Una serie de revelaciones sobre cómo las milicias en Rio de Janeiro están lavando grandes cantidades de dinero mediante inmuebles ilegales arroja una luz sobre la impunidad con la que operan estos grupos y la protección que reciben del Estado.
El 12 de abril, dos edificios residenciales colapsaron en la comunidad de Muzema en Rio de Janeiro, dejando al menos cuatro muertos. Un operativo policial pronto reveló que las edificaciones habían sido construidas ilegalmente, sin aprobación de las autoridades. En una declaración, el gobierno local señalaba que la zona de Muzema está controlada por micilianos y que es difícil el acceso de funcionarios de gobierno.
Una investigación posterior reveló que una de las milicias más notorias de Rio, la Oficina del Crimen (Escritório do Crime) había financiado la construcción de varios de esos edificios, y vendido apartamentos ilegales por miles de dólares.
La Oficina del Crimen, conformada por agentes de policía activos y en retiro que también actúan como sicarios, ha acaparado titulares en las últimas semanas por su responsabilidad en el asesinato de la diputada Marielle Franco en 2018.
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Esta es solo una nueva revelación sobre cómo las milicias dominan el mercado de propiedad raíz ilegal en la segunda mayor ciudad de Brasil. En febrero, una redada desalojó a milicianos de 36 viviendas del programa social Mi casa, mi vida (Minha Casa, Minha Vida), de las cuales se habían apoderado, y que tenían ilegalmente a la venta o en alquiler.
En abril de 2018, se descubrió que las milicias estaban construyendo ilegalmente bloques de apartamentos ‘de lujo’ de hasta diez pisos de altura al oeste de Rio de Janeiro, algunos de ellos en zonas de protección ambiental.
Análisis de InSight Crime
Estas construcciones ilegales pueden parecer legítimas desde fuera, pero no hay rastro de ellas en el registro inmobiliario de la ciudad, y ni los ‘dueños’ ni los ‘inquilinos’ pagan agua o electricidad, pues simplemente la roban de la infraestructura existente.
Aunque tales niveles de corrupción no sorprenden en el Brasil actual, la impunidad con la que operan las milicias es particularmente desvergonzada. En enero, se llevó a cabo un operativo denominado “Los intocables” (Os Intocáveis), para arrestar a miembros claves de la milicia. Se hicieron cinco arrestos y se entregaron a la Interpol las descripciones de algunos fugitivos.
Sin embargo, esta parece una reacción aislada por parte del gobierno, no una campaña a largo plazo. Muzema, donde los edificios cayeron en abril, fue uno de los barrios que se intervendrían en el operativo de enero.
Las milicias de Rio de Janeiro mantienen estrechos vínculos con el poder, de los cuales siguen recibiendo protección, al menos desde la década de 2000, cuando fueron aclamados como salvadores por varios políticos, por su labor en la pacificación de zonas que habían estado propensas a la delincuencia.
Pero estos grupos, muchas veces conformados por agentes de policía activos y en retiro, se han convertido desde entonces en parte consolidada del panorama criminal, y se los culpa principalmente de un número creciente de ejecuciones extrajudiciales.
Hoy, milicias como la Oficina del Crimen actúan de manera muy similar a las pandillas cuya desarticulación fue supuestamente lo que las llevó a organizarse. Más de 65 por ciento de las llamadas hechas por la población brasileña por medio de Disque Denúncia (línea telefónica para presentar denuncias anónimas sobre el crimen) tiene que ver con actividades que involucran a las milicias, según una investigación de The Intercept.
Ellos controlan amplias zonas de la parte metropolitana de Rio de Janeiro, y se estima que en las zonas que controlan viven cerca de 2 millones de personas, según Nexo. Estos grupos también han amasado una inmensa riqueza con la extorsión y el monopolio de ventas ilegales de gas, acceso a Internet, transporte, minería e incluso robo de combustible; parte de este dinero se destina a inversión en propiedad raíz ilegal.
Aunque casos como el de Marielle Franco han permitido entender la naturaleza insidiosa de estos grupos, es común que las milicias sigan beneficiándose de la “propaganda positiva”, que obtuvieron al ayudar al gobierno a pacificar las favelas.
Aunque no sea la típica economía criminal subterránea, el negocio inmobiliario ilegal podría ser el objetivo de iniciativas más amplias para hacerlo entrar en cintura, pero con las conexiones existentes entre milicianos y los escalones más altos del poder, ese podría no ser el caso.
Para citar al sociólogo brasileño José Claúdio Souza Alves, “en Rio de Janeiro, las milicias no son un poder paralelo. Son el Estado”.
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