El yacimiento más grande de oro de Ecuador está en manos del crimen organizado. Armados, más violentos que nunca y sobrepasando ampliamente la capacidad de las autoridades, los grupos criminales controlan la minería ilegal, que deja ganancias de hasta US$500.000 mensuales en este país.
A finales de 2017, mientras las autoridades de la provincia norteña de Imbabura, en Ecuador, se encontraban abriendo una trocha para la construcción de una vía en la parroquia La Merced de Buenos Aires (Urcuquí), una retroexcavadora detectó una veta de oro que expertos indican sería una de las más grandes del continente. En menos de 24 horas casi 700 personas ya estaban explotando ilegalmente el mineral, señaló Henry Troya, entonces viceministro de minas de Ecuador, consultado por InSight Crime.
Pero ese fue solo el comienzo; actualmente según Troya, se estima que en esta zona hacen presencia 3.000 personas, aunque una fuente anónima consultada por InSight Crime señaló la presencia de hasta 10.000. Al conocer de la riqueza del yacimiento, tanto nacionales como extranjeros provenientes de Colombia, Perú, Brasil y Venezuela, llegaron a engrosar la lista de mineros que explotan ilegalmente el recurso. Siguiendo la pista de los mineros y atraídos no solo por el oro sino además por las economías ilegales que confluyen entorno a la minería, también aterrizaron en la parroquia de Buenos Aires estructuras criminales de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), extorsionistas y mafiosos.
El modus operandi de algunos de los mineros consiste en explotar el recurso con maquinaria artesanal, luego convertirlo en polvo y transportarlo por aproximadamente 800 km, hasta la provincia El Oro, al sur, donde el mineral es procesado y legalizado a través de las empresas que ya están instaladas en la zona fronteriza con Perú. Sin embargo, de forma reciente ya se identifican en la zona piscinas o estanques de sedimentación y plantas de beneficio para el procesamiento de este.
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En esta ruta, diariamente se movilizan entre cinco y 10 camiones que reciben hasta US$150.000 por cada viaje. Los camiones son escoltados por vehículos armados y una camioneta, donde va el dinero (US$150.000) que las organizaciones ilegales pagan a las autoridades para permitir el paso, según una fuente consultada por InSight Crime en Ecuador. Destaca que entre los vehículos utilizados se encontró un camión de las Fuerzas Militares ecuatorianas cargado con material minero.
Las autoridades llegaron a Buenos Aires desde finales de 2017, en ese momento, a través de varios análisis preliminares identificaron que algunos de los mineros estaban fuertemente armados y tenían amplio control de la zona. Con esa información, concluyeron que su intervención podría haber terminado en por lo menos cinco días de enfrentamientos bélicos a gran escala y que adicionalmente requerirían más tres meses de patrullajes para poder retomar el control total de la zona. Por estas razones decidieron “abortar” los operativos.
No obstante, el 17 de enero de este año, las autoridades realizaron uno de los operativos más grandes en contra de la minería ilegal. Durante la “Operación Mega avalancha 2 brillante amanecer”, estas reportaron la incautación de seis armas de fuego, municiones, explosivos, US$5.000 y 31 toneladas de material aurífero. Además de haber allanado 15 viviendas y capturado a 22 personas, entre ellos dos colombianos, quienes a los pocos días recuperaron su libertad y posiblemente habrían retornado a la mina.
Análisis de InSight Crime
Aunque no se trata de la primera vez que la “fiebre del oro” toma una de las provincias de Ecuador, es novedosa la intervención visible de estructuras de crimen organizado y bandas armadas en este negocio en ese país.
Buenos Aires sería el tercer foco de minería ilegal en la historia de Ecuador, antecedido por los registrados entre 1970-1990, en Nambija, provincia de Zamora, y otro registrado entre Machala y Zaruma-Portovelo, en la provincia de El Oro. Mientras que en ambos casos fueron mafias “locales” las que se encargaron de la explotación de los recursos, en esta ocasión es la primera vez que se registra la participación de estructuras de crimen organizado transnacional en esta actividad en Ecuador.
La situación supera de forma abrumadora las capacidades de las autoridades debido a la convergencia tanto de mineros ilegales como de estructuras de crimen organizado, quienes se enfrentan a las autoridades para “proteger” esta importante fuente de ingresos. Los operativos adelantados tanto por la Policía, como por la Gobernación y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) siguen siendo insuficientes para contrarrestar el número creciente tanto de mineros y de armas que circulan en la zona.
Por otra parte, según una de las fuentes consultadas por InSight Crime, también existen fuerzas políticas, posiblemente beneficiadas por la explotación ilegal, que no estarían interesadas en que se produzcan los operativos necesarios para desmantelar las estructuras dedicadas a estas actividades ilegales.
Un alto funcionario de la policía ecuatoriana, bajo condición de anonimato, indicó que en Buenos Aires hace presencia el Frente Oliver Sinisterra (FOS), de las disidencias de las FARC, que no solo estaría “invirtiendo” en las minas, sino también estaría cobrando extorsiones. Además del FOS, el funcionario indicó que hay dos grupos criminales comandados por alias “Javier” y “Perico”, quienes se encargan de controlar el territorio y de extorsionar desde a las personas encargadas de filtrar el ingreso a las minas hasta a los dueños de los comedores a donde asisten los mineros. Al parecer los altos ingresos derivados de dichas actividades serían la principal causa de las disputas entre ambas bandas por el territorio y la razón del asesinato de un minero colombiano hace un mes, entre otras muertes.
A pesar de que en la provincia de Buenos Aires se evidencia la existencia de una relación fuerte entre la minera ilegal y la presencia grupos de crimen organizado, este no es un único caso. InSight Crime tiene conocimiento de que organizaciones como el FOS tendrían influencia sobre las actividades mineras que se desarrollan en otras provincias fronterizas de Esmeraldas y Carchi, en las parroquias de San Lorenzo y Tobar Donoso respectivamente, situación que indicaría que las dimensiónes de la influencia del crimen organizado en estas actividades podría ser mucho mayor en Ecuador.
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