Mujeres trans: las víctimas invisibles de la trata de personas

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Sharon nos recibe en su casa, en la calurosa selva de Pucallpa. Está en sandalias, con un vestido largo y el cabello recogido. Acaba de servir la cena para su familia y nos pide salir al patio, lejos de ellos, para contarnos cómo, a sus veinte años, ya escapó dos veces de la trata de personas sin que las autoridades, ni ella misma, lo sepan.

Era octubre del 2014. Tenía dieciséis y la vida parecía cambiarle. Sus padres habían empezado a aceptar su identidad trans y ella buscaba nuevas formas de llevar dinero a casa, lejos de la prostitución. Por eso, cuando una señora le ofreció ser cajera en un bar de Huánuco, a ocho horas de su ciudad natal, no lo dudó. Todavía recuerda el nombre del local: el ‘Big Bam’ (sic). Allí la encerraron, la vistieron de varón y la ofrecieron como gay a las personas que llegaban en busca de cerveza y sexo.

Violencia y esclavitud

“La policía hizo un operativo y nos sacó a empujones. Me dejaron en un albergue de varones, seguro por la ropa. Mi papá tuvo que ir a sacarme. Fuimos a buscar a la dueña del bar para que me pagara el sueldo prometido, pero no quiso”. En el parte policial y fiscal del 23 de octubre del 2014 consta la intervención al local por “actos reñidos contra la moral”, pero no existe una causa judicial que identifique a Sharon como víctima.

La madre de Sharon se deja fotografiar con ella; la abraza dentro y fuera de las tomas, le pregunta si cenó suficiente. La segunda vez que la trata se llevó a su hija fue a ella a quien engañaron. Una trans adulta, popular en el barrio, le prometió que Sharon sería su asistente en un salón de belleza en Argentina; solo debía firmar el permiso de viaje.

Fue un recorrido eterno, por tierra, con escala en Lima, y pasando por Santiago de Chile hasta llegar a la ciudad de La Plata. Allí su cuerpo ya tenía precio: un año y medio en prostitución callejera para costear su traslado. Estuvo solo seis meses, hasta que su mamá pudo reunir dinero para comprarle los pasajes de regreso. “Esa vecina vuelve al barrio, pero no me dice nada porque ve que me puedo defender”, señala.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Ojo Público. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

La ruta de la explotación

En este reportaje documentamos las vulnerabilidades que rodean la vida de las adolescentes y adultas trans desde que abandonan sus hogares, empujadas por la violencia que reciben de sus padres o para expresar su identidad sexual, y cómo este desarraigo las lleva a ser un blanco fácil de la trata de personas o el comercio sexual infantil. La principal ruta de su explotación recorre la selva peruana y llega a Lima o continúa a países como Argentina e Italia, pero es invisible para la mayoría de las víctimas, pues estas creen que es el precio que deben pagar por su identidad.

Enviamos pedidos de acceso a la información pública a la Policía Nacional, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a la Fiscalía y al Poder Judicial, para conocer cuántas menores y adultas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) fueron rescatadas de la explotación sexual y la trata de personas; a cuántas se les otorgó protección estatal y qué casos derivaron en procesos judiciales.

Las estadísticas muestran que solo en 2017 la policía liberó a 725 personas en situación de trata; la Fiscalía mantuvo 1.464 demandas en curso, y el MIMP acogió a siete mujeres en riesgo. Se desconoce cuántas de ellas pertenecen a la población LGBTI, porque el sistema de registro estatal es binario y obliga a encasillar a las víctimas en masculino y femenino; la única manera de saberlo es apelar a la memoria de los funcionarios que atendieron los casos.

Así, mientras las pocas denuncias que llegan a las autoridades se pierden en las estadísticas, historias como las de Sharon se mantienen invisibilizadas.

