Luchando por contener el rápido crecimiento de las milicias de autodefensa, que amenazan con protagonizar enfrentamientos armados con los poderosos grupos criminales, el gobierno federal de México ha negociado la contratación de un comandante de las fuerzas especiales del ejército, como zar de la seguridad pública, en el estado central de Michoacán.
El nombramiento, el jueves pasado, del brigadier general Alberto Reyes, parece burlarse de la intención del Presidente Enrique Peña Nieto de suavizar la campaña militar contra el crimen, iniciada por su predecesor, Felipe Calderón. El gobernador del violento estado de Guerrero, vecino de Michoacán en la costa Pacífica de México y el cual enfrenta a sus propias amenazas de la mafia y las autodefensas, nombró esta semana a un almirante de la armada como cabeza de las fuerzas de seguridad del estado.
""Habremos de definir con claridad las estrategias, iremos con toda la fuerza del estado mexicano a darle protección a los (…) municipios que tienen problemas muy serios en cuanto a seguridad", dijo en entrevista televisada Miguel Ángel Osorio, Secretario de Gobernación, y agregó que el general designado tendría el control sobre las fuerzas locales, estatales y federales en Michoacán. "(…) yo estoy convencido que en el muy corto tiempo habremos de recuperar poco a poco los espacios, que digámoslo así, se han ido perdiendo."
Calderón dijo casi que lo mismo la primera vez que envió tropas a Michoacán, su estado natal, poco tiempo después de asumir el mandato en diciembre de 2006. El despliegue desató batallas campales en varios frentes, entre grupos criminales y las fuerzas de seguridad que continúan en gran parte del norte de México y a lo largo de ambas costas, hasta hoy en día.
Michoacán, hogar de la Familia Michoacana y su antagónico descendiente, los Caballeros Templarios, sigue siendo uno de los lugares más inseguros de México. Las llamadas fuerzas de policía comunitaria, supuestamente compuestas por voluntarios, aunque algunos de ellos están armados con armas de asalto ilegales, han surgido en muchas comunidades en los últimos meses.
Los líderes de los Caballeros Templarios han acusado a las milicias de autodefensas de trabajar para sus rivales, el Cartel Jalisco - Nueva Generación, que está alineado con la Federación de Sinaloa de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Las milicias, a su vez, han tenido como blanco a las policías municipales y los alcaldes, acusándolos de trabajar para los Caballeros.
Pese a su participación en el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, tanto la Familia Michoacana como los Caballeros Templarios siempre se han definido a sí mismos como una especie de “Robin Hood”, con la promesa de proteger a los residentes del estado en contra de los grupos externos y otras amenazas.
La situación de seguridad ha empeorado en las últimas semanas desde que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, miembro del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ganó el cargo el año pasado, tomó una licencia para hacer frente a unos problemas de salud no revelados que requerían de cirugía.
Los soldados se apresuraron el jueves para cerrar el acceso de las autodefensas a la ciudad de Coalcomán, en las "zonas calientes" de Michoacán, a medida que unos 300 voluntarios supuestamente se reunieron en la plaza central. Se registraron enfrentamientos entre algunas milicias y las fuerzas de seguridad, aunque no hubo indicios de víctimas.
Análisis de InSight Crime
Los presidentes de México han ido militarizando, cada vez más, la lucha contra el crimen organizado desde mediados de los años noventa, cuando el Presidente Ernesto Zedillo nombró posiciones clave de procuradores generales y gran parte de la policía federal uniformada recién creada con soldados.
Aunque Michoacán y Guerrero son particularmente problemáticos actualmente, soldados e infantes de marina han sido enviados a muchos rincones de México, en los últimos seis años, a medida que la violencia ha persistido. En ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Veracruz e incluso en la sofisticada Monterrey, se le ha dado el control de las fuerzas policiales a oficiales militares activos o jubilados recientemente.
No obstante, la fuerte dependencia en las tropas o fuerzas militares, para que asuman el control de las fuerzas de la policía a nivel local, estatal y federal, contradice los públicos intentos de Peña Nieto para retratar la crisis de seguridad de México como una situación que se encuentra en recuperación.
Hasta la fecha, la estrategia en curso de Peña Nieto, que recientemente dijo que sólo podría ser juzgada después de un año más, ha sido traer al ejército y la armada - con la cual la fuerza pública y asesores de seguridad estadounidenses trabajan directamente - bajo el control estricto de la Secretaría de Gobernación de Osorio.
Este mes, la secretaría comienza el despliegue de un programa nacional de servicios sociales destinados a aliviar la pobreza, la cual alimenta a las filas de las mafias. Y una fuerza policial militarizada de 10.000 hombres, que será compuesta por soldados e infantes de marina transferidos, se formará este verano para luego desplegarse en algunas de las partes más peligrosas de México.
Pero tales medidas, y la creación de fuerzas de policía capaces de enfrentarse a los grupos, tomarán años para dar frutos. Mientras tanto, Peña Nieto encontrará en los militares su mejor y, quizás, única opción, como le sucedió a Calderón.
Las incursiones de las fuerzas especiales del ejército y la armada, apoyadas por Estados Unidos, en contra de objetivos prioritarios han, aparentemente, cesado. Pero las tropas siguen patrullando y enfrentándose, con suficiente frecuencia, con los grupos criminales.
"(…) no hemos diferenciado las cosas (…)" dijo a periodistas en Durango el general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa. "(…) lo que evitamos es el enfrentamiento con delincuentes en donde hay personas que no tienen que ver con el problema, esto hace que nos veamos un poco menos pero somos los mismos y estamos dando resultados."
La Secretaría de la Defensa ha anunciado esta semana que los soldados han arrestado a casi 3.500 presuntos criminales desde que Peña Nieto asumió su mandato. La secretaría no dio a conocer el número de pandilleros asesinados por soldados o los soldados heridos.
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