Moraleja para Argentina de una década de guerra antidrogas en México

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Los importantes cambios en la política de seguridad introducidos por el presidente argentino Mauricio Macri generaron algunos alentadores resultados iniciales durante su primer año en ejercicio, pero las experiencias de otros países latinoamericanos indican que tal estrategia tiene aspectos negativos sustanciales.

Mejorar la seguridad pública del país fue un foco de Macri en su ascenso al poder. En su campaña presidencial del último año, prometió nada menos que eliminar la inseguridad, y declaró emergencia nacional días después de su victoria en la segunda vuelta de noviembre de 2015. La victoria simultánea de María Eugenia Vidal, candidata de Macri en la campaña a la crucial gobernación de Buenos Aires, se atribuyó en gran medida a la inseguridad y las percepciones de corrupción sobre el contendor de Vidal.

En esa vía, Macri inició una serie de cambios de política que equivalen a un cambio total hacia una estrategia más militarizada. Convocó a asesores estadounidenses e israelíes; anunció planes de derribar aviones con drogas; ha atiborrado las cárceles de delincuentes menores por temas de drogas; e inundó de tropas federales zonas particularmente violentas, entre otras medidas.

El primer año de la presidencia de Macri, que se inició el 10 de diciembre de 2015, no ha estado desprovisto de resultados positivos. En el primer semestre de 2016, los homicidios cayeron 19 por ciento en todo el país, de 1.535 a 1.251. En la provincia de Buenos Aires, que alberga a casi un tercio de la población nacional, el número de homicidios cayó en 21 por ciento en el mismo periodo, de 656 a 519. En la capital Buenos Aires, la cifra bajó de 105 a 64, una reducción de casi 40 por ciento.

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Pero esas cifras, aun cuando puedan parecer alentadoras hoy, en el futuro podrían no representar más que un punto luminoso en una tendencia por el contrario alarmante. Como lo muestra la guerra contra las drogas que ya completa diez años en México, la estrategia de Macri crea un sinnúmero de vulnerabilidades que pueden crear dificultades de seguridad importantes en el futuro.

Análisis de InSight Crime

Aunque las circunstancias subyacentes difieren de manera sustancial, la respuesta refleja de Macri a una aparente crisis de seguridad tiene mucho en común con la de Felipe Calderón cuando asumió la presidencia de México en 2006. Al igual que Macri, Calderón apostó mucho de su capital político desde el inicio de su presidencia a resolver la inseguridad nacional, con el envío de 7.000 agentes militares a Michoacán días después de su juramento de posesión. Al igual que Macri, lo de Calderón era una reacción a una serie de casos que habían levantado revuelo; en México, la grotesca exhibición de cabezas humanas por parte de la Familia Michoacana en un club nocturno atizó el apoyo hacia la intensificacion de la política de seguridad, mientras que en Argentina una serie de arrestos de importantes capos colombianos, una oleada de allanamientos a laboratorios de drogas, el continuo deterioro de la ciudad portuaria de Rosario, y un repentino aumento de la publicidad sobre el crimen callejero en Buenos Aires tuvo en conjunto un efecto muy similar.

La lógica de Calderón, y su reputación entre los mexicanos, parecía inexpugnable. Pero no duró.

Inicialmente, México experimentó una baja de la violencia no muy distinta de lo que sucede hoy en Argentina. El total de homicidios en el país en 2007 cayó a 10.253, desde 11.806 el año anterior. La lógica de Calderón, así como su reputación entre los mexicanos, parecía inexpugnable.

Pero no duró. Las agresivas tácticas del ejército crearon un choque de inestabilidad en un panorama criminal sin preparación para responder; aunque otros factores incidieron, la militarización ayudó a convertir un problema manejable en un desastre con reverberaciones internacionales, con un índice de homicidios nacional más que duplicado desde su piso de 2007, y con el dudoso título para Ciudad Juárez, en la frontera norte, de ciudad más violenta del mundo.

Peor aún, el despliegue inicialmente modesto de soldados a un solo estado creció de manera exponencial, con decenas de miles de patrulleros haciendo vigilancia en ciudades de todo el país. En 2015, los periódicos informaron que 45.000 seguían dedicados a la seguridad nacional. Pero pese a los planes interminables de crear fuerzas federales capaces de reducir la dependencia del ejército, la política de seguridad en México sigue tan ligada al ejército como siempre; sin duda, el mes último la cámara baja de México comenzó a discutir una ley que podría ampliar el papel del ejército en la seguridad interna y hacerlo permanente.

En resumen, el entusiasmo de Calderón en el inicio de una guerra contra el crimen organizado creó un sentido de dependencia inextricable, en el cual México no podía prescindir de la política militarizada, pero era incapaz de resolver sus problemas de seguridad con las fuerzas armadas, aún cuatro años después de la salida de Calderón de la presidencia.

Macri corre un riesgo similar, aun cuando no sea probable que Argentina se hunda tanto como lo hizo México durante la presidencia de Calderón. Como lo ha señalado InSight Crime, donde los países han usado una estrategia más militarizada, se han presentado complicaciones imprevistas.

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Atiborrar la cárcel de infractores por drogas puede reportar buenos titulares, pero esas prácticas pueden exacerbar los incentivos encubiertos y empujar a la gente al negocio de las drogas, y por ende ampliar la magnitud del problema. De manera similar, las unidades militarizadas de la policía federal pueden parecer un punto de partida bienvenido de la policía local corrupta e incompetente, pero las tácticas de alto impacto pueden alentar a las pandillas a ser más agresivas, lo que intensificará la violencia.

Por supuesto, la situación en Argentina en el 2015 era muy diferente de la mexicana en 2006; Argentina nunca ha tenido la importancia que tiene México para el negocio global de las drogas ni ha tenido el peso de organizaciones tan poderosas como el Cartel de Sinaloa o los Zetas. Más aún, la tasa nacional de homicidios en Argentina en 2015, de 6,6 por 100.000 habitantes está muy lejos de la de México, de unos 11 en 2006.

Pero esas diferencias no excusan a Macri; por el contrario, son un argumento más para aplicar una estrategia más prudente en Argentina. Una tasa de homicidios de 6,6 es bastante admirable para un país latinoamericano, y aunque hay muchas formas distintas en las que puede manifestarse la inseguridad, esa estadística indica que Macri no debería ni haber sucumbido a las protestas públicas sobre la inseguridad ni haberlas fomentado.

En cualquier caso, México es una prueba concluyente, como muchos otros países, de que mejorar la seguridad no es cuestión de mostrar más aguante. Una determinación del ejecutivo de mostrar firmeza sin reconocimiento alguno de las causas raíz de la inseguridad (demanda externa, proximidad geográfica a rutas importantes, corrupción endémica, inmovilidad social) es un ingrediente no solo para el fracaso, sino también para una espiral de mayor violencia.

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