Para reconstruir las denuncias penales en curso, nos comunicamos con las ocho Fiscalías Especializadas en Trata de Personas que funcionan desde hace dos años en el mismo número de regiones del Perú; también contactamos a las 24 Fiscalías de Crimen Organizado que asumen dicha labor en el resto del país. Solo en la oficina de Lima, a cargo de las fiscales Miluska y Berenice Romero, confirmaron que hay cuatro denuncias en curso que involucran a menores y adultas trans en situación de trata.

En la región Junín, en cambio, no hay registros. No existe un proceso judicial a favor de Otilia, nombre con el que ella se identifica. “Por gusto he hecho la denuncia; no han hecho nada, absolutamente nada, en blanco”, nos dijo. La intensidad en sus ojos es intimidante, aun en la oscuridad de la noche.

Estamos en la misma plaza de Pucallpa donde, hace tres años, una señora se acercó a comprarle un plato de comida que vendía al paso, en una carretilla. Luego de alabar su sazón, le propuso que sea su cocinera en un restaurante. Otilia aceptó y emprendió un viaje que la llevó al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona de la selva central del Perú cercada por la extrema pobreza y los rezagos del terrorismo y el narcotráfico.

“Un año y ocho meses encerrada con llave, sin ver la luz, sin dormir bien. La señora me daba comida como a un perro. Era un bar y quería que yo trabajara con mi cuerpo. Nunca lo hecho, me negué y me encerró en la cocina (..) Quizá porque era maricón, como no quería trabajar, la señora me encerraba para no salir (…) Me escapé por la ventana. Le he roto la ventana, ya no me importaba nada. Todo le dije a la policía, pero no me creyeron”, dijo.

Quien sí le creyó fue una mujer que vendía almuerzos en un caserío de Pangoa, Junín. Durante cuatro meses la ayudó a lavar platos y con el dinero que juntó pudo regresar a su tierra, pero cuando lo hizo, sus familiares ya la habían dado por muerta.

La denuncia que Otilia hizo en la comisaría de Junín nunca llegó a la División Policial de Investigación contra la Trata de Personas.

IQUITOS, LORETO

Iquitos, la ciudad amazónica conocida por el barrio sumergido de Belén, es el primer destino de niñas y adolescentes trans que huyen de las comunidades nativas de la región de Loreto, a las que solo se llega tras horas o días de viaje en lancha. Escapan de la pobreza y la violencia en sus hogares, pero también de la enfermedad, o de la suma de todos estos factores.

“K” abandonó su natal Tamshiyacu, un pueblo en la ribera del río Amazonas, cuando tenía doce años, semanas después de que le detectaran VIH. A esa edad tuvo que calcular las consecuencias de seguir viviendo en una comunidad conservadora y religiosa, donde se cree que las personas trans y el VIH son propiciados por el demonio, y el tratamiento antirretroviral es escaso. “Enterarme fue lo más duro que me ha pasado”, señaló. Hoy tiene 23 años y no le ha contado a sus padres que es portadora, por eso no quiere que revelemos el nombre que la identifica.

Según Ximena Salazar, antropóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, experta en el tema, las personas trans empiezan a revelar su identidad entre los diez y los trece años, y a esa edad, sin documentos, soporte económico ni educación concluida, abandonan sus casas por el rechazo de sus familias o para encontrar un lugar en el cual desenvolverse con el género con el que se identifican. La migración que inician es clandestina, marcada por la violencia, la persecución, la discriminación y la privación de sus derechos básicos.

Por eso son vulnerables a ser víctimas de explotadores y tratantes.

Chriss también es oriunda de Tamshiyacu y llegó a Iquitos a la misma edad de “K”, sin educación primaria concluida. Ella asegura que logró vencer el rechazo que sentían sus padres hacia su identidad sexual, y ahora los tiene a todos viviendo bajo el mismo techo, con más hermanos y sobrinos a quienes ayuda a mantener con el dinero que obtiene de la prostitución. Tiene 23 años y quiere migrar a Italia, porque ve que otras trans regresaron con mejores ingresos y pudieron comprar una casa para sus familias.

