Narcotráfico, terrorismo, y la autodefensa civil en Perú

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Perú está a punto de convertirse en el eje central de los esfuerzos globales para combatir la producción y el transporte de narcóticos ilícitos en Suramérica. Entre 2006 y 2011, las agencias estadounidenses aportaron US$5,2 mil millones en apoyo antinarcóticos a la región andina de Suramérica para detener el flujo anual de cientos de toneladas de cocaína. Aunque Colombia recibió el 76 por ciento de estos fondos, en la actualidad Perú es el principal productor mundial de hoja de coca y está expandiendo con rapidez su producción doméstica de cocaína. En junio de 2012, el presidente peruano Ollanta Humala, dio el discurso inaugural de la Conferencia Internacional Antidrogas en Lima. Humala aseguró a los miembros de más de 70 delegaciones que Perú estaba comprometido con un esfuerzo global para reducir la producción, transporte y consumo de narcóticos ilícitos. En la conferencia, la Unión Europea se comprometió con 34 millones de euros para ayudar a implementar la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 de Perú. Desde su elección en 2011, el presidente Humala ha fortalecido los lazos de Perú con el gobierno de Barack Obama, y, en el año que viene, Estados Unidos casi duplicará su apoyo a los esfuerzos antinarcóticos y de desarrollo de Perú, con una contribución de US$100 millones.

Los fuertes lazos entre los narcotraficantes y los remanentes de la insurgencia del Sendero Luminoso de los años ochenta y noventa complican los esfuerzos antiterroristas y antinarcóticos en Perú. Sendero Luminoso, liderado por el profesor de filosofía, Abimael Guzmán, llevó a cabo una violenta campaña contra cualquier actor posicionado para el desafío de su revolucionario programa maoísta. Guzmán y sus seguidores originalmente se enfocaron en los símbolos de poder, en un esfuerzo por resaltar la injusticia social y económica, así como la incapacidad del Estado para hacer frente a las necesidades del pueblo. Posteriormente la campaña se convirtió en un ataque indiscriminado y brutal a los civiles, fuerzas de seguridad, y actores políticos por igual. Después del arresto de Guzmán en 1992, las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron el impulso del grupo revolucionario y con el tiempo derrotaron a la insurgencia armada.

Este artículo apareció originalmente en CTC Sentinel, una publicación del Combating Terrorism Center. Vea el artículo original en inglés, incluyendo las fuentes, aquí.

Hoy, sin embargo, los remanentes del Sendero Luminoso protegen el comercio de drogas ilícitas y utilizan las ganancias para fortalecer su organización y adquirir armamento avanzado. Los narcotraficantes y militantes del Sendero Luminoso han perjudicado a las economías locales, generado un aumento en la inseguridad, y frenado el desarrollo institucional post-conflicto en muchas regiones que cultivan coca ilegal. Mientras los diseñadores de políticas y las fuerzas de seguridad estatales de Perú hacen frente a estos desafíos, ahora también deben enfrentarse a una cantidad cada vez mayor de las fuerzas de autodefensa civil. Los actores civiles desempeñaron un papel crucial en la derrota inicial del Sendero Luminoso en los años noventa, y muchas comunidades han reactivado sus fuerzas de autodefensa local en los últimos años. En algunas partes de Perú, las patrullas civiles armadas se confrontan con organizaciones criminales e insurgentes, y juegan un papel cada vez más importante en hacer frente a los retos asociados con la lucha del Estado contra el terrorismo y el narcotráfico.

En este artículo se ofrece un resumen de la estrategia antinarcóticos de Perú, mostrando cómo el Estado peruano ha buscado abordar simultáneamente los problemas de seguridad relacionados con la producción de drogas ilícitas y con los militantes armados del Sendero Luminoso. Después se identifican los retos a los que se enfrentan muchas comunidades afectadas por el comercio ilícito de droga, a medida que las comunidades se enfrentan junto con las fuerzas de seguridad del Estado a los “narcoterroristas” y a las presiones legales y económicas relacionadas con el cultivo de coca. Por último, el artículo examina la participación de los actores civiles a la hora de hacer frente a los desafíos de seguridad. Se encuentra que los actores civiles desempeñaron un papel fundamental en la derrota inicial del Sendero Luminoso y que probablemente desempeñen un papel igualmente importante en la lucha contra la actual amenaza “narcoterrorista”.

