El gasto de México en material de defensa —gran parte del cual está destinado a la lucha contra el crimen organizado—, mediante un programa de ayuda militar de Estados Unidos, alcanzó altísimos niveles el año pasado, lo cual ha generado dudas sobre la voluntad del gobierno mexicano de reducir la militarización de la guerra contra las drogas en el país.
El 12 de marzo, en una audiencia del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, William Gortney, almirante de la marina de guerra y alto comandante del comando norte de Estados Unidos, declaró que México gastó más de mil millones de dólares en equipamiento militar durante el año pasado, a través del programa de Ventas Militares Extranjeras de Estados Unidos (FMS por sus iniciales en inglés).
Según Gortney, esta cifra representa un aumento de cien veces más con respecto a años anteriores; hasta el año pasado, México adquiría equipos militares de Estados Unidos principalmente a través de ventas comerciales directas. Este aumento en las ventas militares a través del programa FMS cumplió un papel clave en lo que Gortney denominó "un hito histórico en las relaciones de seguridad [de Estados Unidos] con México".
Muchas de las compras de México a través de la FMS están destinadas a fortalecer los esfuerzos de interceptación de drogas. En mayo de 2014, Estados Unidos le vendió provisionalmente a México 2.000 Humvees (vehículo militar multipropósito), por un valor de US$245 millones, para ser utilizados en la lucha contra las organizaciones narcotraficantes, informó el Congreso Norteamericano sobre América Latina (NACLA por sus iniciales en inglés). Justo la semana pasada, Estados Unidos acordó vender tres helicópteros Blackhawk por US$110 millones, para ser utilizados por los militares mexicanos en operaciones antidrogas. Esta compra se realizó menos de un año después de que México dispusiera agregar 18 Blackhawks a su flota de helicópteros.
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Según la página web de la Agencia de Defensa para la Seguridad y la Cooperación, el FMS es un programa de ayuda en seguridad, mediante el cual Estados Unidos vende equipos y servicios de defensa "a otros países y a organizaciones internacionales cuando el presidente considera formalmente que ello permitirá reforzar la seguridad de Estados Unidos y promoverá la paz mundial".
Análisis de InSight Crime
El enorme incremento en compras al FMS sugiere que México continuará recurriendo de manera excesiva a las fuerzas de seguridad militarizadas, en su llamada guerra contra las drogas. Sarah Kinosian, investigadora principal para Latinoamérica en el Centro Internacional de Políticas, le dijo a InSight Crime que el incremento en la venta de armas del FMS es "una indicación de que la militarización de la guerra contra las drogas [en México] llegó para quedarse".
Datos recientes sobre ventas comerciales directas (la otra vía por la cual México le compra armas a Estados Unidos) proporcionan indicios adicionales de la continua militarización del país. Después de que las ventas comerciales directas se triplicaron entre 2011 y 2012, pasando de menos de US$400.000 a más de US$1,2 billones, el gasto se mantuvo por encima de US$1 billón en 2013, primer año del mandato del presidente Enrique Peña Nieto. (La información sobre ventas comerciales directas en 2014 todavía no ha sido divulgada).
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La militarización continua es un panorama inquietante, considerando que los grupos de vigilancia de derechos humanos han vinculado el refuerzo militar de México durante la administración del expresidente Felipe Calderón a un marcado aumento en los reportes sobre tortura y abusos por parte del personal de seguridad. Aunque el ejército ha dicho que los reportes de abusos están disminuyendo, otras evidencias sugieren que las autoridades buscan imponerse mediante violaciones de derechos humanos (como la masacre de al menos 15 personas por parte del ejército el año pasado y las recientes revelaciones de que el ejército sabía de los ataques de la policía contra los estudiantes inconformes en Guerrero, y sin embargo no hizo nada).
El reciente derroche en gasto militar también es decepcionante dados los anuncios del presidente Peña Nieto con respecto al manejo de la seguridad. Después de asumir el cargo en diciembre de 2012, Peña Nieto retiró el ejército de algunas partes del país y señaló que su gobierno tiene la intención de reducir aún más el papel del ejército en la seguridad nacional, mediante la implementación de una unidad policial especializada, conocida como gendarmería. En la práctica, sin embargo, el enfoque de seguridad de Peña Nieto sólo se diferenció levemente del de su predecesor, y la gendarmería ha sido reducida drásticamente.
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