El municipio El Bagre del Bajo Cauca antioqueño constituye un claro ejemplo de lo que podría ser el postconflicto en Colombia: disputa entre grupos armados por control territorial y rentas ilegales, las fichas de la guerra en pleno reacomodo y unas comunidades aterrorizadas en medio de un fuego cruzado que no respeta ni condición social, ni género ni edad.
VerdadAbierta.com visitó esta convulsionada región.
Este artículo apareció originalmente en VerdadAbierta.com. Fue editado para mayor claridad y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
A Wilson Mendoza Cabrera lo mataron en las afueras de su residencia, ubicada en pleno corazón de El Bagre, en las primeras horas de la mañana del pasado 29 de junio, dos días después de haber participado en una marcha por la paz que tuvo lugar en este municipio. Sus colegas mototaxistas cuentan que ese día un hombre lo llamó a su celular diciéndole que necesitaba un servicio. Cuando salió a la calle a cumplir con su trabajo, fue abordado por otro hombre que le disparó en repetidas ocasiones.
Su nombre se suma a una larga lista de personas asesinadas a lo largo de este año en este caluroso pueblo del Bajo Cauca antioqueño. Nadie sabe a ciencia cierta a cuánto puede ascender esta cifra. Los más prudentes dicen que son 40 los homicidios registrados este año. Lo único cierto es que por cuenta de la cruenta disputa armada que mantienen Los Urabeños y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde finales del año anterior ya nadie contabiliza los muertos.
En este caso, la violencia se llevó a uno de los líderes más activos de los mototaxistas, un gremio que crece conforme aumentan las dificultades de la minería del oro, venida a menos desde hace poco más de dos años. En El Bagre, un municipio con una población cercana a los 35.000 habitantes de los cuales unos 17.000 viven en apartadas zonas rurales a las que solo se llega recorriendo barrientas trochas, los mototaxistas son parte determinante de la vida comunitaria, pues su papel va más allá de transportar remesas y pasajeros.
No en vano han sido los más golpeados por la violencia desatada por Los Urabeños y los grupos guerrilleros. Cifras extraoficiales hablan de 17 personas dedicadas a este oficio asesinadas este año.
De ahí que no son pocos también quienes afirman entre murmullos y con un bajo tono de voz que la muerte de Wilson puede estar ligada con su activismo y su participación en la denominada “Marcha por la paz, la vida y la permanencia en el territorio”.
Se trató de una movilización que tuvo lugar en el casco urbano de El Bagre el pasado 27 de junio, tan solo tres días después de que el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc anunciaran, desde La Habana, Cuba, el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo. La manifestación fue impulsada por la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras del Guamocó (AHERAMIGUA), organización no gubernamental que aboga por la defensa de los derechos humanos de comunidades campesinas del sur de Bolívar, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, y contó además con el apoyo de Marcha Patriótica.
Su objetivo era rechazar los actos de barbarie protagonizados recientemente por los grupos armados y clamar para que el tan anhelado cese al fuego anunciado desde la isla del Caribe, por fin se haga realidad en este rincón del Bajo Cauca antioqueño. A pesar del generalizado clima de zozobra que reina en todo el municipio, la actividad logró convocar cientos de pobladores de áreas urbanas y rurales.
“Por eso decimos que lo mataron como retaliación por haber transportado a campesinos que participaron en la movilización. Por haber llevado y traído gente de las veredas”, tal como lo afirma un integrante de AHERAMIGUA, quien carga con el peso de varias amenazas de muerte en su contra. “Así están las cosas por acá”, enfatiza. De hecho, según confirmaron integrantes de esta organización, la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia y la Personería de El Bagre, varios líderes campesinos recibieron amenazas de muerte luego de la marcha.
La movilización también sirvió de preámbulo a la instalación del “campamento de refugio humanitario”, que tuvo lugar el 29 de junio, doce horas después de la muerte de Wilson Mendoza Cabrera. Cerca de 200 campesinos provenientes de las áreas rurales de El Bagre y veredas aledañas del sur de Bolívar se concentraron en el Centro Educativo Puerto López.
“Declaramos a Puerto López como ‘campamento de refugio humanitario’. Nos quedaremos aquí hasta tanto las instituciones del Estado vengan a hablar con nosotros y atiendan la delicada situación de violencia generada por los grupos paramilitares, así como el abandono en que siempre hemos vivido”, arengaban los líderes de la iniciativa esa noche del 29 de junio.
