A lo largo de Latinoamérica, las sentencias por delitos de drogas de bajo nivel y no violento son desproporcionadas y resultan particularmente difíciles para las mujeres. Para ilustrar este problema, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés)ha creado un ensayo fotográfico que muestra el costo humano de las actuales políticas sobre drogas en las Américas.
Las fotografías narran las historias de cuatro mujeres, y cada una de ellas ofrece una perspectiva aguda y singular sobre el perturbador ciclo de pobreza, participación marginal, encarcelamiento y reincidencia, al cual las mujeres se ven sometidas con demasiada frecuencia.
Más del 90 por ciento de las mujeres encarceladas en el Centro Penitenciario Buen Pastor de Costa Rica tienen tres hijos o más. Sostener a estos hijos mientras se encuentran encarceladas puede resultar difícil, si no imposible.Las mujeres en las siguientes presentaciónes están encarceladas allí cumpliendo condenas reducidas por haber admitido su involucramiento en el mercado de drogas. Sus casos son representativos de lo que sucede a lo largo del continente. Ellas nos comparten sus historias.
Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Fue publicado con permiso. Vea el original aquí
Madre encarcelada
Lidieth, de 45 años de edad y con cuatro hijos, cuenta que fue arrestada por vender desde su vivienda pequeñas cantidades de crack y cocaína para mantener a su familia. Dos de sus hijos adultos fueron involucrados en el negocio familiar y enviados también a prisión.Incluso desde la prisión, Lidieth continúa cuidando a sus dos hijos menores, y ella cree que la más pequeña está siendo sometida a abusos en la casa donde vive. Lidieth actualmente cumple una sentencia de cinco años y cuatro meses, por declararse culpable de forma anticipada.
Abandonada por el sistema
Sara, de 50 años, huyó de su familia a la edad de 13 años para escapar del abuso sexual que sufría por parte de su tío. Sin educación ni oportunidades, desarrolló una dependencia en las drogas y trabajó como trabajadora sexual, y eventualmente fue arrestada por vender pequeñas cantidades de crack para mantener su consumo. Presa del pánico, Sara trató de sobornar con el equivalente de US$3,75 al oficial de policía a cargo de su arresto. Actualmente viene cumpliendo una sentencia combinada de siete años, obtenida a cambio de declararse culpable de ambos delitos.
Portadora de un círculo vicioso
Johanna, de 31 años, creció en un hogar donde sus padres vendían drogas, y estuvo expuesta a esta actividad desde temprana edad. Cuando su madre fue encarcelada y las cosas se pusieron difíciles para sus hermanos, ella aceptó llevar a Europa una maleta con drogas, pero en lugar de ello fue obligada a tragar 84 paquetes de cocaína envueltos en látex, lo cual casi le cuesta la vida. Fue encarcelada en Venezuela, pero al ser liberada cayó de nuevo en el negocio. Actualmente cumple una sentencia de seis años y seis meses por vender marihuana.
Vida después de la prisión
"J", de 28 años, es madre soltera de seis hijos. Para mantener a su familia, ella aceptó ingresar drogas a una prisión pero a último minuto se arrepintió y entregó las drogas a los guardias de la prisión. Fue arrestada y sentenciada a más de cinco años. J se benefició de una reforma legislativa en el país, y fue liberada tras cumplir sólo cuatro meses en la cárcel, pero el registro de sus antecedentes hace casi imposible que encuentre empleo. Ella no cuenta con apoyo familiar, y no tiene hogar ni trabajo. Este delito figurará en sus antecedentes durante los próximos 10 años.
Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Fue publicado con permiso. Vea el original aquí
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