La estrategia antinarcóticos de Perú

Cuando el presidente Humala llegó al poder en 2011, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la agencia antidrogas del Perú, anunció que iba a reducir la erradicación forzada de coca y a centrar los esfuerzos en proyectos y programas de desarrollo para promover la inclusión social. La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 de Perú es enfática en enfrentarse a la producción de drogas con un enfoque holístico y polifacético.Las iniciativas descritas en la estrategia 2012-2016 incluyen esfuerzos alternativos de desarrollo, diversas formas de interdicción, así como programas de prevención y tratamiento dirigidos a los consumidores de droga. Sin embargo, muchas de las regiones más afectadas por las iniciativas antinarcóticos se han vuelto cada vez más militarizadas, a medida que los líderes políticos y las fuerzas de seguridad del Estado implementan estas estrategias. Perú ha priorizado en elementos particulares de la interdicción y erradicación, como lo demostró el compromiso de Humala de erradicar 50 por ciento más plantas ilegales de coca en 2013 que en 2012. La erradicación superó sus objetivos tras erradicar 23.600 hectáreas de cultivos de coca en 2013, y DEVIDA ha fijado un ambicioso objetivo de 30.000 hectáreas para 2014. Aunque los principales diseñadores de políticas reconocen la importancia de combinar la erradicación con programas de desarrollo e inclusión social, a menudo dan prioridad a los problemas de seguridad. La Policía Nacional del Perú (PNP) y las fuerzas armadas combaten simultáneamente las dos principales fuentes de inseguridad regional: los narcotraficantes y los miembros remanentes del Sendero Luminoso. Hasta hace poco, habían dado prioridad a los esfuerzos antiterroristas por encima de frenar la expansión del cultivo y tráfico de drogas. Por ejemplo, la PNP tenía una sola base dedicada a los esfuerzos antinarcóticos en las comunidades que rodean el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en 2012, mientras que las fuerzas armadas que luchan contra el terrorismo tenían 29 bases. Los esfuerzos antiterroristas en las comunidades que cultivan coca ilegal generan retos adicionales, al tiempo que los militares y la policía buscan poner en práctica las estrategias antinarcóticos del Estado.

Las comunidades del VRAEM se están preparando para la respuesta del Estado peruano frente a la ampliación de plantaciones de coca y sitios de procesamiento. Los lazos más estrechos con Estados Unidos y el aumento de la dependencia a la financiación estadounidense podrían influir en la estrategia antinarcóticos de Perú para que refleje los esfuerzos pasados de Colombia, que priorizaban la erradicación. Una estrecha alianza entre narcotraficantes y militantes del Sendero Luminoso agrava el peligro de militarización de los esfuerzos antinarcóticos. Los militantes del Sendero Luminoso han asumido el rol de mercenarios, y los responsables políticos y militares claves consideran que atacar la esencia financiera del grupo insurgente llevará a la derrota del Sendero Luminoso.

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Por ejemplo, el general Leonardo Longa López, el nuevo director del Comando Especial del VRAEM explicó los últimos ataques y secuestros del Sendero Luminoso que siguieron a un período de inactividad. Longa sugirió que estas acciones son la más reciente reacción desesperada del Sendero Luminoso frente a los esfuerzos militares de detener el narcotráfico en la región: “Ya no hay pase de insumos y los residuos terroristas se han replegado”, dijo. “Son cada vez menos [terroristas] porque están abandonando las filas”. Él cree que con acabar con los incentivos que ofrece la producción de narcóticos ilegales eventualmente se acabará con los militantes del Sendero Luminoso. Carmen Masías, la presidenta de DEVIDA, también reconoció la relación simbiótica entre el Sendero Luminoso y la economía ilegal de la droga. Hizo hincapié en la necesidad de centrarse en la erradicación: “Hay terroristas remanentes para atacar, pero ese no es el principal problema. En este año hemos invertido tres mil millones de soles [peruanos] en el VRAEM y [el cultivo de coca] no se disminuyó ni un sola hectárea. Cuando no se erradica, no se afecta el narcotráfico”. Para Masías, una política antinarcóticos exitosa debe incluir la eliminación activa de los cultivos de coca. Estos dos actores clave en la estrategia antinarcóticos de Perú creen que la clave del éxito incluye la interdicción (limitar los suministros y transporte) y la erradicación (eliminación de cultivos).