Una historia de abandono
Según el Atlas de Tierras Protegidas, publicado por la Gobernación de Antioquia en 2010, el 70 por ciento de la extensión territorial de Segovia, así como cerca del 50 por ciento del territorio de El Bagre, aún se encuentran bajo la protección de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena.
Dentro de ese 50 por ciento figura Puerto López, un poblado que fue creciendo década tras década gracias a la prosperidad generada por la minería del oro y la explotación maderera.
A sus tierras han llegado buscadores de fortuna provenientes de todas partes del país y en todos los momentos de su historia, muchos de los cuales decidieron instalarse permanentemente. Fue el caso de Fernando*, un sucreño que viajó a este corregimiento un día de 1994 con la intención de visitar un familiar.
“Había mucho qué hacer. Los arrieros mantenían mucho trabajo; la cantidad de comida que salía de todas estas veredas era impresionante; el oro mandaba la parada”, recuerda Fernando, quien, por vueltas de la vida, terminó convertido en defensor de derechos humanos.
La agitada dinámica no logró atraer al Estado. Ni antes ni ahora. En Puerto López nunca ha existido oficina alguna, ni siquiera estación de Policía. Al estar en tierras de Ley Segunda, poco o nada han invertido las autoridades municipales en electrificación, acueducto, alcantarillado, vías, centros de salud, escuelas, viviendas, entre otros.
Ese “vacío de poder estatal” fue copado por los grupos armados ilegales. El primero en llegar a estas tierras fue el ELN, a principios de los años noventa. Poco tiempo después llegaron las FARC. Luego incursionaron los hombres del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando de Vinicio Virgues Mahecha, alias ‘Jota-Jota’, principal lugarteniente de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.
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La llegada de los paramilitares cambiaría por completo la vida en Puerto López. Fernando aún lo recuerda bien. “Eso fue como en junio de 2000”, relata. “Los ‘paras’ convocaron a todo el mundo a una reunión en el parque. Toda aquella persona que no fue a la reunión la mataron. Como a los tres días, un francotirador de las FARC mató a un ‘paraco’. Siguieron hostigamientos hasta que en 2001 se presentó el primer combate entre las guerrillas y los paramilitares”.
A partir de entonces, el corregimiento fue arduamente disputado. Los hombres de alias ‘Jota-Jota’ se atrincheraron en el casco urbano del corregimiento y montaron una base para repelar las constantes incursiones de las FARC.
Violencia que no cesa
“Puerto López ha sido un pueblo muy golpeado por el conflicto armado”, señala Fernando, para quien el proceso de desmovilización de las AUC no significó un día de tranquilidad para esta población. “Los paramilitares se han ido cambiando el nombre: primero como Los Rastrojos, luego como Las Águilas Negras, luego que Los Urabeños, ahora que los Gaitanistas. Siempre se cambian el nombre, pero es la misma ideología paramilitar que atenta contra el campesino”, agrega.
Luego de presenciar la sangrienta vendetta protagonizada por los herederos del paramilitarismo a lo largo y ancho del Bajo Cauca antioqueño entre 2009 y 2012, El Bagre, particularmente los corregimientos Puerto López y Puerto Claver, se convirtió en escenario de una cruenta disputa protagonizada por el Frente de Guerra Ramiro de Jesús Castro del ELN; el Frente 36 y la Columna Móvil Mario Vélez de las FARC; y los frentes Felipe Rojas y Libertadores de Zaragoza de Los Urabeños.
El “florero de Llorente” que desató esta guerra fue el rompimiento de acuerdos suscritos en 2013 entre las FARC y Los Urabeños para el control de territorios y las rentas derivadas de estos.
Así lo consignó la Defensoría del Pueblo en su Informe de Riesgo No. 007-16 del 8 de marzo del presente año.
