La entrada al municipio de Camasca, en el departamento de Intibucá, Honduras, está bien custodiada. Una columna de las fuerzas especiales del ejército detiene a los vehículos que llegan por la calle pavimentada que sube y baja las montañas y conecta a este pueblo fronterizo con La Esperanza, la capital del departamento.
Los soldados están aquí por una sola razón: el terror que llegó con las incursiones de la pandilla MS13 desde el vecino El Salvador.
El terror se instaló en Camasca, que es una suerte de capital regional, y en sus alrededores, a finales de 2016. Las casas de los poblados cercanos a la zona limítrofe se empezaron a vaciar a medida que los grafitis de la Mara Salvatrucha comenzaron a multiplicarse en la zona.
Historias macabras empezaron a viajar hasta Camasca. Llegaban desde Colomoncagua y Magdalena, dos de las aldeas más cercanas a El Salvador. Historias de asesinatos que empezaban con balazos y terminaban a machetazos. De extorsiones de hasta US$100 cada dos semanas a los lugareños receptores de remesas de Estados Unidos. Y la historia del presunto responsable de todo aquello, un pandillero salvadoreño que reclutaba a jóvenes hondureños bajo las siglas de la MS.
Su nombre es José Isaías Barahona. En Honduras también es conocido como “Isa”, pero su taca (o alias) es “Slow”, de acuerdo con el expediente que abrió la policía hondureña, al que InSight Crime tuvo acceso. Slow es miembro de Sailors Locos Salvatruchos (SLS), una de las clicas más añejas de la MS13, nacida en los años noventa en San Miguel, departamento salvadoreño en la frontera con Intibucá.
Entre 2016 y 2018, Slow reclutó a dos lugartenientes y a por lo menos otros 15 jóvenes, la mayoría nacidos en Honduras, según fuentes del gobierno hondureño que han seguido la evolución de la MS13 en Intibucá; con ellos formó una banda a la que la Policía Nacional de Honduras (PN) identificó como “Los Colochos”, por el alias de uno de los miembros.
Ya para 2017, la sucursal de la SLS en el sur intibuqueño tenía pistolas, escopetas y rifles AR15, según confirmó un oficial de la PN que trabajó en la zona. La PN asegura que, entre 2016 y 2019, la clica de Slow en Intibucá mató a unas 40 personas “por no pago de extorsiones o por sospechas de que (las víctimas) eran informantes de la autoridad”, aseguró Edgardo Tejada, inspector de la Policía Nacional asignado a operaciones antipandillas en el sur de Intibucá.
Además de los asesinatos y la extorsión —las marcas distintivas de la MS13—, la clica de Slow empezó a mover droga desde y hacia El Salvador. “Halaban marihuana y cocaína. De Siguatepeque (en el vecino departamento de Comayagua) traían marihuana y la llevaban hasta El Salvador”, asegura Tejada.
La Policía Nacional, sin embargo, cree que esta clica de la MS13 aún no es protagonista importante del trasiego de cocaína en Intibucá. La coca, dicen fuentes policiales y de derechos humanos en el departamento, está en manos de otros grupos de narcotraficantes.
Lo de la Sailors y la MS13 en Intibucá es, por ahora, la extorsión.
Otro policía ubicado en Camasca, de quien se omite el nombre y rango por seguridad, recuerda cuándo toda la situación con la MS13, y cómo continuó. “Están entrando y saliendo por toda la frontera […] Empezaron en 2016, y en 2017 ya había muchas masacres […] La gente se ha ido de sus casas”, explicó a InSight Crime.
Para 2018, la situación seguía empeorando. El policía de Camasca y el inspector Tejada aseguran que ese año ya había unas 90 casas abandonadas en Magdalena y Colomoncagua.
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No fue sino hasta agosto de 2019 cuando el gobierno hondureño envió un batallón permanente del ejército —que aún custodia la entrada a Camasca— y un refuerzo policial para atender el aumento de la violencia. Las cosas, sin embargo, han tardado en mejorar.
Aun a finales de 2019 los llamados de auxilio seguían saliendo de las aldeas fronterizas. En noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) decidió enviar una misión exploratoria a Camasca y Colomoncagua; los acompañó una escolta del ejército.
“No había denuncias formales, pero sí relatos de gente obligada por la MS13 a irse de sus casas. La gente llegaba a la posta [puesto policial] pero no ponía denuncia por miedo”, relató una defensora de derechos humanos en Intibucá, quien habló con InSight Crime y pidió no publicar su nombre por motivos de seguridad.
Lo que CONADEH encontró en las aldeas del sur de Intibucá coincide con los relatos de los policías: casas abandonadas, aldeas semivacías y grafitis de pandillas. “Nos dimos cuenta de que habían crecido las muertes violentas y que había personas a las que habían descuartizado en Colomoncagua”, relató la funcionaria.
Tierra arrasada
Todo empezó con la llegada de Isa, el Slow. Los dos miembros de la PN entrevistados en Intibucá dicen que el pandillero venía huyendo de la presión que el gobierno del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) ejercía en 2016 sobre la MS13 y sobre la pandilla adversaria, el Barrio 18. Sánchez Cerén implementó medidas extraordinarias en las cárceles y mayor despliegue militar en los municipios donde las maras aún ejercen control territorial.