Las fuerzas de seguridad peruanas también han participado activamente en operaciones de lucha contra el terrorismo. El arresto del líder del Sendero Luminoso, Florindo Eleuterio Flores Hala, (conocido como Camarada Artemio) en el Valle del Alto Huallaga en 2012, así como el abatimiento de “Alipio” y de “Gabriel” en el VRAEM en 2013, acabaron con obstáculos importantes que entorpecían la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado de entrar a estas regiones para combatir el terrorismo y la producción ilegal de droga. El arresto de Alejandro Dimas Huaman (también conocido como Héctor), el sucesor de Artemio, en diciembre de 2013, hizo que el jefe de la policía nacional antinarcóticos de Perú declarara que Sendero Luminoso había desaparecido del valle del Alto Huallaga, y que la región se había pacificado. Sin embargo, a pesar de las recientes detenciones que infligieron golpes temporales al clan Quispe Palomino, que ahora controla gran parte del VRAEM, los civiles en esa región siguen dudando de la capacidad y de las intenciones de las fuerzas armadas. El clan Quispe Palomino, encabezado por los hermanos Víctor y Jorge (alias “camarada José” y “camarada Raúl” ), demostró recientemente su capacidad para recuperarse rápidamente de los golpes militares a su organización, al reafirmar su control sobre las principales rutas de la droga, poco después de los arrestos de presuntos actores narcoterroristas. Columnas armadas de narcoterroristas se tomaron por la fuerza a varias comunidades, a pesar de que supuestamente estaban bajo protección militar. Por el otro lado, una respuesta militar indiscriminada en algunas comunidades dejó a los civiles con preguntas acerca de la preocupación de los militares por su bienestar. Un civil describió la operación militar posterior como una irrupción de misiles desde un helicóptero alrededor de la periferia de su pueblo, sin ningún objetivo claro.

Las amenazas del Sendero Luminoso y el fracaso de una economía de la coca

La población civil de Perú siente que está, una vez más, atrapada “entre dos fuegos” temerosa de las represalias violentas tanto por parte del Sendero Luminoso como por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Un agricultor de coca en el VRAEM explicó los peligros de dejar su modesta casa de madera durante la noche y advirtió: “No se deben usar velas o linternas”. Señaló hacia las colinas al norte. “El ejército controla esa zona por allí”. Luego señaló hacia las colinas del occidente: “Y el Sendero Luminoso controla esa zona por allí. Cualquiera de los dos podría dispararle si ve una luz”. En ocasiones los civiles se encuentran en una situación imposible, con pocas opciones para garantizar la seguridad de sus familias y mejorar sus vidas. Las comunidades deben evitar las acusaciones y los ataques físicos por dos frentes: el de las fuerzas de seguridad del Estado y el de los militantes del Sendero Luminoso.

Por ejemplo, durante un repunte de violencia en 2008, el ejército mató a una gran cantidad de pobladores en una comunidad del VRAEM, a quienes etiquetaron como “subversivos”. Meses después, los guerrilleros llegaron y secuestraron al líder de la aldea por supuestamente haber colaborado con el ejército. Hoy en día, muchas comunidades siguen ayudando al Sendero Luminoso por miedo. Al combinar la violencia punitiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y del Sendero Luminoso, con el aumento en los esfuerzos de erradicación de drogas que amenazan la subsistencia de algunos agricultores, muchas comunidades de la región quieren un cambio o, simplemente quieren ser dejadas en paz.

Las presiones del mercado de tener cultivos más rentables con cosechas más frecuentes, originalmente condujeron a los agricultores locales a adoptar la producción ilegal de coca. Si los agricultores locales pudieran ganarse la vida de igual manera con cultivos alternativos, algunos podrían, en cambio, cultivar voluntariamente el cacao, el café y otras plantas en lugar de coca. Un agricultor explicó: “¡Por supuesto! Lo erradicaríamos nosotros mismos. No necesitaríamos del ejército o la policía para hacerlo. Sería magnífico”. La coca no ha dado una solución a las dificultades económicas que enfrentan los agricultores y sus familias, y pocos agricultores han obtenido beneficios sustanciales por medio de la coca ilegal.

