Un nuevo estudio analiza los factores sociales que influyen en los índices de criminalidad en las colonias más violentas de Ciudad de México, un enfoque que podría guiar una revisión de la política de seguridad hacia una más centrada en la ayuda social que en la persecución a los líderes criminales.
En su nuevo artículo "What Explains Criminal Violence in Mexico City: A Test of Two Theories" (Qué explica la violencia criminal en Ciudad de México: prueba de dos teorías del crimen), Carlos Vilalta y Robert Muggah buscan explicaciones en la disparidad de los índices de criminalidad en diferentes colonias de Ciudad de México. Como es normal en una ciudad grande, el crimen tiende a concentrarse en ciertas áreas, señala el estudio:
Cerca de dos tercios de todas las investigaciones penales ocurren en un radio de 1600 kilómetros del centro geográfico de esta urbe en descontrolado crecimiento. Más aún, sólo diez zonas rojas representan más de una cuarta parte de todos los crímenes informados.
Los autores exploran dos posibles teorías que explicarían la variación geográfica de los índices de criminalidad en Ciudad de México.
La primera teoría es que el crimen se fomenta principalmente por lo que el estudio define como "desorganización social". El estudio toma varios factores que pueden usarse para medir esto: el porcentaje de mujeres cabeza de hogar, la proporción de vecinos recién llegados, el número de bares por mil habitantes y el índice de desigualdad social medido por el gobierno. La idea es que entre más altas sean las cifras en un área dada, mayor será el nivel de desorganización social, el cual es un indicador de la propensión de una colonia a tener altos índices de criminalidad.
La segunda teoría es que un barrio tiene más propensión a tener mayores tasas de crímenes a causa del deterioro de las instituciones sociales y de gobierno, o lo que el estudio llama "anomia institucional". Hay cuatro aproximaciones para medir esto: la tasa de votantes en las elecciones al congreso, el coeficiente Gini de desigualdad económica, el porcentaje de retención de grado en la escuela primaria y, una vez más, el porcentaje de mujeres cabeza de hogar.
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El trabajo desarrollado por Muggah y Vilalta plantea que, como en otras partes del mundo, tanto la anomia institucional como la desorganización social son aplicables en Ciudad de México como predictores del crimen. En otras palabras, gran parte de lo que determina si un área u otra es un foco criminal son los mismos factores que miden la desorganización social y la anomia institucional.
Hay varias formas en las que este enfoque puede ayudar a mejorar la política gubernamental en términos de abordar los índices de criminalidad. Por ejemplo, dado que los hogares dirigidos por mujeres solas suelen ser producto de nacimientos por fuera del matrimonio, concentrar los esfuerzos en difundir el acceso a los anticonceptivos en zonas de alta criminalidad podría tener un efecto desproporcionadamente pronunciado en los índices delincuenciales en toda la ciudad.
En teoría, lo mismo podría aplicarse al incremento en la capacidad de ciertas colonias de absorber a los recién llegados a su tejido social; por ejemplo, animando a los niños para que avancen en sus grados escolares hasta que terminen su educación.
Hay otras maneras en las que las ideas de este estudio podrían alterar la política de seguridad de México. El número de voces que en México piden ampliar el componente social de su estrategia contra el crimen ha aumentado en los últimos años, con frecuencia como contrapunto a la estrategia militarista adoptada por muchos presidentes recientes, en particular Felipe Calderón. El estudio va más allá de las críticas más extendidas, para ofrecer algunas perspectivas específicas sobre cómo implementar una estrategia contra el crimen con mayor conciencia social.
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En el estudio también hay implicaciones conceptuales. Legisladores y analistas de seguridad mexicanos por igual tienden a concebir la inseguridad como producto de algo que se asemeja a la geopolítica criminal, en la que los líderes de los carteles son capaces de hacer y rehacer el panorama criminal con una sola decisión, muy parecido a los jefes de Estado. Un capo de Sinaloa decide tratar de conquistar Juárez, y las tasas de homicidios del país dan un salto. Un pez gordo de Guerrero decide incluir la extorsión y el secuestro para reforzar los ingresos de su organización, y los efectos repercuten por todo el estado y más allá.
Las respuestas del gobierno a la inseguridad también han sido igual de amplias y generalizadas, traducidas generalmente en reformas políticas y cambios institucionales radicales para todo el ámbito nacional. La investigación de Vilalta y Muggah no desecha la validez de esos esfuerzos, pero señala que dicho enfoque está incompleto, y que México debe abrir espacio en su caja de herramientas para instrumentos más matizados.
Aún más, el crimen organizado tiene raíces mucho más fuertes en lugares como Juárez —o Culiacán o Nuevo Laredo o muchos otros estados— que en la capital del país. Aunque tratar la inseguridad como una especie de geopolítica al pie de la letra es una sobresimplificación errónea, en muchas partes del país puede seguir siendo válido que la dinámica social e institucional tenga menos influencia en la seguridad que un número reducido de capos criminales. En tales casos, un interés predominante en los grupos criminales más que en intervenciones en el ámbito comunitario puede tener más sentido.
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