Un alcalde en el oriente de El Salvador está acusado de financiar a la MS13 y de coordinar al menos dos homicidios con la pandilla. Esto, nuevamente, ilustra las oscuras alianzas que han llegado a formar pandilleros y políticos.
En la madrugada del 15 de diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Seguridad llevaron a cabo la Operación Jaguar de Piedra para ejecutar 322 órdenes de captura de cabecillas, miembros y colaboradores de la MS13 en los departamentos orientales de San Miguel, Usulután y La Unión, según un comunicado de prensa de la FGR.
El fiscal general Raúl Melara informó a través de su cuenta de Twitter que entre los capturados se encuentran Roel Werner Martínez Romero, alcalde del municipio El Tránsito en el departamento de San Miguel, y dos funcionarios de dicha alcaldía. Martínez, del opositor partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y sus colaboradores presuntamente financiaron a la MS13 y se aliaron con la pandilla para llevar a cabo dos homicidios de concejales municipales que ocurrieron en 2018 y 2019. Ambos concejales pertenecían al mismo partido.
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Dos empleados del Juzgado de Vigilancia de Penitenciaria del departamento de Usulután también fueron capturados por colaborar con la MS13 y facilitarles información. Hasta ahora, 110 personas han sido detenidas.
El oriente de El Salvador, en especial el departamento de San Miguel, ha sido un importante centro de operaciones para la MS13 durante las últimas décadas. La pandilla ejerce control territorial en ciudades, pueblos y en amplias porciones de las zonas rurales. Además, se ha asociado con bandas criminales dedicadas al narcotráfico y al sicariato.
Durante investigaciones de campo realizadas en 2019, InSight Crime pudo confirmar que la MS13 tiene un poder casi indisputable en la capital departamental de San Miguel, la más importante de la zona oriental. Miembros de la sociedad civil y funcionarios de derechos humanos dijeron que la pandilla tiene la capacidad de controlar la entrada y el tránsito en varios vecindarios, así como de imponer normas sociales.
En algunos casos, las autoridades municipales presuntamente deben de pagar una cuota a las pandillas para poder llevar a cabo proyectos de infraestructura en estos barrios, según fuentes locales.
Análisis de InSight Crime
La presunta colaboración entre la MS13 y el alcalde de El Tránsito es un ejemplo más de que las pandillas tienen la capacidad –tanto material como coercitiva– para infiltrar al Estado salvadoreño a nivel local y nacional, como ya ha ocurrido en el pasado.
En 2017, InSight Crime publicó una investigación sobre José Elías Hernández, exalcalde de Apopa, un importante municipio en la zona norte del departamento de San Salvador. Durante la administración de Hernández (2012-2016) se forjó un pacto informal de no agresión entre el gobierno local y las pandillas Barrio 18 y MS13. El exalcalde se benefició con votos y manteniendo al margen a sus rivales políticos, y las pandillas recibieron favores a cambio, que presuntamente incluían dinero recaudado de impuestos y espacios designados para ejercer su control. Un líder de una clica local de la MS13 incluso llegó a tener un empleo dentro de la alcaldía y presuntamente fue asesinado por órdenes de Hernández. En enero, el exalcalde fue sentenciado a 15 años de cárcel.
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Este tipo de acuerdos han involucrado a funcionarios de todas las ramas del gobierno y políticos de todos los partidos.
Por ejemplo, el diputado de ARENA Norman Quijano, quien también fue candidato presidencial y alcalde de San Salvador, enfrenta cargos criminales desde enero de este año por presuntamente negociar de manera secreta con las pandillas durante su fallido camino a la presidencia en 2014.
David Munguía Payés, ministro de Defensa y Seguridad Pública durante la administración de Mauricio Funes (2009-2014), fue capturado en julio de este año por delitos relacionados a la polémica tregua entre el gobierno nacional y las dos pandillas, que tuvo un importante efecto para que las pandillas afianzaran su capital político y control territorial.
Incluso el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha visto involucrado en negociaciones con pandillas desde que fungió como alcalde de San Salvador (2015-2018) por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Una reciente investigación de InSight Crime detalló cómo el entonces gobierno municipal de Bukele ofreció varios favores políticos a las pandillas a cambio de que no detonaran la violencia y le ayudaran, así, en su carrera política.
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