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Además de la continua pobreza, los agricultores de la región también han empezado a reconocer los devastadores efectos ambientales del cultivo ilegal de coca. Han experimentado la degradación ambiental con la desaparición del dosel selvático, el fin de la fauna nativa como monos y loros, y la erosión generalizada del suelo. Cosechas más frecuentes drenan los nutrientes vitales de la tierra, y los pesticidas que se utilizan para proteger a las vulnerables hojas de coca han envenenado el suelo. Los efectos de los cultivos de coca han interrumpido la producción de otros importantes productos agrícolas básicos como la yuca. La colaboración con el Sendero Luminoso y con los narcotraficantes no ha logrado mejorar la vida de los agricultores, y ha interrumpido las tradiciones culturales de algunos grupos indígenas. Sin embargo, la erradicación forzada por parte de las fuerzas de seguridad del Estado probablemente perjudicará a las comunidades que participan en la economía de la coca. La erradicación no funciona sin programas complementarios que generen un desarrollo amplio y equitativo, y encontrar los recursos necesarios para poner en práctica estos programas es un reto.

La autodefensa civil en Perú

La población civil desempeñará un papel cada vez más importante en la reciente campaña de erradicación en el VRAEM de Perú. Un esfuerzo similar en el valle del Alto Huallaga a mediados de 2000 interrumpió el orden social y llevó a una violencia generalizada hasta que las comunidades fueron capaces de organizarse y velar por su propia seguridad. Perú tiene una larga historia de autodefensa civil y los actores civiles armados todavía ayudan a mantener el orden social en muchas regiones rurales de Perú. Las comunidades en las regiones de Cajamarca y Piura en Perú originalmente organizaron “rondas campesinas” en los años setenta para combatir el robo de ganado rampante. Algunos dan crédito a la presencia de estas organizaciones por haber limitado la expansión del Sendero Luminoso en estas regiones cuando el grupo insurgente inició la lucha armada en 1980. Otra forma de autodefensa civil, los “comités de autodefensa” (CADs), surgieron en las Sierras Centrales a principios de los años ochenta para combatir a Sendero Luminoso. Los primeros CADs se desarrollaron “orgánicamente” por la propia voluntad de las comunidades. A medida que avanzaba el conflicto, las fuerzas armadas en ocasiones intervinieron para cooptar estas organizaciones incipientes, proporcionándoles apoyo logístico y material, o, en algunos casos, para obligar a las comunidades a organizarse si no lo habían hecho por su cuenta. La literatura académica sobre la violencia durante el conflicto armado interno de Perú reconoce la movilización civil como un componente clave en la derrota del Sendero Luminoso. Los hacedores de política y las fuerzas de seguridad del Estado ven beneficios potenciales en la coordinación con las fuerzas de autodefensa de la comunidad para complementar las operaciones antiterroristas y antinarcóticos, pero el Estado ha ofrecido un apoyo mínimo en términos de recursos financieros. El apoyo civil y la participación pueden resultar cruciales en la derrota de los remanentes de la insurgencia del Sendero Luminoso y en poner freno a la expansión de la producción de narcóticos ilegales.

La participación civil en el pasado y presente de la lucha contra la violencia insurgente en esta región es complicada. Aunque muchas organizaciones de autodefensa civil contemporáneas en las comunidades de la selva han optado en gran medida por no participar en las cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas y el terrorismo, muchas de las comunidades de las montañas que salen del VRAEM han reactivado recientemente las patrullas para responder a estos desafíos. Por ejemplo, 24 comunidades alrededor de Luricocha coordinan entre sí para entrenar, organizar patrullas, y enfrentarse a los retos actuales de seguridad que el Estado es incapaz o no está dispuesto a abordar.

Estos casos permiten una mirada al proceso de movilización civil real. Pequeños grupos de civiles armados con escopetas Winchester calibre 12 pretenden disuadir el tráfico de drogas y proteger a la población de los grupos de bandidos a lo largo de la carretera que sale de la selva. Patrullas civiles levantaron barricadas temporales en la carretera de tierra de una hora fuera de Luricocha en la vía a la selva. Ellos detienen y requisan automóviles y camiones que circulan en medio de la noche. Estas acciones generan grandes riesgos para los participantes, pero muchos de ellos tienen experiencia militar previa o pertenecieron a las fuerzas de autodefensa civil durante la guerra civil.

