Un nuevo informe examina el clamor sobre la inseguridad y la insuficiente respuesta del gobierno en el estado más grande de México, y encuentra que las prioridades de la realidad y de la seguridad no siempre se superponen.

El informe –titulado “¿Por qué tanto alboroto con el Estado de México?” y publicado por Animal Político en cooperación con el grupo México Evalua– busca reconciliar el aumento en la atención a los problemas de seguridad en el Estado de México (también conocido como Edomex, por su abreviatura del Estado de México) con el estado más matizado de las cosas en el terreno.

Como señalan los autores al comienzo de su análisis, “varios medios han señalado el incremento de la violencia en algunos municipios” del estado. Los desafíos para la seguridad de Edomex también han llamado la atención de algunos de los operadores políticos más prominentes de la nación: el gobernador Eruviel Ávila califica el aumento de la violencia como “atípica y temporal“, mientras que el ministro del Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció recientemente un plan de seguridad en Edomex, en nombre del gobierno federal.

En otras palabras, suena como un “todo el mundo manos a la obra” cuando los líderes periodísticos y políticos de México se dan cuenta que ha llegado el momento de tomar en serio el deterioro en la seguridad. Sin embargo, cuando uno desglosa las cifras, la imagen se enturbia.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Edomex tiene una de las tasas de robo de automóviles más altas en el país, muy por encima de la media nacional y las tasas correspondientes de sus vecinos. Las tasas de extorsión reportadas también se han disparado; las tasas del estado son significativamente peores que el promedio nacional y peores de lo que eran hace apenas unos años.

Sin embargo, la tasa de homicidios, aunque ha comenzado a mejorar, ha estado por debajo de la media nacional cada año, desde 2007. En 2013, el estado registró una tasa de menos de 13 homicidios por cada 100.000 habitantes, en comparación con una tasa nacional de 16,5. La tasa de homicidios en Edomex también fue sustancialmente más baja que en los vecinos Guerrero, Michoacán y Morelos. La dinámica es similar con el secuestro, que ha empeorado en Edomex desde 2007, pero sigue siendo mucho menos frecuente que en Guerrero, Morelos y Michoacán.

¿Cómo se explica la divergencia en las estadísticas y en la percepción pública de la misma? ¿Y por qué parece que Edomex está cayendo en el caos?

Los autores presentan tres posibles explicaciones, y todas ellas podrían desempeñar un papel simultáneamente. Una de ellas es la falta generalizada de claridad en las estadísticas criminales, que puede generar confusión o falta de confianza en las propuestas del gobierno. Cada estado es responsable de presentar sus estadísticas a la SNSP, y no hay forma de verificar su veracidad. Los funcionarios del gobierno tienen un interés natural en hacer que las estadísticas parezcan más positivas, y hay pocas barreras para un funcionario sin escrúpulos que lo haga, bien sea por desalentar las denuncias de extorsión, o para reclasificar el homicidio como homicidio culposo.

Incluso si los números son genuinos en este caso, el patrón más amplio de incertidumbre estadística significa que las evaluaciones del gobierno, incluso las que están basadas ??en datos estadísticos, siempre se enfrentan a una especie de barrera de aceptación en México.

Otra posible explicación es la negación de la realidad como estrategia del gobierno. Como resultado, la indignación pública aumenta a medida que el crimen empeora y las autoridades no hacen nada más que ser simples “observadores” en palabras de los autores, que sólo buscan tomar medidas cuando la crisis se desborda. La prescripción de medidas razonables que resuelvan la crisis y que prevengan el crimen a futuro son mucho más difíciles de implementar.

Los autores también mencionan la tendencia que tienen los gobiernos estatales y federales a ignorar sus responsabilidades en materia de seguridad, que se añade a la negación de la realidad. México tiene una larga tradición de control central sobra una amplia gama de las funciones de gobierno, incluyendo temas (como la seguridad ) que son mejor manejados principalmente desde el ámbito local. Como resultado, cuando la seguridad empeora, los gobiernos locales se sientan a esperar a que el gobierno federal intervenga y ayude. Por desgracia, si los gobiernos locales no se comprometen a jugar un papel más activo en la prevención del crimen, el gobierno federal siempre estará luchando por no quedarse atrás, y la posibilidad de un deterioro repentino siempre será peor.

El informe también demuestra otro aspecto persistente en materia de seguridad en México: no todas las regiones son iguales. En comparación con Chihuahua o con Tamaulipas, los problemas en Edomex pueden ser controlados después de todo. Sin embargo, debido a su conexión con la capital (y debido a los vínculos de la región con el actual presidente Enrique Peña Nieto, quien es exgobernador de Edomex), los problemas que surgen allí tienen repercusiones mucho mayores que los que toman lugar en otras partes del país.

Otras metrópolis prominentes, como Monterrey o Ciudad de México, se han enfrentado a barreras similares por parte de los medios, en reacción a las problemáticas de seguridad, incluso cuando los datos estadísticos no son particularmente notables. Al mismo tiempo, muchas áreas remotas comparables en México sufren crisis de seguridad que son mucho peores que la que Edomex ha experimentado, sin que esto alarme a los medios de comunicación nacionales o a los funcionarios federales.

Como resultado de ello, las prioridades federales no están guiadas por un cálculo lógico de cuál es el problema más urgente para el mayor número de mexicanos. Más bien, están motivadas por qué región tiene la atención del mayor número de cámaras, que a menudo no es lo mismo.