El Bagre, bajo el fuego de Farc y ‘gaitanistas’
“¿Qué es lo que se disputan? Pues el control del territorio. Esta zona es de tránsito de coca. Y además está muy bien ubicada. Uno de aquí puede salir fácil al sur de Bolívar”, explica Fernando. Desde que se rompieron estos acuerdos, a mediados de 2015, no han cesado los combates entre estas organizaciones armadas al margen de la ley; tampoco los homicidios selectivos, las desapariciones forzadas, las amenazas a los líderes campesinos, los desplazamientos ‘gota a gota’, el reclutamiento forzado de menores, las extorsiones, entre otras vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Entre el 1 de noviembre y el 30 de mayo se han registrado cinco combates entre Los Urabeños y guerrillas que han dejado combatientes muertos de cada bando; han sido desaparecidas cinco personas y asesinadas por lo menos unas 20 personas, entre ellas William Castillo, integrante de AHERAMIGUA, y William Hoyos, exconcejal del corregimiento Puerto Claver.
Las amenazas contra dirigentes sociales también arreciaron. ONG como AHERAMIGUA señala que la cifra podría llegar a los 60 líderes intimidados. Fernando es uno de ellos. Recibió amenazas de muerte en noviembre del año anterior. “Declaré ante la UNP y me dieron un chaleco y un celular. Pa’ lo que sirven ese par de cosas por acá”, sentencia este líder campesino.
“No podemos desconocer la situación de orden público que vive el municipio, las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo, pero también es cierto que son muy pocas las denuncias que llegan a mi despacho. Las personas que salen desplazadas lo hacen en silencio, sin decirle a nadie. Lo mismo las víctimas de extorsiones, y así. Hay mucho subregistro”, declara Ingrid Verónica Chamorro, personera de El Bagre.
Y tiene razón. Según los propios habitantes de Puerto López, por lo menos unas 300 familias han abandonado el corregimiento por causa de la violencia, en medio del más completo silencio. Para corroborarlo, basta recorrer las calles de barrios como María Auxiliadora, El Prado, entre otros, para observar hileras completas de viviendas abandonas que ya comienzan a ceder frente al abandono.
“El Centro Educativo Rural Puerto López contaba a principios de año con 1.500 estudiantes. Hoy si acaso llegan a 1.000. Por un lado, las familias que se han ido, pero por otro lado, a muchos padres y madres les da miedo mandar sus hijos a la escuela, por miedo a que los recluten los grupos armados”, añade el lugareño.
¿Servirá el proceso de paz?
“Eso del ‘campamento refugio’, pues hombre, muy bueno, pero yo no me voy a aparecer por allá ni loco”, responde Jairo, un cordobés que llegó hace siete años a Puerto López en busca de mejor fortuna para él y los suyos. Al igual que él, son muchos en esta localidad los que ya no quieren participar en actividad alguna, para evitar así ser vinculados a cualquiera de los bandos en conflicto.
“Es que es muy jodida la cosa”, cuenta Jairo, quien explica: “yo por ejemplo soy mototaxista: me sale un guerrillero y me dice: ‘lleva este paquete al pueblo’ y uno llega al pueblo y ya lo está esperando el paramilitar para matarlo a uno disque por colaborador.
Y también pasa al revés. Eso no es justo. A la gente la están matando por sospecha de que apoya a los guerrilleros o a los paramilitares.
Y lo peor puede estar por venir. Jairo y otros habitantes consultados por VerdadAbierta.com, coinciden en afirmar que “el rumor es que los ‘paras’ tienen una lista negra con los nombres de 70 personas que dicen van a matar y, de hecho, ya han matado varios que según dicen, estaban en esa lista”.
Quizás por ello, buena parte de los pobladores de Puerto López, y El Bagre en general, no ocultan su escepticismo frente a los avances de los diálogos de paz en La Habana, Cuba. En una región donde las FARC han enfrentado a todos sus enemigos durante casi dos décadas, muy pocos creen que esta guerrilla, por lo menos los que operan en la zona, dejen sus armas para hacer política.
Pero más preocupante aún es lo que piensan pobladores de corregimientos como Puerto López. En medio de la zozobra que reina en la región, una buena parte de la población cree que, tras la salida de la guerrilla de las Farc de la región vendrá una arremetida ‘paramilitar’ que no respetará ni género, ni edad, ni condición social. De ahí que muchos repitan sin titubear: “si la guerrilla se va, yo me voy detrás de ellos. Aquí no me quedo”.
Este artículo apareció originalmente en VerdadAbierta.com. Fue editado para mayor claridad y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí. Fotos de Ricardo Cruz.
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