Narcocultura en México adopta imagen horrenda en ropa íntima

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Imágenes de agentes mexicanos de orden público humillando a presuntos miembros de un cartel han circulado en las redes sociales y han sido recogidas por algunos sitios de medios estadounidenses para el notable deleite de la prensa de derecha y periodistas ciudadanos aturdidos por la violencia.

Como lo informó Breitbart News, los videos y las fotografías de mexicanos arrestados sometidos a tratamientos bochornosos y abusivos incluyen sospechosos obligados a usar ropa íntima de mujer y una sospechosa con una bolsa plástica sobre la cabeza.

Según los informes, los incidentes son en su mayoría obra de un solo comandante de la marina, a quien identifican como Erick Morales Guevara. En 2015 Morales Guevara fue asignado al estado de Tamaulipas, al noroccidente, primero en la ciudad fronteriza de Reynosa y más tarde al pueblo costero de Tampico. En ambas poblaciones, él y sus subordinados apuntaron a los cabecillas locales del Cartel del Golfo, lo que a su vez les valió bastante resentimiento  de la organización.

Luego de acusaciones de corrupción, pasó a Michoacán, donde sirve actualmente.

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Aunque la reacción de los consumidores de las redes sociales estaba dividida, la nota de Breitbart, que fue elaborada por “periodistas ciudadanos” de los estados norteños de Tamaulipas y Coahuila, era esencialmente positivo:

Breitbart Texas habló con varios altos oficiales de la Marina mexicana indagando sobre las hazañas de… Morales Guevara, un infante de marina que en ocasiones acomodaba la ley pero llevaba a cabo sus tareas… Aunque las personas consultadas para este artículo reconocen que los métodos de [Morales Guevara] son poco ortodoxos, y algunas no precisamente legales, los resultados hablan por sí solos. El equipo de Morales ha estado detrás de una serie de arrestos importantes, además de decomisos de dinero en efectivo, drogas y armas, que afectaron gravemente las operaciones de los carteles de la droga, dijeron las fuentes.

Análisis de InSight Crime

Ese comportamiento por parte de agentes que realizan arrestos no es para nada extraño. Los sospechosos mexicanos de alto perfil por lo general son obligados a desfilar delante de la cámara cuando quedan bajo custodia, y sus caras en ocasiones presentan magulladuras. Y la reacción positiva de Breitbart y demás personas en las redes sociales muestra que hay un claro apetito por la denigración en público de las figuras del crimen organizado.

Hasta cierto punto, es comprensible este deseo de ver degradados a los criminales. Durante décadas, los grupos criminales más grandes de México se han burlado de las instituciones públicas del país, e intimidado a todos, desde agentes del gobierno hasta periodistas y maestros.

Los mismos grupos muchas veces han atacado con total impunidad a civiles. Para cualquier interesado en la integridad de la sociedad democrática en México esa situación que ya se prolonga por varios años es bastante frustrante, e incluso humillante, y ver las figuras responsables de eso sufriendo una humillación similar permite mitigar la sensación de impotencia.

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Pero el deseo natural de cambio no debe confundirse con políticas que resuelvan las causas de la inseguridad. Por el contrario, la estrategia supermacho, basada en la idea de que el más fuerte inexorablemente gana, se acomoda mejor a una película de acción barata que a la vida real. Los problemas de México demandan mucho más que esta concepción de fuerza limitada y errónea: requieren creatividad intelectual, paciencia y fuerza de voluntad.

Aunque existe una gran diferencia entre vestir con ropa interior femenina a un sospechoso y asesinarlo, la deshumanización de presuntos criminales es una pendiente resbaladiza que puede llevar a abusos con mayores consecuencias.

Aunque existe una gran diferencia entre vestir con ropa interior femenina a un sospechoso y asesinarlo, la deshumanización de presuntos criminales es una pendiente resbaladiza que puede llevar a abusos con mayores consecuencias.

En una democracia, el respeto por los derechos humanos debe defenderse aun cuando se trate con los criminales más peligrosos de un país. México lleva años en la lucha por evitar abusos en la ejecución de operaciones de seguridad. Casos como el la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya han afectado gravemente la imagen internacional del actual gobierno y su respaldo popular en México.

Aun antes de que la administración de Enrique Peña Nieto asumiera el poder, ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch habían suministrado informes detallados sobre toda suerte de abusos por parte de agentes de seguridad en México, desde violación y tortura hasta desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Aunque existe una gran diferencia entre vestir con ropa interior femenina a un sospechoso y asesinarlo, la deshumanización de presuntos criminales es una pendiente resbaladiza que puede llevar a abusos con mayores consecuencias. Independientemente de dónde se sitúa una acción en esa cuesta, el patrón de abusos del gobierno refleja un defecto muy arraigado que debe resistirse en todas sus formas.

Aún más allá del problema de los abusos a los derechos humanos, esta predisposición a deshumanizar a los sospechosos es contraproducente. En el corto plazo, puede interferir con la capacidad de las autoridades de crear redes de fuentes, y es de suponer que complica los esfuerzos por interrogar a los detenidos. Desemboca en políticas abusivas: arrestos en masa y el extendido encarcelamiento antes del juicio, que han contribuido al hacinamiento en las prisiones mexicanas.

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A la larga, esta deshumanización crea sospechas persistentes de los organismos de policía entre las mismas comunidades cuya cooperación más se requiere.

Hay cierta lógica superficial en el argumento de que abusar de los detenidos tiene un fuerte valor propagandístico. Demostrar que los hampones no son superhombres invulnerables puede socavar el temor del público hacia los carteles, lo que hace más difícil su accionar.

Pero, aparte de la cuestión de la ilegalidad, no hay evidencia real que dé piso a la efectividad de los abusos contra los derechos humanos como instrumento de imposición de la ley. Más que una forma poco ortodoxa de afectar la mística del hampa, es una concesión innecesaria al miedo y la rabia colectivos. Es un reflejo de los peores impulsos humanos que deben condenarse en lugar de celebrarse.

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