Los recientes comentarios de la directora del sistema penitenciario de Venezuela permiten apreciar claramente que las prisiones han quedado bajo el control de los reclusos, hasta el punto que las autoridades parecen recurrir a los presos para suministrar seguridad interna.
Esta conclusión surge a raíz de una entrevista de televisión el 30 de abril con la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, María Iris Varela Rangel, que fue publicada y transcrita por Panorama.
En la entrevista, Varela habló abiertamente acerca de un violento motín que se presentó a finales de abril en el Centro José Antonio Anzoátegui, conocido popularmente como la cárcel de Puente Ayala. En varios sorprendentes comentarios, Varela dijo que ella fue contactada directamente por los reclusos de Puente Ayala, una de las muchas prisiones que está pasando por lo que las autoridades venezolanas han llamado una "transición", es decir, nuevos centros penitenciarios enfocados en la rehabilitación de los internos en lugar de castigos para los mismos.
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El día del motín, según El Universal, Varela afirmó que los disturbios se habían presentado porque los internos estaban tratando de bloquear el nuevo régimen carcelario del gobierno. Pero en la entrevista, Varela agregó nuevos datos: dijo que ella había pedido la ayuda de los reclusos para "reducir" los disturbios.
“Me llaman en horas de la madrugada del día martes para miércoles [26 de abril] y me dicen que había una situación violenta”, explicó. “Me llaman los mismos privados de libertad, porque ahí, por supuesto, no está el régimen y tienen teléfonos celulares con los que uno se comunica con ellos, ¿no?; y me dicen que había un hecho violento porque intentaron asumir el control del penal”.
“Entonces yo les dije: Bueno ‘ustedes quieren la transición, ustedes quieren el nuevo régimen, ¿verdad?’. Sí, protejan a la población y reduzcan al grupo que se alzó, y quiero saber cuáles son sus motivos y cuáles son sus peticiones”.
Al menos nueve personas murieron en los disturbios, agregó.
Durante la entrevista, la ministra dijo además que los responsables serían castigados, contrario a la impunidad de la que anteriormente disfrutaban los reclusos. Y agregó que los "pranes", los jefes de las prisiones venezolanas que han obtenido el control casi completo sobre ciertas prisiones, "ya no existen".
Análisis de InSight Crime
Lo que se desprende de los comentarios de Varela es bastante grave: la máxima autoridad de las prisiones venezolanas prácticamente les pidió a los reclusos que tomaran el asunto en sus propias manos, con el fin de garantizar la implementación de la nueva política penitenciaria. Además de la petición de Varela de que los presos le proporcionen información sobre los orígenes de los disturbios, la declaración de la ministra indica claramente que el gobierno de Venezuela ha perdido el control de una de las prisiones, o quizá de varias.
Lo que más llama la atención es la indiferencia con la que la funcionaria habla sobre la disponibilidad de teléfonos móviles en las prisiones. Varela ha sido criticada por no bloquear las señales de telefonía e internet en las cárceles. Y, como un ejemplo más de esta falta de control, el plazo para que la ministra implementara esta medida, según El Nacional, era el pasado 15 de abril.
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Además, varias de las víctimas de los disturbios en Puente Ayala murieron a causa de impactos de bala, y en la prisión se encontraron varias armas de fuego, una evidencia de actividades de contrabando en la prisión.
Finalmente, no es convincente la afirmación de Varela según la cual los pranes ya no rigen las prisiones de Venezuela, si se tienen en cuenta estos signos de actividades criminales tras las rejas y el amplio poder del que disfrutan los pranes públicamente.
Por desgracia, este tipo de imposición de los internos es común en Latinoamérica. Uno de los más graves ejemplos reseñados por InSight Crime tras una profunda investigación de campo señala que grandes zonas de las cárceles de Guatemala estuvieron dominadas por el fallecido Byron Lima. Uno de los pilares del régimen de Lima, quien había sido un funcionario militar, eran sus extensos vínculos con las principales autoridades penitenciarias de Guatemala, así como el control que ejercía sobre el contrabando en las prisiones. Es más, un exministro admitió que había recurrido a Lima para que le ayudara a enfrentar problemas de seguridad al interior de las prisiones.
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