Un prominente activista mexicano que ahora ocupa un cargo oficial llamó la atención recientemente sobre los vínculos entre el crimen organizado y la industria de la explotación minera en el país, prendiendo una alarma que ha hecho más ruido en los últimos años.
En un evento público a principios de septiembre, enfocado sobre todo en el conflicto de Chiapas en 1994, Jaime Martínez Veloz, jefe de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, y consumado activista, culpó a la industria minera de México de fortalecer al crimen organizado.
La comisión a la que pertenece Martínez Veloz, adscrita al Ministerio del Interior, le ha dado prioridad al tema de los daños que la industria minera le puede causar a las comunidades indígenas de México. En 2014 publicó un informe en el que se denuncia la extensión de decenas de miles de concesiones mineras en los últimos 20 años, lo que amenaza a muchas comunidades rurales que viven cerca de las explotaciones.
Sin embargo, la atención que Martínez Veloz le ha prestado al peligro de los vínculos de la industria minera con el crimen organizado es más reciente, y hace parte de un grupo de voces cada vez mayor; funcionarios del gobierno, activistas e investigadores han notado con alarma el creciente control que tienen grupos como Los Zetas y Los Caballeros Templarios en los intereses mineros de México.
Por ejemplo, en un extenso informe (pdf) publicado en el mes de abril por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, se describe la evolución de dicho fenómeno en México y en otros países latinoamericanos. Los autores estiman que el 9 por ciento de la multimillonaria industria del oro mexicana es el resultado de la producción ilegal, y que la minería en cinco estados diferentes: Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, es controlada por los grupos criminales.
La influencia criminal en las minas asume diversas formas. A menudo, las bandas cobran extorsiones a los operadores mineros locales y multinacionales a cambio de permitirles trabajar en sus concesiones. En otros casos, los grupos criminales toman el control total de una operación minera, usándola como fuente de ingresos y como un mecanismo para el lavado de dinero. Entre los grupos que al parecer dependen de la minería se encuentran las grandes organizaciones que operan a nivel nacional, como el Cartel de Sinaloa y Los Zetas, así como otras organizaciones más regionales, como los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y Los Rojos.
Con mayor frecuencia se sabe de ejemplos concretos de los crecientes vínculos entre mineros legales y grupos criminales. En 2015, el propietario minero Rob McEwen le dijo a Associated Press que admitía haber hecho tratos con grupos criminales de Sinaloa después de una de sus operaciones mineras sufrió un robo. En 2014, el dueño de una mina de carbón en Coahuila, de quien se sospechaba que lavaba dinero de Los Zetas mediante sus empresas, fue asesinado a la salida de su casa.
Análisis de InSight Crime
En gran parte de Latinoamérica se ha presentado desde hace mucho tiempo el fenómeno de la confluencia entre los grupos criminales y la industria minera. Según el mencionado informe de Iniciativa Global, la minería ilegal de oro representa el 77, 80 y 91 por ciento, respectivamente, de la producción nacional en Ecuador, Colombia y Venezuela. La extracción de otros recursos naturales, como las esmeraldas en Colombia, también está invadida por la criminalidad.
La participación de los grupos criminales en la minería se extiende también a otros ámbitos ilegales. En Perú, por ejemplo, los refinados esquemas de lavado de dinero para administrar miles de millones de ganancias procedentes de la explotación ilegal de oro también pueden utilizarse para lavar el dinero obtenido en el comercio de cocaína.
Pero si bien hay abundante evidencia sobre la actividad del crimen organizado en las industrias mineras latinoamericanas en los últimos cinco años, este es un fenómeno reciente en México. Esto hace parte de una mayor diversificación de las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales mexicanas en los últimos años. Como InSight Crime lo ha observado en muchas otras ocasiones, tanto organizaciones antiguas como el Cartel de Sinaloa, como nuevos grupos regionales, han expandido sus actividades tradicionales en el tráfico de drogas. Ahora participan activamente en la extorsión —que, en consecuencia, también se refleja en sus incursiones en la minería—, así como en el secuestro, el tráfico de personas y muchas otras actividades criminales.
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La participación criminal en la industria de la explotación minera mexicana es una pequeña parte de esta dinámica, y de hecho es sólo una parte de la creciente participación de los grupos criminales en la extracción de recursos. Los grupos de todo el país han desarrollado un mercado a nivel nacional e internacional con el petróleo y el gas robados a la estatal petrolera Pemex. En Lázaro Cárdenas, la ciudad puerto de Michoacán donde los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana han reinado por mucho tiempo, el asesinato de un ejecutivo de la industria local del acero, al parecer porque a sus empleadores de una compañía multinacional les estaban exigiendo el pago de extorsiones, ocupó los titulares internacionales en 2014.
Esta reciente situación tiene dos consecuencias negativas importantes: en primer lugar, las organizaciones criminales pueden ser más resilientes debido a que crean nuevas fuentes de ingresos, así como nuevos aliados en la comunidad empresarial, lo cual le dificulta al gobierno desmantelar estas redes ilegales. Y, en segundo lugar, los grupos criminales se involucran cada vez más en la economía mexicana legal, aumentando la ineficiencia y frenando la prosperidad de toda la nación.
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