El reciente retiro de 20 policías asignados a la CICIG ha dejado en evidencia que el Ministerio de Gobernación de Guatemala se ha convertido en el instrumento preferido del presidente para intentar cortar las alas de la institución que lucha contra la impunidad y la corrupción en el país.
El 4 de Julio, el Ministerio de Gobernación ordenó el retiro de 20 policías asignados para dar seguridad al personal y a las instalaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los agentes fueron reasignados a labores de seguridad ciudadana.
Esta no fue la primera vez que el gobierno del presidente Jimmy Morales cercenaba la colaboración de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) con la comisión internacional.
En marzo, en los albores de la Semana Santa, la gobernación ordenó el retiro de otros 11 agentes aduciendo que el movimiento era temporal y que obedecía a los requerimientos extra de seguridad durante las vacaciones. Los 11 no regresaron a la CICIG hasta que Iván Velásquez, el comisionado de la CICIG, hizo una exigencia pública al gobierno.
Y hay más. En diciembre de 2017, cuando ya el enfrentamiento entre el presidente y la CICIG y el Ministerio Público (MP) había alcanzado varios picos por las investigaciones que ambas oficinas mantienen activas sobre Morales, el gobierno impidió la llegada de 27 policías entrenados y vetados específicamente para colaborar con la comisión.
En total, desde 2017, el gobierno guatemalteco ha retirado a casi dos tercios de los 75 agentes inicialmente asignados a la CICIG. Los movimientos fortuitos de estos policías han afectado las condiciones de seguridad de la comisión y de su personal guatemalteco y extranjero, como lo ha reclamado Velásquez.
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El declive en la relación entre la administración Morales, a través del Ministerio de Gobernación y la CICIG y el MP quedó también en evidencia a finales de 2017, cuando Morales nombró a Enrique Degenhart, un ministro afín, en reemplazo de Francisco Rivas, un funcionario que había trabajado en colaboración estrecha en varios casos de alto impacto que la comisión y el MP llevaron adelante, incluidas investigaciones al presidente y su círculo cercano.
El ministro Degenhart parece estar buscando cualquier entrada para distanciarse de la CICIG y el MP. A finales de abril pasado, dos agentes asignados a la PNC realizaban diligencias en un condominio de la capital guatemalteca en el que buscaban certificar el domicilio de una empresa relacionada en una investigación. En ese condominio vive el ministro Degenhart, quien aprovechó la casualidad para decir que la CICIG lo estaba investigando y, de paso, retirar a los agentes que realizaron las pesquisas.
La sociedad civil se ha fijado en la actitud del ministro. Tras el retiro más reciente de agentes asignados a la CICIG, el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, una agrupación compuesta por múltiples miembros del sector empresarial, político y la sociedad civil, expresó su “rechazo e indignación” a la decisión de Degenhart, quien en respuesta señaló que consideraba que la comisión contaba con “suficiente” personal de seguridad y dijo que los agentes serían reubicados de acuerdo con un plan de seguridad ciudadana enfocado en la reducción de homicidios.
La ira del gobierno parece abarcar también a los que han colaborado con la CICIG aún después de terminar su mandato. Medios guatemaltecos también han publicado que la Gobernación ordenó modificaciones en el esquema de seguridad asignado a la exfiscal general Thelma Aldana. Aldana, cuyo mandato culminó en mayo, era una de las principales aliadas de CICIG en la persecución penal de las estructuras de corrupción y crimen organizado enquistadas en el Gobierno.
El esquema de seguridad de Aldana, que incluía al menos tres camionetas blindadas y dos pick up que habían sido asignadas a su círculo familiar, fueron remplazadas por vehículos defectuosos, incluyendo uno que no tenía frenos y presentaba fallas en la caja de cambios y en el motor. Según dijo Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos, la exfiscal presentó por medio una carta una denuncia en la que aseguraba que temía por su vida.
El 13 de julio pasado, la PNC informó sobre la captura del agente de la PNC Osmín Ramos, hermano de Nery Ramos, exdirector de la Policía. Según voceros gubernamentales, a Osmín Ramos le encontraron un arma con irregularidades.
Nery Ramos, quien también colaboró con las investigaciones anticorrupción de CICIG y el MP, fue destituido por Degenhart poco tiempo después de que el nuevo ministro asumiera en su cargo. El exdirector policial ha advertido que los agentes que capturaron a su hermano le implantaron el arma.
Ambos Ramos y el exministro de gobernación Rivas han señalado que han sido vigilados por extraños y han dicho que están tomando precauciones.
Análisis de InSight Crime
La llegada de Degenhart a Gobernación fue uno de varios movimientos en el gabinete de Jimmy Morales encaminados a asegurar la lealtad de sus colaboradores en la guerra que el presidente parece haber abierto contra la CICIG en agosto de 2017, cuando la comisión y el MP anunciaron cargos contra él y su partido por financimiento ilícito de su campaña presidencial.
Además del ministro Rivas, salió del gobierno Juan Solórzano Foppa, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cuyo apoyo fue clave para llevar a buen puerto investigaciones a empresarios y a otros funcionarios cercanos al presidente.
Kamilo Rivera fue otro de los que llegó al gabinete, como viceministro de Degenhart. Una de sus primeras acciones al llegar a Gobernación fue ordenar a la policía que cualquier diligencia solicitada por el MP o la CICIG, y en especial por la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), debían de ser aprobadas primero por él, según dijo a InSight Crime una fuente de la Fiscalía guatemalteca, bajo condición de anonimato por razones de seguridad. Eso, aseguró la fuente, ya implicó fugas de información a sospechosos de cometer delitos y a medios afines a grupos políticos que también son objeto de investigaciones de la comisión y la fiscalía.
A la arremetida del gobierno de Morales contra la CICIG a través del Ministerio de Gobernación hay que sumar, también, las gestiones de la cancillería guatemalteca para debilitar a la comisión y la lucha anticorrupción en Guatemala.
Sandra Jovel, la canciller de Morales, inició su gestión en agosto de 2017 firmando una declaratoria de persona non-grata contra Iván Velásquez, el jefe de la CICIG, y según fuentes diplomáticas consultadas en Washington y en la capital guatemalteca, coordina en Estados Unidos el cabildeo para debilitar a la comisión. La próxima fecha clave en este pulso llegará el próximo 18 de septiembre, cuando venza la visa con que Velásquez vive y trabaja en el país centroamericano.
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