Carlobi Ríos, coordinadora de la Red Trans en Loreto, reconoce que se llevan a las chicas a Italia y Argentina para prostituirse por voluntad propia, pero no les advierten que al llegar la mayoría es obligada a vender droga o robar para pagar sus traslados y alojamiento. “Eso les da mayores ganancias ¿Y crees que les pueden decir que no? Como dicen aquí: solo las honradas demoran en pagar sus deudas”, sostiene.

Los que financian los viajes son trans mayores a las que llaman ‘madres’, por su rudeza o experiencia; y delincuentes que controlan a varias chicas haciéndoles creer que son pareja; sin embargo, la fiscalía y la policía de Loreto no tienen víctimas trans identificadas, solo homosexuales que captan mujeres para la explotación sexual.

En el Perú la prostitución no está penada, pero sí que alguien facilite o se lucre de la actividad sexual de un tercero, lo que se conoce como favorecimiento, proxenetismo y rufianismo.

El Código Penal también contempla dos delitos de mayor gravedad: la explotación sexual, por obligar a otro a ejercer actos sexuales y ganar dinero a costa de ello; y la trata de personas, que implica la captación, traslado, retención y explotación de una víctima para fines sexuales, laborales, de mendicidad o venta de drogas.

Las víctimas crean vínculos de dependencia y terminan sometidas. “La madre te da de comer o te defiende de una paliza, pero a cambio saca dinero de tu cuerpo. El ‘marido’ nos vive, nos golpea, nos agobia y no decimos nada porque pensamos que es normal. Las chicas no identifican la explotación, la trata ni el abuso. Las puedes hacer dormir en el suelo y ellas estarán agradecidas porque no conocen otra cosa. Hemos entrado en un círculo de violencia normalizada”, explica Miluska Luzquiño, directora de la Red Trans Perú, organización que lucha por los derechos de este colectivo.

Dentro de la población LGBTI, las personas trans son las que tienen menos oportunidades de salir de este círculo. Una encuesta del 2016 que el colectivo “No tengo miedo” realizó entre 118 mujeres trans de seis regiones del Perú, reveló que el 38% de ellas no completó la educación primaria o secundaria y el 50,8% no cuenta con seguro médico de ningún tipo.

Tampoco tienen DNI, porque nunca lo tramitaron al cumplir la mayoría de edad o porque no quieren renovar el que obtuvieron, pues no refleja su identidad. Sin familia, escuela, ni trabajo que las acepte, las trans sobreviven en la exclusión.

En 2016 se presentó en el Congreso el Proyecto de Ley 790, impulsado por la Red Trans Perú para que las integrantes de este colectivo pudieran modificar el nombre y el sexo que figura en su DNI, además de coordinar medidas para frenar la discriminación y promover el acceso a un trabajo digno. El documento, sin embargo, duerme desde diciembre del 2016 en la Comisión de Mujer y Familia.

LIMA, PERÚ

En el centro de la capital, y detrás de una iglesia, la explotación sexual de trans se camufla en la noche.

Lima: zona de tránsito y acogida

Esclavas del Sagrado Corazón. Ese es el nombre de la iglesia que ocupa casi una cuadra de la avenida Tacna, la principal vía de acceso al Centro Histórico de Lima. Sus muros santos colindan con el Jr. Washington, una calle donde decenas de trans inmersas en la prostitución acumulan historias de violencia y vulneración de derechos que ellas mismas no logran identificar.

La mayoría de trans que recorren los jirones Washington Zepita y Peñaloza asegura ejercer la prostitución sin proxenetas de por medio, pues el último ‘caficho’ que cobraba cupos fue capturado hace ocho meses. Solo conversando con ellas podemos identificar a algunas que migraron de Iquitos, Pucallpa, Chiclayo y Trujillo en la adolescencia, siguiendo a una trans mayor o a un falso novio, a quienes pagaron con prostitución las deudas contraídas por la protección o el amor que decían brindarles.

