Una serie de artefactos explosivos improvisados (IED por sus iniciales en inglés) han llevado a las autoridades de El Salvador a buscar culpables y posibles motivos para los ataques.
La instalación de artefactos explosivos ha sido repetitiva. El más reciente se presentó el pasado 10 de septiembre, cuando la policía dijo que tres hombres no identificados habían detonado uno de esos artefactos afuera del Ministerio de Hacienda de El Salvador (vea foto abajo). Este fue el tercer artefacto explosivo detectado en menos de tres meses y el primero en explotar antes de que las autoridades pudieran intervenir.
Pocas horas después del ataque, el fiscal general de El Salvador, general Luis Martínez, dijo que sabía que los autores habían dirigido la operación desde una cárcel en el departamento de Morazán y que las autoridades les confiscaron a los sospechosos otros materiales para fabricar bombas, como C4.
A mediados de junio, en Soyapango, una ciudad satélite de San Salvador, grupos antiexplosivos de la policía desactivaron una camioneta con una trampa cazabobos que contenía una granada. Fuentes de la policía le dijeron a InSight Crime que la trampa había sido instalada por pandillas y que estaba dirigida a la policía, pero que no explotó.
Y a finales de agosto, la policía desmanteló un artefacto elaborado con explosivos C4 frente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Tres personas fueron detenidas, incluyendo a un policía, y acusadas de instalar una trampa dirigida al fiscal general.
Mapa de coche bombas en El Salvador. Fuente: La Prensa Gráfica
Estos incidentes se presentan en medio de una deteriorada situación de seguridad en El Salvador. Tras el colapso de las negociaciones con las poderosas pandillas callejeras del país, Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13), el gobierno aisló a los líderes de las pandillas encarcelados en prisiones de máxima seguridad y puso en marcha un enfoque más militarista contra la delincuencia callejera. Desde entonces la tasa de homicidios de El Salvador se ha disparado, dado que las pandillas se enfrentan entre sí y con las fuerzas de seguridad.
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Los artefactos explosivos improvisados platean una nueva situación de inseguridad, especialmente porque hay mucha incertidumbre acerca de quién está detrás de ellos y por qué se está recurriendo a ellas.
Pocos motivos, menos capacidad
Las pandillas son las primeras sospechosas. En otras ocasiones la MS13 ha sido relacionada con carros bombas rudimentarios cargados con granadas. Las sencillas trampas cazabobos se instalan de manera que el perno de seguridad de la granada sea activado cuando la víctima abra una de las puertas o gire las ruedas del vehículo. Estos artefactos improvisados requieren poco conocimiento técnico y los diferentes casos parecen haber estado dirigidos a individuos específicos, por ejemplo, a quienes se han negado a pagar extorsiones.
La trampa cazabobos de Soyapango encaja en este modus operandi. La granada, de tipo M-67, estaba sujetada a la puerta del pasajero.
Sin embargo, los dos últimos artefactos explosivos improvisados que se pusieron en El Salvador parecen haber sido hechos utilizando dispositivos más sofisticados (en uno de los casos se usaron explosivos C4) y fueron ubicados para lograr mayor visibilidad e impacto.
Esta sería una "táctica muy inusual" de las pandillas, según le dijo a InSight Crime Adam Blackwell, Secretario de Seguridad Multidimensional en la Organización de Estados Americanos (OEA). Si bien las pandillas pueden estar respondiendo a las cada vez más violentas fuerzas de seguridad de El Salvador, es probable que estos incidentes generarán una reacción aún más violenta de las autoridades, y a la vez impedirán las lucrativas actividades de las pandillas, como la extorsión y la venta de drogas.
"Me es difícil entender qué ganarían", dijo Blackwell.
Douglas Farah, analista de seguridad independiente, coincide con esta apreciación. Detonar un coche bomba fuera de un edificio gubernamental importante tiene cierta "resonancia histórica" en El Salvador, donde los coches bombas se utilizaron frecuentemente durante la guerra civil, dijo Farah.
"El impacto psicológico de esta acción está claro, y no creo que las pandillas estén conscientes de ello", añadió el analista.
Farah señaló que los subgrupos mejor entrenados de las pandillas, denominados "clicas", pueden tener la capacidad técnica para elaborar artefactos explosivos sofisticados, pero sospecha que otros actores salvadoreños pueden ser los responsables de estos ataques.
