Las milicias en México: ¿seguridad ciudadana o escalamiento del conflicto?

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Este artículo explora los efectos en la política y la seguridad que los grupos de autodefensa que aparecieron en años recientes en México como reacción a la violencia del crimen organizado, especialmenete en los estados de Michoacán y Guerrero.

El presidente Calderón y la reestructuración de los carteles en Michoacán

Michoacán, el estado natal del expresidente mexicano Felipe Calderón, fue uno de los primeros focos de atención de su gobierno, como una manera de dar respuesta al rápido crecimiento del cartel criminal La Familia Michoacana. En 2006, La Familia Michoacana era uno de los más violentos grupos de narcotraficantes mexicanos, y su poder se estaba expandiendo por gran parte del estado, particularmente en Tierra Caliente. Ejercía una cruel violencia que se percibía en las calles de Michoacán, y lanzó una campaña agresiva de extorsiones a las empresas más importantes del estado, como las productoras de aguacate y las empresas madereras (ni siquiera eran inmunes las empresas que funcionaban en Morelia, la capital del estado). Hacia 2009, al parecer La Familia Michoacana tenía influencia sobre unos 180.000 negocios (o en todo caso los extorsionaba), como estaciones de gasolina, tiendas de automotores, mercados callejeros, cines y otros negocios. Se consideraba que las ganancias diarias del grupo ascendían a US$1,9 millones (aunque probablemente esta cifra es muy exagerada).

Este es un fragmento de un artículo publicado originalmente por Center for Complex Operations en la revista de estudios de seguridad Prisma, Volumen 5, Número 4, y se reproduce con permiso. Lea el artículo completo aquí.

La Familia Michoacana ejercía un control dominante sombre algunas comunidades. El grupo vigilaba las entradas y salidas de ciudades y pueblos, permitiendo o negando el paso a cualquiera que intentara cruzar, a veces extorsionando a las personas. Esta organización, que mezclaba creencias religiosas y rituales bajo un manto de culto, también estableció “tribunales” y procedimientos de “resolución de conflictos” para los residentes en las áreas bajo su influencia. De hecho, algunos habitantes de Tierra Caliente y Morelia (Michoacán), me dijeron en la primavera de 2011 que preferían los tribunales de La Familia Michoacana a la justicia estatal formal. Otros se sentían aterrados, pues creían que el grupo tenía “halcones” (vigilantes e informantes) por todas partes. Habían penetrado profundamente en alcaldías, consejos municipales y las policías locales, y podían atacar a cualquier persona. Pero La Familia Michoacana también tuvo que luchar contra otros grupos criminales para defender su territorio, como Los Zetas, un súper violento grupo en expansión, así como rivales menores, como el Cartel del Milenio. Con el tiempo, la acción de gobierno, junto con los ataques de sus rivales, aceleraron la desaparición de La Familia.

Durante el gobierno de Calderón, Michoacán se convirtió en una de las primeras zonas donde se desplegó el ejército mexicano para combatir a los grupos criminales. Como en otros lugares de México, una de las misiones principales del ejército consistió en respaldar, y en algunos casos incluso reemplazar, a las policías municipales de Michoacán, que normalmente carecían de entrenamiento y recursos, eran profundamente corruptas y estaban apabulladas por el crimen organizado.

Es importante resaltar que la nueva estrategia de policía militar —que consistía en ir tras objetivos clave y establecer requisas en puestos de control fijos— no logró restaurar la autoridad del Estado o, más precisamente, no logró ampliar su control. Sin embargo, la estrategia de ir tras objetivos clave se concentró en capturar a muchos de los principales líderes de La Familia Michoacana, al punto que, en la primavera de 2011, Los Pinos (residencia del presidente mexicano) declaró que La Familia Michoacana estaba desmantelada.

Para entonces, las milicias estaban arrestando personas acusándolas de trabajar para Los Templarios y otros grupos criminales, llevaban a cabo sus propios juicios y dictaban sentencias.

