La más poderosa organización de narcotraficantes de Honduras, Los Cachiros, sobornó al expresidente del país y tuvo comunicaciones con el actual presidente, Juan Orlando Hernández, según lo demuestran algunos documentos que recientemente fueron desclasificados en una corte federal de Nueva York.
Fiscales estadounidenses también mencionaron al presidente Hernández como parte de una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) que inició en 2013, según lo demuestran otros documentos desclasificados recientemente. Hernández, su hermana Hilda y varios miembros de la poderosa familia hondureña Rosenthal estaban siendo investigados por "tráfico de drogas a gran escala y actividades de narcotráfico y lavado de dinero en relación con el ingreso de cocaína a Estados Unidos", como se lee en los documentos de 2015 que fueron desclasificados esta semana en una corte federal de Nueva York.
En Honduras, por otro lado, el predecesor de Hernandez, Porfirio "Pepe" Lobo Sosa, ha sido acusado de desviar fondos del gobierno hacia negocios fraudulentos mediante una empresa de construcción perteneciente a Los Cachiros.
Aunque los documentos provienen de tres casos diferentes, si se toman en conjunto, permiten suponer que los narcotraficantes cooptaron a una presidencia y trataron de influir en otra.
El 31 de mayo, el despacho de Hernández emitió una declaración en la que negaba categóricamente las acusaciones: "Irritados por haber sido enjuiciados y extraditados por el presidente Juan Orlando Hernández, varios líderes narcotraficantes de Honduras acusaron falsamente al presidente y sus colegas ante el gobierno de Estados Unidos en el año 2015".
La declaración añade que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no encontró ninguna evidencia que le permitiera "sostener la acusación" y que la DEA había por el contrario reconocido a Hernández por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico.
Fabio Lobo, operador de narcotraficantes, señala a Hernández
Fabio Lobo, hijo del expresidente, se declaró culpable de conspirar para importar cocaína, y actualmente cumple una condena de 24 años de prisión en Estados Unidos. En los documentos de la causa contra él, que fueron desclasificados esta semana, el nombre del presidente Hernández es mencionado en conversaciones entre Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes de la organización narcotraficante Los Cachiros, quien cooperó con fiscales estadounidenses con el fin de obtener beneficios penales.
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Los fiscales utilizaron grabaciones secretas y entrevistas con Rivera Maradiaga para señalar que Fabio Lobo actuó como operador del líder de Los Cachiros, presentándoselo a su padre y a funcionarios de alto rango de la policía y el ejército, quienes a su vez le facilitaron a la organización criminal sus operaciones de tráfico de cocaína y lavado de dinero a cambio de sobornos.
En los documentos de ese caso, el presidente Hernández es mencionado por primera vez cuando Fabio Lobo le dice a Rivera Maradiaga que instaba a su padre y a Hernández, quien había sido elegido presidente recientemente, a que "apoyaran" a Los Cachiros porque “el gobierno hondureño ya había tomado suficiente de ellos", y que "eran buenas personas" y "humildes".
Los fiscales dicen que Fabio Lobo menciona a su padre, a Hernández, al hermano de Hernández (Tony), quien está actualmente acusado de tráfico de drogas, y a otros políticos y militares en sus conversaciones con Rivera Maradiaga, a quienes los agentes del gobierno estadounidense se refieren como "uno de los narcotraficantes más prolíficos y violentos de Honduras".
InSight Crime consultó a la oficina del presidente Hernández en torno a las alegaciones contenidas en los documentos del caso, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Según los documentos del caso, Fabio Lobo también hizo llamadas al general Julián Pacheco, actual ministro de seguridad de Honduras, en nombre de Los Cachiros, y le envió al general la foto de una Hummer, como un posible soborno.
En cierta ocasión Fabio Lobo llevó a un informante de la DEA a una reunión con Pacheco, y le preguntó a este por su consentimiento para mover drogas de Los Cachiros, asegurándole al general que "no es mucha" cocaína. Pacheco, según los documentos, salió furioso de la reunión. Varios años después, en 2018, un informante de la DEA afirmó que Pacheco estaba involucrado en narcotráfico con Los Cachiros.
Contratos adjudicados a Los Cachiros durante la administración Lobo
En otro caso presentado por los fiscales hondureños, el padre de Fabio Lobo, el expresidente Pepe Lobo, figura en una investigación en torno a una empresa de construcción de Los Cachiros que recibió casi dos docenas de contratos durante sus primeros cinco meses de existencia en 2010, por los cuales la empresa obtuvo ganancias por US$2,7 millones, según la Fiscalía General y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Los documentos del caso muestran que la administración violó la ley para adjudicar contratos al grupo narcotraficante. Por ejemplo, la empresa de Los Cachiros, llamada INRIMAR, recibió su primer contrato por 1,6 millones de lempiras (unos US$65.000) el 2 de agosto de 2010, dos días antes de que fuera autorizada para recibir dineros públicos, según documentos investigativos obtenidos por InSight Crime.
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Hacia el 16 de diciembre de ese año, la empresa había recibido 21 contratos del gobierno de Honduras, mediante la Secretaría de Obras Públicas, Trabajo y Vivienda (SOPTRAVI).
Una fuente cercana a la investigación le dijo a InSight Crime que "la mayoría" de los contratos asignados a INRIMAR por la administración Lobo "nunca se ejecutaron".
La administración Lobo también amañó licitaciones a favor de Los Cachiros. El 10 de mayo y el 6 de julio de 2010, el gobierno de Honduras declaró el estado de emergencia para atender la devastación causada por una fuerte tormenta tropical que azotó a Centroamérica. La situación de emergencia habilitó a la administración Lobo para adjudicar contratos sin licitación. Entre mayo y diciembre, la empresa de Los Cachiros recibió seis contratos directamente de SOPTRAVI, por valor de 43 millones de lempiras (unos US$1,8 millones). Según la ley hondureña, este tipo de contratos deben pasar por el consejo de ministros, cuyo jefe es el presidente de la república.
Contratos adjudicados a la empresa de construcción de Los Cachiros
En este caso, que los investigadores han denominado "narcopolítica", los fiscales han imputado de corrupción a una docena de personas, entre ellas el entonces secretario de obras públicas del expresidente Lobo y su principal asesor. Sin embargo, el expresidente como tal aún no ha sido acusado.
Cuando InSight Crime les preguntó a investigadores de Tegucigalpa relacionados con el caso por qué Lobo no es uno de los acusados, uno de ellos dijo que la Fiscalía General ha abierto una investigación en torno al expresidente.
Durante una conferencia de prensa la semana pasada en la capital de Honduras, Pepe Lobo rechazó la investigación y acusó al director de MACCIH, Luiz Antonio Guimaraes Marrey, de estar llevando a cabo una cacería de brujas política, y lo retó a que presentara sus evidencias.
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