security and Law, de la Universidad de Texas en Austin.
San Luis Río Colorado, Sonora
San Luis Río Colorado, ubicado en el estado de Sonora, es otro punto fronterizo extremadamente estratégico tanto para las bandas criminales pequeñas como para los grandes grupos del crimen organizado que trafican drogas, personas y otros bienes de contrabando hacia Estados Unidos.
Hace años, el Cartel de Sinaloa asumió el control de la plaza de San Luis Río Colorado, cuando Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, no había sido arrestado y todavía dirigía el grupo. El cartel utiliza la ciudad fronteriza para construir los llamados narcotúneles —un aspecto básico de las operaciones fronterizas del grupo— para ingresar drogas a Arizona y luego distribuirlas a las principales ciudades de Estados Unidos.
“Sonora es un gran desierto en donde los grupos del crimen organizado han llevado a cabo una serie de actividades criminales”, anota Penman, de Amnistía Internacional.
En 2017, por ejemplo, el ejército mexicano y la policía de Sonora incautaron 1.126 kilos de cocaína, además de heroína y metanfetamina, en el puesto de control militar de Cucapah, ubicado cerca de San Luis Río Colorado; dicho cargamento estaba relacionado con el Cartel de Sinaloa. Según la DEA, esta ha sido la mayor incautación de cocaína en la historia de este puesto de control.
Desde abril de 2019, el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha venido aconsejando a los ciudadanos estadounidenses que “reconsideren sus viajes debido a la criminalidad”, señalando que el estado es un “lugar clave utilizado por las redes internacionales de tráfico de drogas y personas”.
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