A la arremetida del gobierno se sumó, en El Salvador, la de grupos de exterminio de pandilleros, algunos formados por civiles y otros por policías o militares contratados por agricultores y comerciantes como sicarios. San Miguel, el departamento desde el que Slow migró a Honduras, ha sido uno de los centros de operaciones de las pandillas y de los exterminadores.
Lo que pasó con la migración de Slow es conocido por los expertos como efecto cucaracha: si la fuerza pública ejerce presión en un lugar, los grupos criminales migran a zonas menos vigiladas. Las aldeas fronterizas de Intibucá no estaban preparadas para lo que siguió.
Slow fue quien enseñó a sus reclutas hondureños cómo utilizar la principal táctica de la SLS y de la MS13: la violencia brutal. Y fue él mismo quien los embarcó en la extorsión, la economía criminal que ha sustentado a la pandilla casi desde su creación.
Intibucá es terreno fértil para el chantaje económico, sobre todo entre quienes reciben dólares que les envían sus familiares desde Estados Unidos.
Quien recorre el sur del departamento por la calle pavimentada que sale desde La Esperanza se encontrará muy pronto, entre los cafetales y las montañas que llegan hasta El Salvador, con el paisaje común que han pintado las remesas de dólares en Centroamérica: casas de dos plantas y construcción mixta (cemento y hierro) que sustituyeron a los ranchos de adobe y paja tradicionales en la zona.
De Colomoncagua, un pueblo al que hace 30 años llegaron cientos de salvadoreños huyendo de la guerra, hoy salen a diario muchos hondureños rumbo a Estados Unidos en busca de trabajo, según confirmó un funcionario migratorio en el vecino departamento hondureño de Lempira. Es de esta migración hacia el norte de donde llegan los dólares que hoy busca la MS13.
Cifras oficiales, tomadas de la autoridad electoral de Honduras, indican que el 13 por ciento de la población residente en Intibucá, unas 37.000 personas, recibieron remesas en 2018. De acuerdo con Miguel Antonio Fajardo, alcalde de la capital intibuqueña, en el sur del departamento se concentra un porcentaje importante de esos receptores.
El inspector Tejada explica que la pandilla identificó a los receptores de remesas en pueblos como Magdalena y Colomoncagua y les empezó a cobrar extorsión. Según un policía en Camasca, el cobro podía llegar hasta un pago único de 80.000 lempiras (unos US$3.200). Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el promedio que un hondureño recibe al mes como remesa es de US$166.
La zona se llenó de cadáveres, entre ellos los de quienes se negaron a pagar. Solo en Magdalena, la clica mató a 18 personas en los primeros meses de 2017, según la PN. Un representante de CONADEH en Intibucá confirmó esa cifra.
En 2017, de acuerdo con los informes policiales a los que InSight Crime tuvo acceso, Slow había reclutado a dos hondureños llamados Wilmer Orantes, alias “Tigre”, y Donaldo Díaz Hernández, alias “El Espanto”. Ambos se convirtieron en los ejecutores más crueles de las órdenes que daba Slow. Los investigadores adjudican a estas dos personas la muerte de un miembro de Barrio 18 que había llegado a Jesús de Otoro, un pueblo al norte de Camasca, y el asesinato, en el mismo lugar, de una maestra embarazada, a quien, dice una versión recogida por el CONADEH, los pandilleros descuartizaron y tiraron sus partes a un basurero.
La violencia impuesta por la pandilla ha tenido respuesta de otros grupos en lugares como Jesús de Otoro, e incluso en Camasca, donde algunos ciudadanos ya se han armado para responder a la MS13. “Ya se formó un grupo de exterminio”, cuenta el policía de Camasca.
El inicio de 2020 no ha sido el mejor momento para la clica de Slow. Alias Tigre ha entrado y salido de la cárcel, acusado de varios delitos. Donaldo Díaz, El Espanto, quien era el responsable de conseguir la droga para la clica, está preso por sospechas de que mató a un informante en Camasca.
Walter Orantes, El Tigre, segundo al mando, salió de la cárcel en noviembre pasado después de pagar una fianza de 300.000 lempiras (unos US$12.000), según un oficial de policía consultado en Intibucá. “En nuestro país, con dinero todo se arregla”, dijo.
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La policía también reporta que algunos miembros de la clica han muerto a manos de rivales.
Todo esto, sumado a la presencia del ejército en el sur de Intibucá, ha obligado a los pandilleros a bajar su perfil, según la PN.
Slow se mueve entre Magdalena, en Honduras, y Carolina, en El Salvador. Es él quien sigue abasteciendo de armas a la clica intibuqueña. “De El Salvador ha traído AR15 y M16”, asegura el policía en Camasca.
Pero la pandilla sigue viva en el sur de Intibucá.
El terror no se ha ido. El oficial jefe que llegó a Camasca el año pasado acepta que aún hay pobladores en las aldeas fronterizas que se encierran en sus casas cuando cae la noche.
* Victoria Dittmar y Alex Papadovassilakis participaron en la investigación para este artículo.
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