Muchos legisladores se oponen a los esfuerzos de militarización civil. La prensa, los políticos y los académicos debatieron con frecuencia el asunto en los medios de comunicación durante el conflicto armado interno de los años ochenta y noventa. Muchos eran renuentes a armar a civiles, temerosos de que suministrando armas a las comunidades rurales al mismo tiempo estuvieran armando a los mismos militantes que buscaban derrotar. En algunos casos los líderes de milicias civiles han cometido abusos contra los derechos humanos o se han involucrado en el tráfico de drogas. Sin embargo, por su mayor parte, sus temores nunca se materializaron y los actores civiles armados nunca adquirieron un papel político significativo en sus comunidades durante el período posterior al conflicto. Por el otro lado, Perú ha desarrollado un marco legal sobre los grupos de autodefensa civil, facilitando la supervisión y el control estatal de estas organizaciones. Aunque los grupos operan de manera autónoma, se coordinan con las fuerzas armadas. Por ejemplo, un grupo en Huanta , en la región de Ayacucho de Perú, lleva a cabo patrullas conjuntas con otros grupos y se reúnen una vez al mes en una base militar local para entrenamiento y mantenimiento de armas. Grupos en la región también se reúnen cada año para conmemorar su papel en la derrota inicial de Sendero Luminoso, y reafirman su apoyo a las fuerzas armadas y a la policía en los esfuerzos de pacificación, así como en el desarrollo socioeconómico. Las iniciativas de autodefensa civil colaboran con las fuerzas de seguridad del Estado, lo que puede generar una mejor inteligencia humana. Los miembros de la comunidad que organizan y que son parte de la autodefensa civil conocen el terreno y al pueblo, y con frecuencia comparten sus conocimientos con las fuerzas de seguridad. Estos individuos también prestan servicios de seguridad según las necesidades locales. Las organizaciones de autodefensa civil han generado una relación más estrecha entre los intermediarios locales y el Estado, para ayudar a coordinar y poner en práctica las iniciativas de desarrollo.

Resistencia Civil en Perú y en otros lugares

La participación civil en la provisión de seguridad puede conducir a resultados drásticamente diferentes. Mientras que el caso peruano en general experimentó menos casos de conducta predatoria por parte de las fuerzas de autodefensa civil armada, en otros casos, este tipo de grupos exacerbaron conflictos armados existentes. Los académicos y legisladores no deben hacer generalizaciones sobre los beneficios de la movilización de civiles armados. Las condiciones en las que los grupos civiles armados surgen, a menudo afectan sus objetivos y comportamiento.

Por ejemplo, en Colombia, los paramilitares surgieron para defenderse de la violencia asociada con los grupos revolucionarios y con el comercio de drogas. Las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) surgieron como una organización sombrilla que coordinaba a paramilitares civiles aislados. Sin embargo, en Colombia, la mayor parte de grupos de defensa civil armada se formaron para proteger intereses privados. Los grupos paramilitares surgieron como organizaciones de protección privada para los terratenientes, ganaderos, y otras élites empresariales con intereses en regiones con conflictos. Los grandes terratenientes en Colombia podían pagar a civiles armados para proteger sus propiedades y garantizar su seguridad.

Por otra parte, en Perú, los custodios y los pequeños propietarios se coordinan conjuntamente para movilizar y proteger sus propios intereses colectivos. La formación de las fuerzas de autodefensa civil en Perú debe ser entendido como “la expresión de una decisión masiva y autónoma por parte de la población rural”. La coordinación continua con las fuerzas de seguridad del Estado y la responsabilidad legal ayudó a minimizar el riesgo de una movilización paramilitar clandestina.

Además de abordar las preocupaciones de seguridad inmediatas en este caso, la experiencia peruana puede arrojar luz sobre otros casos contemporáneos donde los actores civiles armados se enfrentan a amenazas al orden social. Al tiempo que muchas comunidades mexicanas organizan esfuerzos de “autovigilancia” para luchar contra el narcotráfico, y que las ciudades en el norte de Nigeria movilizan a civiles para enfrentarse al grupo de insurgentes islamistas Boko Haram, los responsables políticos se beneficiarían de una mejor comprensión de la dinámica detrás de la resistencia civil. Las fuerzas de autodefensa civil peruanas variaron en sus orígenes, comportamiento, en el nivel de apoyo que recibieron por parte de los militares, y en su trayectoria posterior a los conflictos. El caso peruano proporciona una oportunidad única para que los diseñadores de política aprendan de los éxitos y fracasos que se presentan cuando los civiles ayudan a combatir las amenazas de seguridad.

*Steven T. Zech es un candidato a Doctor en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Washington, Seattle. Dicta clases sobre violencia política, terrorismo, y contraterrorismo. Fue investigador afiliado en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en Lima entre 2012 y 2013 mientras investigaba las respuestas de las comunidades a la violencia insurgente para su tesis doctoral.

Este artículo apareció originalmente en CTC Sentinel, una publicación del Combating Terrorism Center. Vea el artículo original en inglés, incluyendo las fuentes, aquí.

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