Sin embargo, en pocas semanas surgió un nuevo grupo criminal, Los Caballeros Templarios, el cual asumió el control de los mercados ilegales e informales de Michoacán que La Familia solía controlar. Aunque se presentaban a sí mismos como un grupo de autodefensas que buscaba proteger a los residentes de Michoacán y eliminar el crimen organizado de la zona, Los Templarios pronto comenzaron a comportarse como la misma plaga que ellos pretendían erradicar. De una manera incluso más agresiva que La Familia Michoacana, extorsionaban a los negocios legales, informales e ilegales. Además de secuestrar a los familiares de negociantes ricos, también les exigían pagos de extorsión a los cultivadores de aguacate y a las empresas madereras y expandieron su actividad extorsiva a la industria de extracción y transporte de hierro a través del puerto Lázaro Cárdenas, el principal puerto y centro económico de Michoacán. En marzo de 2014, el enviado especial del gobierno mexicano para restablecer el estado de derecho en Michoacán, Alfredo Castillo, afirmó que Los Templarios ganaban más dinero extorsionando las operaciones de extracción, procesamiento y transporte de hierro que del narcotráfico u otro tipo de extorsiones.

Independientemente de la exactitud de esta apreciación sobre la cartera financiera del cartel, Los Templarios, explotando su presencia territorial y su temida reputación, lograron convertirse en una mafia multifacética con participación en muchos negocios ilegales en el estado y en la extorsión generalizada.

Las milicias pululan… también en Guerrero

En la primavera de 2014, Los Templarios eran la autoridad más temida en la zona. A pesar de que supuestamente surgieron como reacción a los abusos y excesos de La Familia Michoacana, Los Templarios también se sobrepasaron en sus exigencias de pagos de extorsión y de obediencia a ellos y desencadenaron una violenta reacción. Como resultado de esta violencia, comenzaron a formarse milicias anti-Templarios en los campos de Michoacán incluso antes de que la influencia del grupo llegara a sus niveles más altos.

Los grupos de autodefensa contra el crimen, como los del municipio de Cherán, Michoacán, comenzaron a surgir incluso en 2011, pero el gobierno de Calderón no les prestó mucha atención. Su expansión, su visibilidad y su comportamiento cada vez más cuestionable continuaron creciendo hasta 2013. Para entonces, las milicias estaban arrestando personas acusándolas de trabajar para Los Templarios y otros grupos criminales, llevaban a cabo sus propios juicios y dictaban sentencias. Eran particularmente activas en las ciudades de Tepalcatepec, Buena Vista y La Ruana (Michoacán), donde reunían tantas armas como podían y tomaban el control de las estaciones de policía.

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Cuando los grupos de autodefensa comenzaron a golpear, expulsar y detener no sólo a los policías municipales, sino también a los soldados, la administración del sucesor de Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto, ya no pudo ignorar su crecimiento. Pero incluso la detención de miembros de las milicias que se dedicaban a los peores excesos, como los secuestros de personal de la policía, no parecía disuadirlos.

Las milicias también crecieron en el vecino estado de Guerrero, una de las zonas más violentas de México durante la administración Peña Nieto y hasta la fecha, donde en 2013 había 73,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, en comparación con el promedio nacional de 29,3 por 100.000 ese mismo año. Aunque su tasa de homicidios disminuyó en 2014, Guerrero seguía siendo el segundo estado más violento de México. Innumerables bandas criminales pequeñas, fragmentadas, inestables y altamente violentas surgieron en el estado a raíz de la política del gobierno federal de ir tras objetivos de alto valor de la otrora dominante Organización Beltrán Leyva. Como en Michoacán, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, en el vecino estado de Jalisco, también estaba invadiendo su territorio, provocando violentas batallas.

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El origen y el control de las milicias en Guerrero parecen incluso más turbios que en Michoacán. Algunas de las milicias de autodefensa parecen haber sido penetradas por grupos del crimen organizado, como el Cartel de Jalisco Nueva Generación. De hecho, algunos carteles han comenzado a denominar a sus propios sicarios como grupos de autodefensa y han intentado penetrar y subvertir los grupos de autodefensa existentes. Así mismo, las milicias en Guerrero también han estado íntimamente relacionadas con las llamadas “policías comunitarias”, autorizadas legalmente por la Constitución de México, a las cuales se les permite portar armas de fuego y operan sobre todo en las comunidades indígenas. En la primavera de 2013, había 45 grupos de policía comunitaria en 14 de los 32 estados mexicanos. Por ejemplo, en el municipio de Ocotito, Guerrero, la milicia local, surgida de manera independiente, parece tener la ayuda de la policía comunitaria Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)

