El cultivo de coca en Bolivia ha alcanzado sus niveles más bajos desde que las Naciones Unidas comenzaron a hacer monitoreo en el año 2003, lo cual acerca al país al tope establecido por quienes diseñan las políticas en materia de cultivos de coca. Pero a medida que el tráfico de drogas transnacional se intensifica, el tercer productor mundial de coca sigue siendo presionado para que actúe más.
El área de tierra dedicada al cultivo de hoja de coca en Bolivia se redujo de 20.400 hectáreas en 2014 a 20.200 en 2015, una disminución del uno por ciento, según un informe (pdf) de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUCDD).
Las incautaciones de hoja de coca cultivada ilícitamente disminuyeron un 38 por ciento, pasando de cerca de 600 toneladas en 2014 a menos de 400 toneladas en 2015, y las incautaciones de base de coca disminuyeron un 31 por ciento, pasando de 20 toneladas a menos de 14.
Pero las incautaciones de cocaína en polvo aumentaron más del doble; crecieron 111 por ciento, pasando de 4,5 toneladas en 2014 a un poco menos de 9,5 toneladas en 2015, y las erradicaciones bajaron un uno por ciento entre un año y otro, de 11.144 hectáreas a 11.020.
Bolivia ha adoptado una estrategia diferente para solucionar su problema de producción de drogas, con respecto a la de otros países de Suramérica como Colombia y México. El presidente Evo Morales —quien también fue cultivador de coca— trabaja con los cultivadores de coca locales en lugar de criminalizarlos.
Desde 2004, mediante la Ley 1008 el gobierno les ha permitido a los agricultores matriculados tener cultivos “tradicionales”, pequeños y legales, que ascienden a las 12.000 hectáreas. Más adelante, un estudio sobre el consumo de coca descubrió que se necesita más coca para satisfacer el mercado local —en el cual las personas mastican las hojas o las utilizan como medicina— y recomendó aumentar a 14.705 el tope de hectáreas.
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Los expertos dicen que la administración Morales está apuntando a una meta de 20.000 hectáreas, y las últimas cifras de la ONU sobre los cultivos indican que no está lejos de alcanzar esa meta. Su plan asume que el mercado legal de coca puede expandirse para absorber esos cultivos adicionales, aunque los detractores de dicho esquema argumentarían que éste genera un exceso de unas 8.000 hectáreas de coca que podrían filtrarse en la industria del tráfico ilegal de drogas.
Los proponentes de la estrategia experimental —la única en su tipo en la región— dicen que ésta es la primera vez que los encargados de controlar la coca entienden y dan cuenta de las necesidades de los agricultores y sus comunidades.
Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información (AIN por sus iniciales en inglés) y coautora del informe “Hábeas Coca: Control comunitario de la coca en Bolivia”, le dijo a InSight Crime el año pasado que la burocracia que implica la vigilancia de los cultivos evita la violencia y la represión que generan las campañas antidrogas militarizadas.
Pero las autoridades estadounidenses y bolivianas han discrepado en cuanto a la estrategia del país andino para el control de la coca, especialmente porque Bolivia se está convirtiendo en un centro regional de tráfico de drogas que no sólo se dedica al cultivo de coca, sino que además es un importante productor de cocaína y un país de tránsito para la cocaína y otras drogas dirigidas a otros países de la región, así como a Estados Unidos, Europa y Asia.
Análisis de InSight Crime
Las más recientes cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos difieren bastante de las publicadas por Naciones Unidas. Estados Unidos todavía no ha publicado estadísticas para el año 2015; sin embargo, para 2014, el informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos calculaba que en ese año había 35.000 hectáreas de cultivos de coca en Bolivia —unas 15.000 más que lo que indica la ONU—.
La administración Obama tiene a Bolivia en la lista negra debido a lo que dicha administración describe como una “falta de cooperación [...] en cuanto a actividades antinarcóticos” y por no “ejercer controles adecuados sobre los mercados lícitos de coca” (Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes).
Estados Unidos cerró su oficina de lucha contra estupefacientes en Bolivia en el año 2013; además, las relaciones entre los dos países han sido ásperas ya que en el año 2009 el presidente Morales expulsó al personal de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés).
La Unión Europea estaba ejecutando programas en Bolivia de manera paralela cuando Estados Unidos todavía estaba activo allí, y cuando Estados Unidos se retiró en 2013, la Unión Europea prometió US$33,4 millones en asistencia adicional, que fueron empleados en un plan más holístico de lucha contra las drogas, el cual incluía proyectos de desarrollo como el de incentivar la producción de cultivos alternativos. El enfoque de la UE está más acorde con la política del país andino.
Pero el enfoque europeo —que naturalmente busca reducir la cantidad de cocaína boliviana que llega a las costas europeas— no considera las debilidades de las fuerzas de seguridad bolivianas. Por eso desde principios de 2016 el presidente Morales ha intentado endurecer la postura de Bolivia contra la industria ilícita de cocaína en el país y la creciente presencia de organizaciones narcotraficantes transnacionales. Además, ha intentado reforzar el control de las fronteras del país, que no tiene acceso al mar.
Los agentes antinarcóticos han descubierto más de mil pistas de aterrizaje clandestinas en los últimos tres años a lo largo de las fronteras de Bolivia con Perú y Brasil, así como más laboratorios de cocaína en territorio boliviano —una señal de que el tráfico está creciendo y de que la producción está aumentando—.
En mayo de 2016, Bolivia y Perú firmaron un acuerdo para tratar de acabar con el puente aéreo que une a las organizaciones de traficantes de los dos países, por el cual se transportan por aire unas 200 toneladas de cocaína a Bolivia procedentes de Perú. Las autoridades de Bolivia y Brasil también están cooperando cada vez más.
En una entrevista telefónica, Ledebur le dijo a InSight Crime que ella cree que estas nuevas cifras sobre los cultivos hacen parte de los “serios” esfuerzos de interdicción del gobierno boliviano; su argumento se ve sustentado por los nuevos acuerdos del país con sus vecinos.
“Todos los gobiernos reconocen tácitamente que la DEA no tiene el remedio definitivo en esta labor”, dijo Ledebur.
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