Muerte sí, impuestos no: Cómo la élite de Guatemala promueve el crimen y la impunidad

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Una formidable combinación de instituciones estatales débiles, élites económicas poderosas y corrupción de alto nivel, ha mantenido las tasas impositivas excesivamente bajas por parte de los ricos en Guatemala, privando al gobierno de los recursos necesarios para combatir el crimen y reducir la impunidad.

Un sistema tributario inoperante

“En este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y el pago de impuestos” es la célebre frase que alguna vez pronunció Benjamin Franklin. Pero el renacentista del siglo XVIII nunca pasó por Guatemala.

Allí parecen no aplicarse las leyes normales, al menos no para la élite política y económica. Los ingresos tributarios representaron apenas el 10,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala en 2012, según el Banco Mundial, el porcentaje más bajo entre los países latinoamericanos que aportaron dichos datos.

El sistema tributario de Guatemala es también altamente regresivo, lo que significa que la mayoría de los impuestos recaen en los consumidores, en lugar de cobrarse a los ricos. Según un informe del Wilson Center en 2014 (pdf), más del 65 por ciento de todos los ingresos tributarios en Guatemala provienen de impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado y sobre el consumo, y menos del 35 por ciento se genera a partir de impuestos directos, como el de renta.

“Al menos en parte, [el gobierno] no va adónde realmente está el dinero”, afirma Aaron Schneider, profesor de la Universidad de Denver y coautor del informe del Wilson Center. “Los pocos impuestos que recaudan, los cobran mediante gravámenes al consumo y a las ventas; e indirectos a bienes que tienden a recaer más en los pobres que en los ricos”.

Lo curioso es que, por lo menos en el papel, Guatemala tiene tasas impositivas bastante fuertes para los ricos. Los impuestos a la renta individual y corporativos más altos son del 31 por ciento, según el Índice de Libertad Económica 2016 de la Heritage Foundation. Son iguales o superiores a los gravámenes de muchos otros países de Latinoamérica, incluyendo a sus vecinos de Honduras y El Salvador.

Pero en Guatemala, es importante distinguir entre la ley escrita y la ley de facto.

“Hay que decir que la tasa establecida en las leyes para los impuestos en Guatemala no son precisamente bajas”, dijo a InSight Crime Ricardo Barrientos, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). “Las tasas son sobre el promedio de muchos paises. Lo que es bajo es la recaudacion”.

Barrientos señaló dos razones de peso por las que Guatemala no recauda más impuestos: evasión y vacíos legales. Las repercusiones legales por evasión fiscal son prácticamente inexistentes, explica el informe del Wilson Center, a causa de la debilidad y la ineficiencia de la administración tributaria.

Los vacíos legales, entre tanto, son, en gran medida, resultado de la influencia de las élites económicas sobre el sistema político.

“Constantemente los actores económicos están buscando formas de incorporar exenciones y privilegios y regímenes especiales en el sistema tributario, para pagar menos o tener sus actividades económicas cubiertas por treguas fiscales”, declaró Schneider a InSight Crime.

16-06-21-Guatemala-Elites-Impunity2El ente económico más importante de Guatemala es el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). La asociación gremial, sostiene Schneider, tiene como tarea de rutina el bloqueo a cualquier intento de aumentar impuestos que pudieran beneficiar a un grupo empresarial a expensas de otro. El CACIF actúa básicamente como el cuerpo de paz para una clase económica fragmentada política y socialmente que representa una gama diversa de intereses.

“El CACIF no trabaja tanto coordinando los intereses de la élite para promover unos intereses como para garantizar que ningún interés único tenga predominio”, explica Schneider. “Son tanto un actor de veto como un fijador proactivo de agendas”.

La corrupción gubernamental también roba al estado potenciales ingresos. El año pasado (2015), por ejemplo, el Ministerio Público (como se conoce en Guatemala a la Fiscalía General) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el aval de las Naciones Unidas, descubrió una red de fraude masivo en las aduanas del país. Liderada presuntamente por el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxanna Baldetti, la red conocida como “La Línea” reducía en forma sistemática los gravámenes a cambio de comisiones ilícitas a su nombre. Se cree que el grupo ganaba cerca de US$328.000 a la semana solo con este esquema.

Un sistema de justicia penal mal financiado se suma a los problemas de seguridad

Entonces, ¿qué tienen que ver los bajos impuestos con el crimen organizado? Según se ve, bastante.

El crimen organizado tiende a prosperar en países con organismos estatales débiles y fácilmente corruptibles. Este axioma es un corolario de lo que se conoce en la jerga policial como “efecto globo”, si las fuerzas de seguridad ejercen presión sobre los grupos criminales en un área, esos grupos emigran a un área en la que haya menos presión.