Por otra parte, en Guerrero y Michoacán se comenzaron a extender los rumores de que los milicianos también podrían estar tomando la justicia en sus manos de manera más agresiva (por ejemplo, asesinando a quienes ellos consideraran opositores). En efecto, marchaban por la región con ametralladoras, expulsaban o arrestaban a los policías municipales que consideraban incompetentes o corruptos, y bloqueaban carreteras, determinando según su propio criterio quién podía entrar o salir.

Si no puedes vencerlos, únete a ellos

La primera reacción de los altos funcionarios de la administración Peña Nieto consistió en denunciar a las milicias. El presidente, por ejemplo, explícitamente dijo: “Como sea que se denominen estos grupos, la práctica de tomar la justicia en sus propias manos [está] por fuera de la ley y mi gobierno luchará contra ello”. Pero al mismo tiempo, varios funcionarios del estado de Michoacán continuaron insinuando que la existencia de las milicias podría tolerarse. En Guerrero, las contradicciones entre las autoridades estatales y federales y entre las respuestas del estado fueron aún más pronunciadas: por un lado, el Estado les proporcionaba fondos, uniformes y equipos de comunicaciones a las fuerzas de autodefensa, a la vez que detenía a algunos miembros de las milicias. En la primavera de febrero de 2014, dado que una de las milicias de Guerrero tenía sitiadas a algunas poblaciones de las afueras de la capital del estado, Chilpancingo, Ciudad de México envió batallones militares y unidades de policía federal para evitar que ingresaran a la ciudad.

Pero el desmantelamiento de las milicias por la fuerza podría desatar una lucha sangrienta ente ellas y el gobierno federal, en la que cual no se podría contar con la ayuda de las autoridades locales y estatales.

En este proceso, los funcionarios federales se dieron cuenta de que acabar con las milicias no era una tarea fácil. Negociar con las milicias para lograr su desarme resultó especialmente difícil, dado que los milicianos sostenían que serían objeto de represalias y sólo se desarmarían una vez las bandas criminales, incluyendo a los principales líderes de Los Templarios, fueran detenidos. Pero el desmantelamiento de las milicias por la fuerza podría desatar una lucha sangrienta ente ellas y el gobierno federal, en la que cual no se podría contar con la ayuda de las autoridades locales y estatales. Después de todo, según los milicianos, ellos sólo se estaban defendiendo a sí mismos y a sus familias y comunidades contra la brutalidad de los grupos criminales, ya que el Estado no había podido hacerlo, lo que de hecho era a menudo el caso.

El despliegue de las fuerzas armadas mexicanas en Guerrero y Michoacán, que el presidente Peña Nieto aumentó en un 50 por ciento a principios de 2013, no logró disminuir la formación, la propagación ni los abusos de las milicias. A finales de 2013, éstas tenían presencia en 47 de los 113 municipios de Michoacán. En el vecino estado de Guerrero, en la primavera de 2014 operaban en más de la mitad de los 81 municipios del estado. En áreas que solían ser enclaves de los Templarios en Michoacán, como Apatzingán, se presentaron dramáticos enfrentamientos entre los Templarios y las autodefensas.

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Las autodefensas establecieron puestos de control en otras partes. En enero de 2014, grupos de autodefensa se tomaron el edificio municipal de Parácuaro y bloquearon los puntos de entrada a la ciudad, provocando una batalla con Los Templarios, hasta que la policía federal logró negociar su propia entrada. Las milicias también tomaron el control de un pueblo cercano: La Huerta. En algunas partes de Michoacán, la policía federal comenzó a operar los puntos de control en conjunto con las fuerzas de autodefensa. Los miembros de las milicias se contaban por miles —según algunos informes, llegaban incluso a 20.000—, aunque no se realizaron conteos confiables, y a las milicias les gustaba exagerar acerca de su poder. Con el fin de darle cabida a la insistencia de las milicias de que sólo detendrían sus acciones si el gobierno arrestaba a los líderes de Los Templarios, el gobierno realizó una serie de redadas en Michoacán y durante varios meses capturó a importantes líderes de Los Templarios.