Daleska tiene solo 15 años y asegura no ser explotada por nadie, pero sabe lo que ocurre: “Personas como yo, o de menor edad, se enamoran de un hombre, pero este solo ve dinero. Ve qué puede ganar [con ellas], por la edad o tal vez porque se ven bien. El chantajismo emocional en nuestra sexualidad es algo normal, porque nos sentimos solas, porque nunca tuvimos afecto, porque nos botan. Entonces te chantajean, hacen de ti lo que quieren y lo único que les queda es obedecer y darles el dinero. Comprarles ropa y hacerlos vivir de ellas”.

Ella migró a los 13 años desde la costa norte de Chiclayo, y ahora vive con otras trans en viejas casonas del Centro de Lima, en cubículos de 2 metros cuadrados por los que paga 10 dólares por noche. Lo único que conserva del pasado son dos fotos de niño. Ahora su hogar son las trans mayores que le dieron techo y protección. Delatarlas no es una posibilidad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte en su reporte Trafficking in Persons que las personas LGBTI, especialmente trans, reúnen todas las vulnerabilidades para ser víctimas de tráfico sexual. Así, desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda “mejorar los procedimientos de identificación de víctimas y adaptar los servicios de asistencia” que requiere esta población.

Sin embargo, en Perú, la División de Investigación contra la Trata de Personas (Divintrap) no realiza labores de inteligencia para saber quiénes son y dónde están. “Estamos a la espera de que esta población vulnerable se acerque para conocer cuál es la problemática que están atravesando y, partir de ahí, establecer diferentes estrategias. Tenemos personal capacitado y les pedimos que confíen en la policía”, sostuvo el coronel Antonio Capa, jefe de la Divintrap.

Luzquiño, de la Red Trans Perú, sostiene que la única relación que tienen las trans con la autoridad y, sobre todo, con el personal municipal de Serenazgo, es de violencia. En los casos más extremos las botan de las calles con chorros de agua, las golpean y abandonan en descampados; en otros, las tratan de varones y se burlan cuando quieren denunciar a su pareja por agresión. El rechazo de la autoridad municipal hacia los trans es tal que 11 de las 43 municipalidades de Lima incluyen en sus planes de seguridad ciudadana la “erradicación de homosexuales” o “travestis”.

“¿Qué haría el Estado si rescata a una víctima? ¿La trataría como hombre, le cortaría el pelo? No hay ni albergues que las protejan”, agrega.

El Ministerio Público es la única institución que acaba de implementar la variable LGBTI en su sistema de registro, a fin de indicar el género del o la denunciante. Para Rosario López Wong, la jefa de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit) de la fiscalía, la invisibilidad de estas víctimas empieza allí. Revertirla es un paso importante; no solo para las trans, sino también para toda la comunidad LGBTI, pero no tendrá efecto si no se replica en otras instituciones.

“Necesitamos demostrar que sí podemos aplicar sanciones drásticas a los tratantes que se aprovechan de la discriminación y exclusión que sufren las trans para captarlas. Es un reto porque en este colectivo hay una resistencia muy marcada a entender que se ha vulnerado su dignidad”, explica Wong.

El actual Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, documento rector de las políticas de Estado en esta materia, le dedica, por primera vez, unos párrafos a la población LGBTI para reconocer su vulnerabilidad y lo difícil que les es “acceder a los servicios de protección y atención, generándose una doble victimización”. “Las personas LGBTI poseen, en el marco de la lucha contra la trata de personas, todos los derechos propios de las víctimas de este delito”, indica la norma, pero no incluye planes ni medidas para que eso sea efectivo.

“¿Cómo denuncias la desaparición y explotación una trans?”, nos preguntó Miluska Luzquiño. El afiche de búsqueda incluiría un nombre y una imagen que no corresponden con la realidad. En la mayoría de casos no habría un documento de identidad para rastrearla ni un familiar preocupado por su ausencia, incluso ella misma ignoraría que está en situación de esclavitud. “Prácticamente no existimos”, se responde la activista.

Son víctimas silenciosas, pero las autoridades esperan que sean ellas las que se pronuncien primero.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Ojo Público. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

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