InSight Crime publicó un artículo en el que examina el pago de impuestos por parte de las élites de Guatemala y sus implicaciones para la situación de seguridad del país. A continuación se presenta la respuesta de los representantes del sector privado de Guatemala al artículo de InSight Crime.
El 27 de junio, InSight Crime publicó un artículo titulado “Muerte sí, impuestos no: Cómo la élite de Guatemala promueve el crimen y la impunidad”. El autor se expresó en un tono inequívoco sobre Guatemala, sus impuestos y su gente. Como guatemaltecos y ciudadanos interesados en su desarrollo inclusivo, estamos de acuerdo en que el tema fiscal es una parte muy importante del rompecabezas de nuestro desarrollo. Sin embargo, no estamos de acuerdo con muchos de los supuestos subyacentes al mencionado artículo y por lo tanto con muchas de sus conclusiones. Escribimos este artículo con la esperanza de derribar algunos estereotipos erróneos sobre la situación fiscal, con el fin de promover un diálogo más profundo acerca de las soluciones posibles en el futuro.
Un simple ejercicio de verificación:
1. El autor afirma que “lo curioso es que, por lo menos en el papel, Guatemala tiene tasas impositivas bastante fuertes para los ricos. Los impuestos a la renta individual y corporativos más altos son del 31 por ciento”. Esto es totalmente falso. La verdad es que los ciudadanos guatemaltecos pagan muy poco en materia de impuestos sobre la renta. Nuestra más alta tasa de impuesto marginal para los individuos es del 7 por ciento y no del 31 por ciento, como se señala.
El autor hace además graves acusaciones sobre el papel del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) para mantener esa tasa de impuestos en un nivel bajo. El hecho es que en el año 2012 la Comisión Fiscal del CACIF hizo un análisis y propuso aumentar las tasas de impuestos personales, pero la propuesta fue rechazada por la administración Pérez Molina y por los miembros del Congreso, quienes se sintieron afectados personalmente por la propuesta.
2. “Los vacíos legales”, escribe el autor, “son en gran medida resultado de la influencia de las élites económicas sobre el sistema político”. Y respalda esta afirmación apoyándose en una fuente que dice que “constantemente los actores económicos están buscando formas de incorporar exenciones y privilegios y regímenes especiales en el sistema tributario, para pagar menos o tener sus actividades económicas cubiertas por treguas fiscales”.
Esto es falso. Si los vacíos legales, los privilegios y la exenciones para las corporaciones fueran tan altos como se dice, los impuestos sobre la renta de las corporaciones en Guatemala no representarían el 3.5 por ciento del PIB. Ello sin tener en cuenta las altas tasas de informalidad y evasión fiscal de aproximadamente el 65 por ciento de la economía informal, que por lo tanto no contribuye a los impuestos de los ingresos corporativos. El nivel de 3.5 por ciento es similar al promedio de la OECD y superior a la contribución de 2.3 por ciento de Estados Unidos. Según la CEPAL (2015), los impuestos corporativos representan aproximadamente el 90 por ciento de todos los impuestos, en comparación con el 20 por ciento en Estados Unidos. Por último, en lugar de buscar exenciones fiscales, el CACIF y FUNDESA escribieron un documento conjunto en el 2014, en el que hacían propuestas concretas para aumentar la recaudación de impuestos.
3. El autor insinúa que los consumidores pagan impuestos excesivos: “Más del 65 por ciento de los ingresos tributarios (…) provienen de impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado (IVA)”. Esto es parcialmente cierto. El porcentaje de impuestos indirectos con respecto a la totalidad de los impuestos es alto, pero ello se debe sobre todo a bajas tasas de recaudación de otros impuestos, más que a un excesivo cobro del IVA. De hecho, el IVA en Guatemala es el tercero más bajo de la región, sólo por encima del de Panamá y Paraguay. Como dato adicional, el 46 por ciento del IVA se recauda en el momento en que se importan las mercancías, especialmente si provienen de empresas que cumplen con las leyes. También vale la pena señalar que 46 por ciento es un porcentaje mucho más grande de lo que representan las importaciones para la economía del país, lo que se debe, una vez más, al alto grado de evasión de impuestos por parte de la economía informal.
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Como lo señala el autor, la Procuraduría General de la República y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) descubrieron una “masiva red de fraude en la aduana del país”, conocida como “La Línea”. El expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y las directivas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre otros, enfrentan juicios por cargos de corrupción. A pesar de que esto es un gran paso en nuestra búsqueda de justicia, las cifras de recaudo de impuestos a las importaciones no han mejorado, lo que nos lleva a pensar que existen otras “Líneas”. Otro caso, el “Caso Redes”, ilustra que las autoridades fiscales estaban más interesadas en cobrar comisiones para sí mismas que en desempeñar la función que les fue encomendada.
También estamos de acuerdo en que la recaudación de impuestos es en general baja, y que se necesitan inversiones adicionales para promover el Estado de derecho. La debilidad del SAT y su corrupción rampante son un factor importante para explicar las bajas tasas de recaudación. El CACIF y FUNDESA han sido activos promotores de la propuesta legislativa 5056, “Ley para fortalecer la transparencia y la gobernanza de la SAT”, de modo que las autoridades puedan ser más efectivas en la recaudación de las obligaciones impuestas por la ley. Con ello no pretendemos negar que podría haber algunas manzanas podridas entre los miles de empresas que operan en Guatemala, o que deberían ser responsabilizadas por sus malas conductas. Por el contrario, creemos que debe aplicarse el debido proceso y que la justicia se debe aplicar a cualquier persona que viole la ley.
En Guatemala, el sector privado ha estado colaborando con las autoridades para hacer frente a ciertos males a corto plazo y conducir el desarrollo inclusivo del país a largo plazo. El CACIF y FUNDESA, dos instituciones independientes, han unido esfuerzos para promover el plan de acción Mejoremos Guate, un programa de desarrollo integral para reducir la pobreza.
Mediante el trabajo y las propuestas de su componente de Seguridad y Justicia, el plan Mejoremos Guate ha contribuido enormemente a promover el Estado de derecho y la lucha contra la impunidad. Se podrían citar muchos ejemplos importantes, pero tal vez el más sobresaliente es la reciente firma del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad y la Justicia, un programa que busca solucionar los cuellos de botella en la cadena nacional de la seguridad y la justicia. Sugerir que el sector privado se beneficia de alguna manera de las instituciones débiles, la impunidad rampante y la falta del Estado de derecho es totalmente absurdo.
Un exembajador de Estados Unidos nos dijo alguna vez: “No cuestionen su lógica, cuestionen sus hipótesis”. Si las premisas son erróneas, las conclusiones, sin duda, serán incorrectas. Repetir un estereotipo erróneo no lo hace más cierto, no importa cuántas veces se repita. Por el contrario, regurgitar suposiciones erróneas sólo hace más difícil llevar a cabo un diálogo constructivo e impide que encontremos las soluciones. Nuestra intención al escribir este artículo es invitar a que todos cuestionemos esas “verdades prevalentes”. Por nuestra parte, nos esforzaremos por hacerlo. Humildemente les pedimos su ayuda para cuestionar nuestras propias hipótesis y así aumentar nuestra capacidad para ayudar a mejorar nuestro país.
*Salvador Paiz es vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y José González Campo es presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
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