Cuando un importante líder de Los Templarios, conocido como “El Tío”, fue detenido en enero de 2014, el ministro del Interior de México, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el gobierno había llegado a un acuerdo con los grupos para incorporarlos a un nuevo organismo de seguridad del Estado conocido como el “Cuerpo de Defensa Rural”. El acuerdo especificaba que dicho organismo sería temporal y requería que los líderes milicianos le proporcionaran al gobierno un registro de sus miembros.

Aunque no era lo más deseable, el concepto de Cuerpo de Defensa Rural fue el mal menor con el que disponía el gobierno en ese momento.

Establecer un límite de tiempo para la existencia de las milicias era una disposición muy apropiada, dado que desmantelar cualquier autodefensa no oficial y extralegal, aunque tenga motivos para existir, siempre debe ser la posición de un Estado que se adhiere a la ley. Aun así, había buenas razones para dudar de la conveniencia del acuerdo. El hecho de que el gobierno no pudo desmantelar a las milicias, y básicamente hizo un trato con ellas, era una clara evidencia de la debilidad del Estado en las zonas rurales de México.

El acuerdo también creó un mal precedente, que indicaba que si uno quería ingresar a la nómina del Estado y tomar la ley por sus propias manos (o cubrir la extorsión y otros delitos de un manto de legitimidad), lo único que debía hacer era conformar una milicia de autodefensa. Había además buenas razones para dudar de la exactitud del registro de miembros que los líderes milicianos le entregaban al Estado y de la capacidad de este último para hacer su nueva evaluación independiente de los miembros de las milicias. Por otra parte, no era claro qué tan comprometidas estaban las milicias con el acuerdo: un importante líder miliciano, el doctor José Manuel Mireles, no estaba entre los que lo firmaron, y otro grupo de milicianos de la zona de La Ruana no sólo estaba ausente, sino que además ocupó el edificio del gobierno municipal de Peribán ese mismo día. En Guerrero, las milicias rechazaron un acuerdo similar para convertirse en una fuerza de defensa rural oficial, alegando que no creían que el gobierno federal de México estuviera verdaderamente decidido a luchar contra los grupos criminales.

Aunque no estuvo exento de problemas, el acuerdo de formar el Cuerpo de Defensa Rural fue claramente mejor que la anterior política de permitir que las milicias actuaran libremente y sin moderación. Aunque no era lo más deseable, el concepto de Cuerpo de Defensa Rural fue el mal menor con el que disponía el gobierno en ese momento. Fue sólo cuestión de tiempo antes de que las milicias, no supervisadas, comenzaran a atacar a las comunidades locales, considerando criminales a todos aquellos que se les interpusieran, atribuyéndose la “justicia” a sí mismas, y deteriorando aún más los ya pobres vínculos entre el Estado y la población. Y no es descabellado imaginar que pudieron estar tentadas a incursionar en algunos mercados ilícitos.

De hecho, tales problemas en torno a las milicias y su rápida incursión en el bandidaje quedaron al descubierto sólo unas semanas después de que se firmó el acuerdo. A mediados de marzo de 2014, las autoridades mexicanas arrestaron a uno de los principales líderes de las milicias, Hipólito Mora, acusándolo del asesinato de dos miembros de una facción miliciana rival en Buenavista Tomatlán. Las autoridades gubernamentales también detuvieron a otros 28 miembros de las milicias, acusándolos de robar y apropiarse de los bienes de supuestos miembros de Los Templarios, como haciendas, tierras y caballos, a la vez que les exigían dinero a los lugareños para devolverles los bienes que habían sido robados por Los Templarios. Al anunciar los arrestos, las autoridades mexicanas insinuaban que no tolerarían a las milicias, ahora que el gobierno había desarrollado redes de inteligencia independientes para perseguir a Los Templarios.

