Un reciente informe parece indicar que varias clicas de la pandilla MS13 en El Salvador intentaron reunir recursos para financiar una unidad élite con el fin de responder a una ofensiva del gobierno sobre sus operaciones.
En un artículo publicado el 11 de octubre por El Diario de Hoy se informó que varias conversaciones telefónicas interceptadas por las autoridades salvadoreñas parecen indicar que los líderes de la MS13 conspiraron para entrenar y proveer de equipos a dicha unidad, con fondos obtenidos mediante las actividades criminales de varias “clicas” de la pandilla. Las conversaciones fueron interceptadas como parte de la “Operación Jaque”, una investigación en curso que se puso en marcha en 2015, dirigida inicialmente a las estructuras financieras de la MS13, y que continúa proporcionando una gran cantidad de información sobre diversos aspectos de la organización de la pandilla.
El Ministerio Público de El Salvador había presentado un informe en agosto de 2016, en el que señalaba que el supuesto líder de la MS13, Marvin Adaly Quintanilla Ramos, alias “Piwa”, había planeado crear una unidad élite compuesta por 500 pandilleros, reclutando los dos mejores miembros de cada una de las 249 clicas de la pandilla a nivel nacional, quienes serían entrenados y recibirían rifles de alta potencia. Al parecer, el plan surgió como respuesta a la decisión del gobierno de aumentar las medidas de seguridad en las prisiones, y en particular por intentar bloquear las comunicaciones de los líderes encarcelados con el exterior.
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Pero el informe de El Diario de Hoy sugiere que la conformación de la unidad élite fue parte de un complot mayor de la MS13 para reducir el impacto de las “medidas extraordinarias”.
Según el medio de noticias, el “Plan A” de la MS13 surgió después de que la pandilla se enteró de la intención del gobierno de implementar una nueva política penitenciaria dos semanas antes del anuncio oficial en abril de 2016.
Como respuesta, los cabecillas de la MS13 supuestamente se unieron con sus rivales de la pandilla Barrio 18 para identificar las nuevas medidas de seguridad con las que serían atacados, y luego, el 26 de marzo, les ordenaron a sus miembros que detuvieran los asesinatos relacionados con las pandillas, con la esperanza de que el gobierno diera marcha atrás. Según los informes, el “Plan A” especificaba que esta acción debía divulgarse a través de los medios de comunicación, como una muestra de buena voluntad de las pandillas.
Sin embargo, aunque el “Plan A” inicialmente logró reducir los niveles de violencia en el país, aparentemente no afectó la intención del gobierno de tomar medidas drásticas con respecto a los líderes pandilleros encarcelados. Sin embargo, según informó El Diario de Hoy, los líderes de MS13 también habían preparado un “Plan B”.
El “Plan B” consistía presuntamente en crear un fondo con todas las ganancias de las actividades ilícitas de la pandilla a nivel nacional durante un mes. Este fondo, que según los informes alcanzaba la suma de US$600.800, proveería los recursos financieros necesarios para la creación de la unidad de 500 hombres. Aparentemente, estos dineros se destinarían a financiar los entrenamientos de los miembros de la unidad y a adquirir equipo militar, como armas de fuego de alta potencia, explosivos y armas para derribar helicópteros.
En dos llamadas telefónicas interceptadas hechas por Piwa a otros presuntos líderes de MS13 a finales de marzo, el pandillero encarcelado dijo supuestamente que era obligatorio hacer contribuciones al fondo, y que debido a los grandes recursos anuales de las clicas, transferir el dinero al fondo una o dos veces al año sobre la base de las ganancias de un mes obtenidas mediante la extorsión, le daría a la pandilla los recursos necesarios para luchar contra el Estado y sus instituciones.
La última fase de la estrategia de la MS13, el “Plan C”, presuntamente consistía en la implementación de la unidad élite para cometer ataques contra diversas instituciones públicas y privadas, lo que se habría convertido en una campaña de terror y en un conflicto de alta intensidad contra el gobierno. Al parecer, sin embargo, esta fase del plan nunca se implementó.
Análisis de InSight Crime
Aunque ya habían surgido informes de los intentos de la MS13 por crear una unidad élite, las revelaciones en torno al financiamiento de dicha unidad mediante la puesta en común de los dineros provenientes de las extorsiones en todo el país sugieren que los líderes de las pandillas estaban dando pasos concretos hacia la conformación de dicha facción armada. Sin embargo, hay varios factores que habrían dificultado la ejecución de este plan, en particular la estructura horizontal de la pandilla y la falta de liderazgo centralizado.
Aun así, es preocupante que al parecer los líderes de la MS13 habían coordinado ataques a las instituciones públicas de El Salvador. En el año 2016 se ha presentado al menos un enfrentamiento violento diario entre las pandillas y las fuerzas de seguridad, y El Salvador ya había registrado al menos 4.000 homicidios hasta el mes de septiembre. Si el “Plan C” de la pandilla se hubiese implementado, la violencia en El Salvador se habría disparado debido a los ataques de dicha unidad élite militarizada, y se habría acabado la leve pero constante reducción de los asesinatos que se ha observado este año en comparación con el año pasado.
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El nivel de seguridad y ambición con el que la MS13 presuntamente fomentó un plan para intensificar su conflicto con el Estado es por lo menos preocupante. Pero es interesante observar que eso se logró evitar, en parte, debido al desarrollo de una investigación que estaba orientada originalmente a la estructura financiera de la pandilla.
Los gobiernos de América Latina, entre ellos el de El Salvador, han recurrido a menudo a las estrategias militarizadas con el fin de enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, estas estrategias a menudo tienen consecuencias negativas con respecto a los derechos humanos y no generan un impacto sostenible en los niveles de violencia o en la presencia de las organizaciones criminales.
Ir tras las finanzas de las organizaciones criminales podría entonces representar una estrategia alternativa y efectiva para disminuir su poder, dado que se atacaría su recurso más importante. Esta estrategia también puede ayudar a evitar el aumento de los niveles de violencia asociados a la actividad criminal, no sólo evitando la intensificación del conflicto entre el Estado y los grupos criminales, sino además socavando la capacidad de los criminales para adquirir hombres y armas.
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