Aun en una región en las que las instituciones estatales débiles y corruptas se consideran la norma y no la excepción, Guatemala se destaca. Tanto Baldetti como Pérez Molina se encuentran en la cárcel en espera de comparecer a juicio por acusaciones de corrupción. Y a más de un año de que estallara el escándalo de La Línea, los fiscales siguen descubriendo redes de corrupción encastradas en la administración de Pérez Molina. La fiscal general Thelma Aldana —cuyo nombramiento, hecho por Pérez Molina en mayo de 2014, fue recibido en un inicio con gran escepticismo entre los activistas anticorrupción— comparó hace poco al expresidente con un capo de la mafia.

La corrupción arraigada no es lo único que carcome la integridad de las instituciones estatales en Guatemala. Como lo muestra el informe del Wilson Center ya mencionado, los partidos políticos en Guatemala son efímeros y están sometidos a una gran volatilidad. Según el informe, casi la mitad de los 158 diputados en el congreso nacional perdieron su escaño en cuatro de las cinco elecciones entre 1995 y 2011. La adhesión partidista también es débil; entre 2008 y 2011, 100 de los 158 diputados cambiaron de partido.

Las frágiles coaliciones que se crean luego de cada nuevo ciclo electoral, comenta Schneider, pronto se disuelven cuando se requiere consenso en temas nacionales como una reforma tributaria.

“En el momento en que se presenta una propuesta de construir capacidad estatal mediante un aumento de ingresos, hay una separación inmediata de las coaliciones políticas y los actores económicos que apoyan las facciones políticas, pues todos tratan de crear huecos en cualquier tipo de acuerdo que se fije para aumentar la tributación”, dice.

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Es posible que en circunstancias normales, la corrupción estructural y un sistema político ineficaz condenara las posibilidades de seguridad de un país. Pero resulta que Guatemala está situada a lo largo de la principal ruta para las drogas ilícitas que corren en dirección norte de Suramérica a Estados Unidos. Además de los grupos narcotraficantes transnacionales que se han asentado en Guatemala, el país centroamericano también es sede de las violentas pandillas callejeras Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

Con la disputa que mantienen los grupos criminales con el Estado por el control de algunas partes del país, no es de sorprender que Guatemala se sitúe normalmente entre los primeros cinco lugares de los países más violentos de Latinoamérica. Y la capacidad del gobierno para resolver los casos de homicidio es tan escasa como su capacidad para prevenirlos. Según el comisionado Iván Velásquez, de la CICIG, los fiscales guatemaltecos solo esclarecen el 10 por ciento de todos los casos de homicidio.

Es de amplio dominio que los impuestos bajos y un aparato estatal carente de recursos contribuyen a los problemas crónicos de seguridad y justicia en Guatemala.

“No hay dinero suficiente que alcance para pagar un sistema judicial y de seguridad decente que pueda enfrentar las presiones que afronta Guatemala”, observa Schneider.

Barrientos es de la misma opinión. “Un Estado… con una tasa tributaria del 10 por ciento no puede financiar una sistema y administracion de justicia que funciona bien”, comenta.

En noviembre de 2015, Velásquez indicó que Guatemala solo enfrentará la impunidad generalizada en crímenes violentos cuando el país destine mayores recursos a las fiscalías, jueces y al sistema judicial.

¿Un cambio en el horizonte?

En octubre de 2015, el excomediante de televisión Jimmy Morales remontó la ola de descontento público para lograr una victoria aplastante en las elecciones presidenciales de Guatemala. Aunque su condición de neófito político le ayudó a ganar las elecciones, ha obstaculizado su capacidad de construir una coalición en torno a temas como la reforma tributaria.

“Se presentó como alguien de fuera, pero eso implicaba que la organización partidista que puso en el poder tenía muy pocas conexiones y alianzas profundas con otros partidos”, explica Schneider a InSight Crime.

Barrientos fue más tajante. “El de Jimmy Morales es quizás el gobierno más débil de los últimos 40 años”.

Según Schneider, un presidente tiene generalmente mejores opciones de adelantar una reforma tributaria en la primera parte de su administración, cuando tiene la mayor cantidad de capital político y su coalición es más fuerte. Morales, sin embargo, aún tiene que capitalizar al máximo cualquier escasa oportunidad que tenga de adelantar una reforma tributaria.

“Aunque armó una coalición recién llegado a la presidencia, preveo que esa coalición se desarmará antes de que se decida siquiera a hacer algo en el plano tributario”, dice Schneider.

Aun cuando Morales lleva menos de un año de su periodo presidencial, la ventana de oportunidad para una reforma tributaria se cierra rápidamente. Es difícil ver cómo Morales pueda construir una coalición centrada en la reforma al código tributario antes de que se cierre definitivamente.

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