En abril de 2014, otros 100 milicianos fueron detenidos acusados de que de hecho eran criminales (y de que algunos pertenecían a Los Templarios) que se hacían pasar por grupos de autodefensa. Las milicias, incluyendo las de otras facciones, como el grupo de Tepacaltepec liderado por Mireles, señaló que el gobierno los estaba enjuiciando injustamente, que no estaba cumpliendo su parte del acuerdo, y que el gobierno de México aún no podía hacer frente a la seguridad en el centro de México sin la ayuda de las milicias. Otro portavoz de las autodefensas, Estanislao Beltrán, admitió que algunos malos elementos, incluyendo algunos criminales, se habrían infiltrado en las milicias, pero que éstas sanearían sus filas y continuarían operando, aunque preferiblemente con el aval del gobierno.

De este modo, en abril de 2014 el gobierno federal anunció que los grupos de autodefensa habían acordado desarmarse el 10 de mayo —pero esta fecha no se cumplió y las milicias mostraron poco interés en cumplir el acuerdo básico firmado en enero de 2014—. Al mismo tiempo, José Manuel Mireles declaró que los grupos de autodefensa bajo su influencia empezarían a trabajar con las fuerzas federales, en ciudades como Morelia, Uruapán y Lázaro Cárdenas, para acabar con los demás miembros de Los Templarios, incluyendo a sus medios mandos, con lo cual cambiaba los términos del acuerdo y los parámetros de desarme de sus milicias. También dijo que, como parte de un nuevo acuerdo con el gobierno, las autoridades federales acordaron liberar a muchos de los miembros de los grupos de autodefensas detenidos.

El acuerdo entre el gobierno y las milicias comenzó a romperse casi tan pronto como se secó la tinta en el papel. Algunas milicias se unieron a los Cuerpos de Defensa Rural, y recibieron armas, uniformes y salarios por parte del gobierno, mientras que otras continuaron dándole largas al asunto. Durante el resto del año 2014, el gobierno mexicano continuó negociando con las diferentes facciones de las milicias y arrestando a líderes y miembros de algunas de ellas, sólo para liberarlos después. Sin embargo, en diciembre de 2014, la mayoría de las principales facciones de las milicias en Michoacán, incluyendo las de Hipólito Mora y su rival Luis Antonio Torres, conocido como “El Americano”, fueron nominalmente adjuntadas al Cuerpo de Defensa Rural.

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Sin embargo, su presencia nominal en el organismo avalado por el Estado no garantizaba que éste tuviera un adecuado control sobre el comportamiento de las milicias. A mediados de diciembre de 2014, las facciones de Mora y Torres se enfrentaron en un tiroteo sangriento en el municipio de La Ruana, lo que dejó como resultado 11 personas muertas, entre ellas el hijo de Mora. Los líderes Mora y Torres se entregaron a las autoridades del estado y luego fueron acusados de homicidio y secuestro. Sin embargo, como una nueva muestra de la persistente debilidad del sistema de justicia de México y de su incapacidad para enjuiciar efectivamente a los criminales, ambos hombres fueron liberados debido a falta de pruebas y a otras deficiencias judiciales.

Igualmente problemática fue la violencia que se generó entre las facciones de Torres y Mora y una nueva facción de Los Templarios, Los Viagras, que continuó hasta enero de 2015. Fuerzas federales del ejército y la policía también comenzaron a actuar con mayor violencia contra las milicias, lo que incluye un conocido incidente después de que una de las milicias intentara tomarse el ayuntamiento de la ciudad de Apatzingán. Tanto en Michoacán como en Guerrero, la violencia y el surgimiento de las milicias afectaron las elecciones intermedias de México, llevadas a cabo en junio de 2015. En Michoacán, el líder de una milicia, Enrique Hernández, fue asesinado en marzo, mientras hacía campaña por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido de orientación izquierdista. Él había estado tres meses en la cárcel, pero fue liberado por falta de pruebas.

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Conclusiones e implicaciones políticas

De alguna manera, la disposición del gobierno para actuar contra las milicias, incluyendo el arresto y el enjuiciamiento de algunos de sus miembros, ha sido más alentadora que sus otras políticas de lucha contra el crimen. El plan inicial de incorporarlos al Cuerpo de Defensa Rural era el mal menor; sin embargo, el gobierno ha fallado en aplicar efectivamente la política con las milicias. En Guerrero, el gobierno aún no ha logrado convencerlas de firmar ningún acuerdo. Tanto en Michoacán como en Guerrero, muchas de las milicias se han convertido en importantes fuentes de conflicto y abusos, y no han actuado realmente como una fuerza estabilizadora.

