Tres tribunales de sentencia de Santa Ana se han declarado incompetentes para enjuiciar al empresario Jesús Sanabria Zamora y siete personas más acusadas de traficar 5 kilogramos de cocaína. Unos dicen que el caso no es crimen organizado, otros que sí. Después de 19 meses de las capturas, será la Corte Suprema de Justicia la que determine dónde procesar a quienes las investigaciones oficiales relacionan con el Cartel de Texis.
El juicio contra el empresario y exconcejal de la alcaldía de Metapán Jesús Sanabria Zamora, capturado hace 19 meses por negociar la venta de cinco kilogramos de cocaína, se ha convertido en una papa caliente para el sistema de justicia. El caso ha pasado por tres tribunales de sentencia de Santa Ana, y los tres tribunales se han declarado con las manos atadas para enjuiciar a ese hombre robusto y calvo, de 44 años, que pensó que vendía un alijo a unos prestamistas, pero en realidad estaba proponiendo el negocio a policías encubiertos.
Este artículo fue publicado originalmente en El Faro. Vea el original aquí.
Para entender cuándo la investigación judicial se convirtió en una carga aparentemente indeseable para los tribunales santanecos, hay que remontarse hasta el jueves 13 de mayo de 2013. Ese día, concluyó la investigación judicial del caso y el Juzgado Especializado contra el Crimen Organizado de Santa Ana consideró que existen pruebas suficientes para enjuiciar a Sanabria Zamora, dueño del parque acuático Apuzunga, ubicado al norte de la cuidad de Santa Ana.
Un mes después, el 26 de junio de 2013, el expediente judicial llegó al Tribunal de Sentencia contra el Crimen Organizado de Santa Ana. En el legajo de documentos, además de las experticias sobre el peso y pureza de la droga, están las declaraciones de dos testigos claves: Samuel y Adriel, los policías encubiertos que, gracias al testimonio de un informante anónimo, sabían que el concejal se dedicaba al trasiego de droga, que tenía deudas económicas y que estaba dispuesto a negociar con ellos una buena cantidad de droga. “Vaquitas” llamaba el empresario a los paquetes de cocaína, según han declarado los policías.
Los policías encubiertos habían comenzado a negociar con Sanabria Zamora el 11 de noviembre de 2011. Tres meses más tarde, en enero del 2012, los policías encubiertos y el empresario acordaron una transacción que se realizaría en el parqueo de Los Arcos, un restaurante que está en las afueras de Texistepeque, sobre la carretera que conduce a Metapán.
Cuando los hombres de Sanabria Zamora llegaron al restaurante Los Arcos, casi al finalizar la tarde del lunes 23 de enero de 2012, la Policía y la Fiscalía ya tenían listo un operativo para capturarlos por tráfico de droga. Siete personas fueron arrestadas, entre ellos el sargento de la Policía Amaldis Alcindo Ramírez Vargas. La Policía ya sabía que esos hombres llevaban droga, pero no esperaban que se resistieran al arresto. Hubo una balacera y uno de los capturados hasta resultó herido por una bala.
Tres días después del operativo, el jueves 26 de enero de 2012, Sanabria Zamora, el segundo integrante del concejo municipal de Metapán procesado por delitos relacionados con drogas, fue arrestado. El empresario formaba parte del concejo municipal de Juan Samayoa, alcalde del PCN, que aparece en varios informes policiales como integrante de una red que se dedica al trasiego de droga. Los mismos documentos consignan el nombre del empresario José Adán Salazar como miembro importante de esa organización conocida como el Cartel de Texis. En 2009, otro integrante del concejo, Amadeo Figueroa Morales, fue arrestado y condenado a 12 años de prisión por el decomiso de 2.4 kilogramos de cocaína.
Tanto Samayoa como Salazar han negado a otros medios de comunicación responsabilidad alguna con los señalamientos que hacen las autoridades en sus investigaciones, y tampoco han accedido a conceder entrevista a este periódico.
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En el caso de Sanabria Zamora, la prueba fuerte de las autoridades era que él negoció directamente la transacción ilícita en el restaurante Los Arcos. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad fue remitido al Juzgado contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Ya han pasado 19 meses de aquel arresto. La investigación judicial concluyó sin sobresaltos, pero cuando estaba a punto de cerrarse uno de los capítulos más importantes de la historia judicial, el juicio, el Tribunal Especializado de Sentencia contra el Crimen Organizado de Santa Ana consideró que la operación encubierta que involucró a Sanabria Zamora con un grupo de narcos no había descubierto un caso de crimen organizado.
La jueza Sonia Salas consideró que el caso no cumple con los parámetros de crimen organizado que estableció una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entre otras cosas, el máximo tribunal estableció que para que un caso sea considerado como crimen organizado “ha de requerirse judicialmente una especial continuidad temporal o durabilidad que vaya más allá del simple u ocasional consorcio para el delito”.
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Una vez que el Tribunal de Sentencia de Crimen Organizado dijo que el caso no es de crimen organizado, remitió el expediente al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana. Una vez analizados los documentos, ese tribunal dijo que no era competente para enjuiciar a Sanabria Zamora porque el delito sucedió en un territorio donde no tiene competencia. Los ilícitos que suceden en Texistepeque son resueltos por el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana y, entonces, la papa caliente pasó a ese tribunal.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana recibió el expediente y programó el juicio para el 19 y 21 de agosto de 2013. Sin embargo, cuando el país regresaba de las vacaciones de agosto, el litigio que el Estado mantiene contra Sanabria Zamora volvió a dar un giro.
El 7 de agosto de 2013, el juez Guillermo Lara Domínguez resolvió que no puede enjuiciar a Sanabria Zamora porque el caso tiene características de crimen organizado, justo lo contrario a lo que determinó el Tribunal Especializado de Sentencia contra el Crimen Organizado. El expediente, entonces, fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, para que sea el pleno el que determine qué tribunal debe enjuiciar a ese hombre robusto y calvo, de 44 años, que pensó que vendía un alijo a unos prestamistas, pero que en realidad eran policías encubiertos.
*Este artículo apareció originalmente en El Faro. Fue publicado con persmiso. Lea el original aquí.
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