Como respuesta a las preocupaciones públicas por la creciente actividad del narcotráfico y la violencia en el país, los principales candidatos presidenciales de Argentina han propuesto soluciones similares —y en cierto modo alarmantes— para estos asuntos, en vísperas de las elecciones de este domingo.
Este 25 de octubre, Argentina celebrará sus elecciones generales de 2015, y el electorado acudirá a las urnas para elegir un nuevo presidente y representantes legislativos.
Independientemente de quién gane, estas elecciones darán paso a una nueva era política en Argentina; la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner está constitucionalmente impedida para postularse de nuevo, dado que ya ha ocupado la presidencia por dos períodos consecutivos. (Entre ella y su marido Néstor Kirchner, predecesor de Cristina, los Kirchner han ocupado la presidencia desde el año 2003.)
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Argentina
Más allá de la importancia de elegir a un presidente que no lleve el apellido Kirchner, después de más de una década, las campañas electorales han estado dominadas por una serie de cuestiones claves. Entre ellas se encuentran: el empeoramiento de la situación económica del país; la política social y agrícola; y, de particular preocupación entre los argentinos, los asuntos de seguridad y crimen.
De hecho, las propuestas para combatir la actividad relacionada con drogas y la violencia del narcotráfico en Argentina han sido sobresalientes en las campañas de los tres principales aspirantes presidenciales.
Las políticas antidrogas de los candidatos
Los tres principales aspirantes presidenciales han presentado soluciones similares acerca de cómo hacer frente al creciente comercio de drogas en Argentina. Las propuestas se han centrado particularmente en militarizar la política de drogas, aumentando el papel de las fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Además, los tres candidatos coinciden en la necesidad de crear una nueva agencia federal para investigar los crímenes de drogas.
Daniel Scioli (Partido Justicialista/Frente para la Victoria)
Daniel Scioli (Partido Justicialista/Frente para la Victoria), precandidato respaldado por los Kirchner, ha llamado al narcotráfico “el enemigo público número uno”.
Por esta razón, Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha prometido triplicar el número de oficiales de la marina y la policía nacional en los próximos cuatro años. También se ha referido públicamente a la idea de crear una policía local enfocada en el microtráfico.
La actual ley argentina prohíbe que las fuerzas armadas asuman roles específicos de la policía nacional, a menos que “el presidente considere que el sistema de seguridad nacional sea insuficiente”. El año pasado, sin embargo, Scioli sugirió que el gobierno reevaluara esta prohibición del ejército.
Sergio Massa (Frente Renovador)
Sergio Massa (Frente Renovador) también ha estado a favor de políticas más fuertes de lucha contra las drogas, y se ha referido al narcotráfico como un “riesgo de seguridad nacional”. Sus propuestas incluyen el uso de la policía y el ejército para militarizar zonas “actualmente en manos de los narcotraficantes”. Massa ha propuesto además aumentar el uso de radares, autorizar a los militares para que derriben aviones que sean sospechosos de llevar drogas, y usar drones para detectar los cargamentos de droga que crucen la frontera.
Mauricio Macri (Propuesta Republicana)
El actual alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri (Propuesta Republicana), también ha puesto las drogas ilícitas en el centro de su plataforma, diciendo que, en caso de resultar elegido, derrotar el narcotráfico será uno de sus tres grandes retos. El asesor de políticas antidrogas de Macri, Eugenio Burzaco, ha solicitado una “completa reingeniería” de la seguridad nacional. Al igual que Massa, Macri está a favor del derribo de aviones sospechosos de transportar drogas ilegales.
Los candidatos reflejan la ansiedad popular
Las propuestas de políticas antidrogas de los tres candidatos reflejan la alarma generalizada entre los argentinos por el creciente papel del país en el tráfico de drogas a nivel regional.
La Universidad Católica de Argentina descubrió que entre 2010 y 2014 el conocimiento público sobre la venta de drogas en los barrios aumentó 50 por ciento. Otro estudio reciente halló que 8 de cada 10 argentinos creen que el tráfico de drogas y la drogadicción son “problemas serios” en el país. De los encuestados, la mitad recomienda “leyes más duras” para abordar el problema.
Los escándalos de “cocaína en arroz” y “carbón blanco”—dos sobresalientes casos de narcotráfico en días recientes— probablemente han contribuido a que haya mayores percepciones sobre el tráfico de drogas en las vísperas de las elecciones este domingo. Durante la campaña presidencial, varios estudiosos y expertos en drogas les pidieron a los políticos que realizaran un “debate serio” sobre políticas de drogas. El Observatorio de Prevención del Narcotráfico en Argentina (Oprenar) les envió recientemente un documento a los tres candidatos principales, en el que se delinean las medidas que el próximo presidente debe tomar para hacer frente al tráfico de estupefacientes.
El pueblo argentino tiene razón en estar preocupado. En los últimos años, el crimen organizado y el narcotráfico se han vuelto cada vez más frecuentes. Las organizaciones narcotraficantes extranjeras, especialmente los grupos colombianos, han establecido una presencia creciente en Argentina, utilizando al país como escondite y como punto de partida para los cargamentos internacionales de drogas con destino a Europa. Este aumento en la actividad de la droga va acompañado de un aumento de la violencia, dado que los grupos criminales se disputan el control del cada vez más lucrativo mercado interno de las drogas en Argentina.
La militarización: ¿Un resultado inevitable?
Aunque en general parecen estar en consonancia con las prioridades del pueblo, las propuestas de los candidatos de militarizar la lucha contra las drogas generan preocupación. Existen evidencias de que la militarización de la seguridad nacional —una opción popular entre los gobiernos latinoamericanos— es perjudicial para los derechos humanos y tiene poco impacto general sobre el crimen y la violencia a largo plazo. La retórica de los candidatos también va en contra de las medidas adoptadas bajo la administración Kirchner para despenalizar el consumo de drogas y eliminar la participación del ejército en la lucha contra el narcotráfico.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre política de seguridad
Sin embargo, la conveniencia de involucrar al ejército en la lucha contra el crimen, y el deseo por lograr resultados rápidos y demostrables, pueden resultar demasiado tentadores para el próximo presidente de Argentina, especialmente dado que los principales candidatos se han comprometido a ser duros con el crimen. Así, quizá las elecciones del domingo no sólo marcarán el comienzo de una era política pos-Kirchner en Argentina. También puede marcar el comienzo de una nueva estrategia de seguridad, con un enfoque más militarizado, a medida que las autoridades intentan combatir el creciente tráfico de drogas en el país.
SUSCRIBIRME