El nefasto legado de la administración de Peña Nieto en México

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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, terminará su sexenio en medio de una creciente tasa de homicidios y de varias acusaciones de encubrimiento y de haberle fallado a su país en diversos aspectos, particularmente en el de la seguridad.

Evaluar el legado de cualquier presidencia es complicado, dado que cada una tiene sus logros y fracasos. Pero el período presidencial de Peña Nieto es especial, pues inició con grandes promesas pero fracasó en prácticamente todos los ámbitos.

¿Qué le salió mal a Peña Nieto?

El aumento de la violencia

Peña Nieto asumió la presidencia de México después de un drástico aumento de la violencia durante la administración de su predecesor, Felipe Calderón. Sin embargo, en el momento en que asumió el cargo ya lo peor de la era de Calderón parecía haber pasado: Juárez se había estabilizado y ya no era una de las ciudades más violentas del mundo; además, los asesinatos en todo el país habían disminuído ligeramente en 2012.

En un principio, la tendencia positiva que había heredado Peña Nieto pareció continuar. En 2013, por ejemplo, el total de homicidios a nivel nacional disminuyó en más del 10 por ciento, llegando a poco más de 23.000, y continuó descendiendo en 2014. Pero esta tendencia se ha revertido en la segunda parte de la presidencia de Peña Nieto.

En 2017, México contabilizó 31.174 asesinatos, más que en cualquier otro año en su historia reciente. En el último año del mandato de Peña Nieto se ha presentado una tasa de homicidios similar, lo que significa que el presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador, hereda un país que requiere intervención inmediata en este sentido.

Un desprestigiado tecnócrata

En un principio, la reputación de Peña Nieto en el extranjero fue buena gracias a la disminución de las tasas de homicidio, y porque supuestamente se había distanciado de la implacable belicosidad de Calderón. Mientras que Calderón anunciaba grandiosos despliegues militares y hacía apariciones en público con uniformes del ejército, Peña Nieto se presentó como un tecnócrata pragmático. El entusiasmo internacional que despertó Peña Nieto tuvo su mayor expresión cuando apareció una reseña positiva en la revista Time en el año 2014, y en cuya portada se veía una foto suya con el titular “La salvación de México”.

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Pero los elogios no duraron mucho. La corrupción y la incompetencia menoscabaron la presidencia de Peña Nieto. Los peores casos fueron los de la fallida investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes universitarios y la revelación de que la esposa de Peña Nieto había recibido una lujosa propiedad de manos de prominentes contratistas del gobierno. Al mismo tiempo, los crecientes niveles de violencia e inseguridad destruyeron su reputación y la del país.

En lugar del salvador imaginado por Time, Peña Nieto se convirtió en un objeto de burla en su país y en el extranjero.

La militarización de las calles

Peña Nieto comenzó su presidencia prometiendo que se distanciaría de la tendencia de Calderón de recurrir a los militares para patrullar las calles de México. Con su promesa de crear una nueva gendarmería, pretendía sacar a los soldados y marines de las zonas civiles.

Pero una vez creada, la nueva fuerza policial resultó ser demasiado pequeña como para poder remplazar al ejército, excepto en zonas aisladas. El ejército continuó siendo central en la estrategia de seguridad de México durante todo el mandato de Peña Nieto, produciendo no solo exitosos operativos, sino además denuncias de violaciones a los derechos humanos.

A pesar de sus promesas de recurrir menos al ejército, Peña Nieto finalmente extendió sus poderes. Su ley de seguridad de 2017 fortaleció la base jurídica para las operaciones internas, allanando el camino para el despliegue permanente de soldados e infantes de Marina en las calles mexicanas. La ley —rechazada radicalmente por diversas ONG y por sus opositores políticos— fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de México en noviembre de 2018. Peña Nieto abandona el cargo dejando al ejército mexicano nuevamente en un estado de confusión.

Falencias institucionales

Durante el mandato de Peña Nieto se avanzó poco en el complicado desafío de mejorar las instituciones de seguridad de México. Desde el principio, Peña Nieto continuó el carrusel institucional típico de las nuevas presidencias, inaugurando la gendarmería y disolviendo el Ministerio de Seguridad Pública. En lugar de tener en cuenta las necesidades de México, estos cambios parecían dirigidos a plasmar su firma en la política de seguridad del país. El tiempo, los esfuerzos y el dinero invertidos en esta reorganización podrían haberse dirigido a reforzar las instituciones existentes.

Peña Nieto tampoco logró abordar los problemas endémicos que afectan a la policía. El deficiente desempeño de la policía de México y la mala reputación de la institución no son responsabilidad de una sola administración, pero Peña Nieto no se esforzó lo suficiente por mejorarla, lo que podría haber hecho fortaleciendo las medidas de lucha contra la corrupción dentro de los departamentos de policía o mejorando los sueldos de los agentes.

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Durante la administración de Peña Nieto también se llevó a cabo la irregular implementación de la reforma judicial de 2008, que pretendía reformar el sistema acusatorio. Como lo informó InSight Crime, la reforma fue elogiada inicialmente, pero su alcance ha sido limitado debido a la insuficiente capacitación ofrecida a jueces y abogados, al inadecuado financiamiento y a otras irregularidades.

Las reducciones presupuestales de México también perjudicaron los recursos para los organismos de seguridad. Plataforma México, un centro de información criminalística creado por Calderón, quedó prácticamente inoperante después de los recortes presupuestales. En 2017, Peña Nieto impulsó un proyecto de ley presupuestal que incluía el primer recorte de recursos para la seguridad después de 10 años.

Corrupción y encubrimientos

La incapacidad de México para hacer frente a los funcionarios corruptos y abusivos ha permitido durante mucho tiempo que los grupos criminales se fortalezcan, ha ido en detrimento de la moral del Gobierno y obstaculizado los esfuerzos para garantizar la cooperación pública en cuestiones de seguridad.

Lamentablemente, el gobierno de Peña Nieto permitió que la impunidad continuara, lo que profundizó la percepción ciudadana de un Estado deshonesto e incompetente. La investigación del Gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014 estuvo marcada por la corrupción y encubrimientos, generando confusión y enturbiando la cadena de responsabilidades en la supuesta masacre.

Antes de la desaparición de los normalistas, varios soldados mexicanos presuntamente ejecutaron sumariamente a 15 de los 22 presuntos criminales que fueron acribillados en una bodega en la ciudad de Tlatlaya, en el centro del país. Un tribunal militar absolvió a seis de los siete soldados acusados de los asesinatos. Uno de los soldados fue acusado de desobedecer órdenes y obtuvo una condena de un año de prisión. Sin embargo, una reciente orden de reabrir la investigación plantea la esperanza de que los asesinatos extrajudiciales no quedarán impunes.

Pero aparte de los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, en el historial del gobierno abundan los ejemplos de violaciones a los derechos humanos que han quedado impunes. Según informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, el uso de tácticas de interrogatorio forzado por parte de la policía mexicana suelen incluir acciones como la violación y la tortura de los sospechosos y testigos.

Es claro que estos y otros asuntos no son culpa exclusiva del presidente saliente. Pero Peña Nieto deja a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, un país inmerso en la violencia y una población profundamente desconfiada del Estado. El avance en la dirección correcta es ahora más oscuro que nunca.

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