Muertes misteriosas, amenazas y embustes rodean investigación de Odebrecht

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Varios informantes en el escándalo de corrupción de Odebrecht han muerto en extrañas circunstancias, y ahora un fiscal de Perú afirma que se ha amenazado de muerte a un testigo que denunció la entrega de un soborno de un millón de dólares a un expresidente.

El fiscal peruano José Domingo Pérez denunció que investigadores y testigos han recibido amenazas de un “grupo radical” que se hace llamar “Fuerza de Choque”, dentro del Partido Aprista Peruano (APRA) del país suramericano, según información de EFE.

“Es un grupo radical que estaría buscando atemorizar y amedrentar a quienes pueden declarar a favor del Ministerio Público”, alertó Pérez, y agregó que las autoridades no pueden proseguir la investigación hasta que se identifique a los miembros de este supuesto grupo, según EFE.

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El empresario peruano Miguel Atala Herrera fue el presunto blanco de las amenazas. Supuestamente había atestiguado sobre un soborno de un millón de dólares que el expresidente peruano Alan García —líder del APRA durante décadas—, presuntamente recibió de Odebrecht, el conglomerado constructor brasileño en torno al cual se desarrolla la investigación, según El Comercio. Desde esta declaración se ha abierto una investigación sobre el tema.

Las supuestas amenazas se conocen semanas después de que García se suicidara de un tiro en el momento en que las autoridades se disponían a arrestarlo en conexión con la investigación amplia por sobornos. Se dice que Odebrecht pagó a funcionarios públicos corruptos en Perú unos US$29 millones en conexión con más de 20 proyectos de obras públicas.

Las repercusiones del caso de corrupción han sacudido la clase política de Perú.

En marzo de 2018, el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski se convirtió en el primer jefe de estado en funciones en Latinoamérica que renunciaba por la oleada de acusaciones en conexión con el caso. Keiko Fujimori, fundadora y presidenta del partido de derecha Fuerza Popular (FP), también es señalada de recibir fondos de campaña ilícitos de Odebrecht. Al expresidente Alejandro Toledo también se lo busca por aceptar supuestamente unos US$20 millones en sobornos de la gigante constructora brasileña.

Análisis de InSight Crime

A medida que el escándalo de corrupción se extiende por Latinoamérica, varios investigadores, representantes de gobierno y testigos clave que trabajan en el caso se han encontrado en una posición precaria: o guardan silencio y dejan que los engranajes de la corrupción sigan girando o asumen los riesgos que conlleva exponer las fechorías de algunos de los más poderosos de la región.

En Colombia, por lo menos cuatro personas claves para la investigación de Odebrecht han muerto o resultado heridas en misteriosas circunstancias.

Jorge Arango, uno de los tres árbitros que trabajaban para resolver los problemas con un contrato entre Odebrecht y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), murió de un infarto en agosto de 2018. Se cree que ese contrato es la piedra angular de las investigaciones contra funcionarios públicos en relación con Odebrecht en Colombia, informó El Tiempo.

Arango no es el único relacionado con Odebrecht que muere de manera repentina por problemas de salud.

El auditor Jorge Enrique Pizano fue un testigo clave para los fiscales colombianos. Se dice que descubrió pagos sospechosos relacionados con el proyecto de una autopista en el que participaban Odebrecht y el grupo bancario más grande de Colombia. Pizano además grabó conversaciones sobre irregularidades en contratos con el fiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez, quien era el apoderado de una pequeña firma socia de Odebrecht en esa época. Pizano, quien padecía cáncer y finalmente murió de un ataque cardiaco, entregó las grabaciones a un noticiero con la condición de que los divulgaran en caso de que muriera.

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Días después de la muerte de Pizano, su hijo, Alejandro Pizano Ponce de León, viajó desde España a Bogotá para el funeral de su padre. En la residencia familiar donde su padre murió, Pizano hijo tomó una bebida de una botella que se encontraba en el escritorio de su padre. De inmediato se sintió muy mal y murió de camino al hospital por lo que luego resultó ser envenenamiento con cianuro.

A finales de diciembre del mismo año, otro testigo clave, Rafael Merchán, resultó muerto de un presunto suicidio. Más adelante se supo que él también tenía rastros de cianuro en su organismo. Según El Espectador, Merchán debía testificar a favor del expresidente de ANI, Luis Fernando Andrade, con el fin de aclarar supuestas irregularidades en los contratos firmados con Odebrecht.

En otro hecho sospechoso, Amparo Cerón Ojeda, fiscal principal de Colombia en el caso, salió gravemente herida de un accidente automovilístico en Chile. Antes del accidente, Cerón Ojeda había acusado a varios funcionarios de gobierno e investigaba a miembros del Congreso en conexión con el esquema de sobornos.

Aunque aún no hay acusados o condenadas por algún delito en conexión con estas curiosas muertes y extraños accidentes, se ha levantado mucha controversia y especulación en torno a los mismos. Por lo menos, parece que ser testigo o investigador en este caso es un riesgo para la salud.

*Una versión previa de este artículo indicaba de manera errónea que Merchán iba a testificar en contra del presidente de ANI, Luis Fernando Andrade.

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