"Grupos de limpieza social"
Un segundo conjunto de sospechosos proviene de personas descontentas dentro de las fuerzas de seguridad de El Salvador, y posiblemente grupos de autodefensa de derecha que han conformado lo que en El Salvador se conocen como "grupos de limpieza social". Algunos policías, en particular, se han vuelto actores radicales que llegan a extremos con el fin de combatir a las pandillas.
Dada la terrible historia de escuadrones de la muerte durante la guerra civil, en El Salvador han surgido recientemente varios informes sobre policías y militares que cometen ejecuciones sumarias de presuntos pandilleros.
Este argumento se ve apoyado por el hecho de que se ha descubierto que muchos de los materiales utilizados en los recientes artefactos dispositivos improvisados provienen de las fuerzas de seguridad. (Se debe señalar, sin embargo, que las pandillas también tienen acceso a estos mismos materiales, ya sea por robo o mediante agentes de seguridad corruptos).
Las motivaciones de estos grupos no están claras. Para algunos, podría ser en parte un plan maquiavélico para desestabilizar al gobierno y conseguir apoyo para una respuesta militar a la crisis de seguridad. Uno de los negociadores de la tregua pasada, Raúl Mijango, le dijo a InSight Crime que los grupos de limpieza social han intentado hacer pasar las ejecuciones como si se trataran de rivalidades entre pandillas. Ahora estos grupos podrían estar instalando artefactos explosivos improvisados con la esperanza de que se culpe a las pandillas.
El momento en el que se presentan estos artefactos explosivos también es importante. En agosto, la Corte Suprema denominó a las pandillas como grupos terroristas, lo cual dejó abierta la posibilidad de una persecución generalizada. Los artefactos explosivos podrían servir para sustentar esta medida.
El objetivo es "aumentar el miedo y la ira contra las pandillas para legitimar la decisión de la corte de clasificar a las pandillas como terroristas", lo cual justificaría una mayor violencia contra ellas, dijo Mijango.
Perturbar el Statu Quo
Un tercer grupo de sospechosos estarían relacionados con el narcotráfico, según le dijo Farah a InSight Crime. Las pandillas solían prestar servicios a las organizaciones narcotraficantes organizadas (DTO por sus iniciales en inglés) para realizar tareas como asesinatos por encargo, distribución local de drogas y seguridad. Sin embargo, durante la tregua las pandillas lograron adquirir más armas, miembros y territorios —especialmente puntos estratégicos para el tráfico en las costas de El Salvador—. Las envalentonadas pandillas comenzaron a tener un papel más directo en el tráfico internacional de drogas. Como respuesta, según Farah, las organizaciones narcotraficantes locales aprovecharon sus conexiones con las élites de El Salvador para presionar a las pandillas.
"Las redes de transportistas disfrutan de una enorme cantidad de apoyo de políticos, policías y militares", dijo Farah.
Entre estas élites se encontraban miembros del gobierno, agregó Farah. Muchos altos funcionarios del gobierno "tienen intereses económicos en mantener el statu quo del narcotráfico", señaló.
En suma, según Farah, quizá los artefactos explosivos están siendo elaborados por organizaciones narcotraficantes conectadas con personal de seguridad, con el objetivo de difamar a las pandillas.
"Esto hace parte de las operaciones psicológicas para preparar a la población para que acepte el alto nivel de violencia y derramamiento de sangre necesario para eliminar a las pandillas", dijo Farah.
Múltiples culpables, múltiples motivaciones
Finalmente, existe una fuerte posibilidad de que haya múltiples actores, motivados por diversas razones, involucrados en la instalación de artefactos explosivos improvisados. Personas como Mijango describen la actual situación de seguridad de El Salvador como una "guerra de baja intensidad". Con unos 50 homicidios diarios y dado que los agentes de policía consideran que están "en guerra" con las pandillas, esta denominación parece apropiada.
Esta guerra de baja intensidad no involucra sólo dos partes sino una multiplicidad de actores con sus propios intereses y su propio potencial de violencia. Por ejemplo, una clica, independientemente de su liderazgo central, puede decidir que instalar un artefacto explosivo es una respuesta adecuada a la agresión de la policía, mientras otras pueden temer que haya más asesinatos extrajudiciales o seguir esperanzadas en una tregua.
Por su parte, algunos miembros de los grupos de limpieza social y de las fuerzas de seguridad pueden buscar la respuesta política colectiva, mientras que otros pueden estar más interesados en eliminar la competencia de sus organizaciones narcotraficantes aliadas.
Esta red de motivaciones y posibles culpables hace que el misterio que rodea a los dispositivos explosivos improvisados se parezca a la imagen del coche destruido frente al Ministerio de Hacienda.
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