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De hecho, el gobierno mexicano necesita perseverar en su voluntad de controlar las milicias diligentemente, enjuiciar a quienes se dedican a crímenes como la extorsión y los homicidios, y aprovechar cualquier oportunidad de hacerlas retroceder y desmantelarlas —incluso si estos esfuerzos no han dado sus frutos hasta ahora—. Asociarse con las milicias podría parecer una opción seductora en el corto plazo en un momento de crisis, pero en el largo plazo genera problemas para la seguridad, el Estado de derecho y la legitimidad del Estado, sea que se trate de México, Colombia o Afganistán.

Dado que la lucha de México contra la criminalidad no se trata sólo de definir quién tiene el control y el poder en el mundo criminal, sino de la cobertura y la extensión del Estado de derecho y la rendición de cuentas en México, cualquier reconocimiento oficial de las milicias contradice fundamentalmente ese proyecto.

Desde una perspectiva política, los resultados más sobresalientes son los siguientes:

  • En México, las milicias no parecían estar inclinadas a abusar de las comunidades locales y rivales cuando surgieron espontáneamente en sus comunidades, incluso frente a una fuerza externa especialmente agresiva, representada por los grupos criminales externos, y si no había grandes rupturas y conflictos en las comunidades donde se originaron.
  • Sin embargo, aun así, a menudo las estructuras comunitarias locales no han podido (o no han estado dispuestas a) frenar el accionar de las milicias.
  • En ausencia de la supervisión efectiva y el apoyo de fuerzas oficiales sólidas, como fuerzas militares o de policía nacionales o extranjeras, las milicias mexicanas pronto comenzaron a recurrir a la violencia y los abusos, independientemente de sus motivaciones y justificaciones iniciales.
  • Bajo la administración del presidente Peña Nieto, el gobierno federal mexicano ha hecho esfuerzos por regularizar las milicias, lo que incluye incorporarlas a estructuras policiales oficiales, creadas ad hoc y supuestamente de manera temporal. El gobierno también ha definido límites sobre el tipo de actividad en el que las milicias pueden participar, y estableció algunos procedimientos de control de sus miembros. Pero no ha logrado implementar y hacer cumplir estas reglas oficiales. Aunque el gobierno mexicano ha estado dispuesto a acusar y arrestar a los líderes de las milicias por los abusos perpetrados por sus unidades, como asesinatos, secuestros y extorsiones, el ineficaz procesamiento de estos crímenes ha desvirtuado en gran medida sus esfuerzos.
  • Independientemente de sus orígenes y motivaciones, el surgimiento de las milicias cambia profundamente la balanza de los poderes locales. En consecuencia, tanto los actores locales como los externos buscan absorber a las milicias o bien establecer grupos rivales. En México, incluso aunque los milicianos surgieron como oposición a la violencia y las extorsiones de los grupos criminales, los carteles intentaron apoderarse de ellos o bien establecer milicias “rivales”.
  • Este debate por el control y el establecimiento de las milicias también estuvo presente en las estructuras del gobierno: en cuanto a las milicias, los funcionarios oficiales del nivel municipal y estatal solían tener políticas directamente contradictorias a las del gobierno federal. En resumen, aunque la formación de las milicias pudo haberse originado como un problema local, los efectos que tuvieron las milicias sobre la seguridad y las políticas no se limitaron a las poblaciones pequeñas. Los equilibrios de poder que llegaron a afectar fueron mucho mayores, como lo fueron los efectos subsiguientes. Independientemente de sus motivaciones y sus mecanismos de control, las milicias tienen una fuerte tendencia al bandidaje y pueden ser fácilmente absorbidos por aquellos a quienes pretenden combatir. En definitiva, el aumento y la propagación de las milicias disminuyen la legitimidad y el poder del Estado.

* Este es un fragmento de un artículo publicado originalmente por Center for Complex Operations en la revista de estudios de seguridad Prisma, Volumen 5, Número 4, y se reproduce con permiso. Lea el artículo completo aquí.

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