Los nuevos detalles sobre un presunto escuadrón de asesinos salido de la sede de la Policía Nacional de Honduras que realizó atentados de alto perfil para el crimen organizado, han encontrado una avalancha de negaciones, alegatos de desconocimiento y más acción en el ruedo político que en el ámbito legal.
Los documentos que, según se dice, hacen parte de una investigación oficial que se inició el día en que el zar antidrogas Julián Arístides González Irías murió en una emboscada tendida por hombres armados en diciembre de 2009 en un semáforo de Tegucigalpa se filtraron y fueron publicados el 4 de abril por el diario hondureño El Heraldo.
Al día siguiente El Heraldo publicó otra serie de documentos aparentemente oficiales en los que se afirmaba la participación de la Policía Nacional en un complot que terminó con el asesinato, en diciembre de 2011, en circunstancias similares, del antiguo asesor de González, Gustavo Alfredo Landaverde Hernández. En ambos casos, los documentos parecen ser expedientes de la policía hondureña e incluyen firmas y sellos oficiales. Se dice que mucha parte de la información más concluyente se transcribió de una cámara de seguridad instalada en las oficinas del director general de la Policía Nacional.
González era el jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) de Honduras. Había forjado su reputación por cumplir con su tarea en un país que por tradición había hecho poco para enfrentar a los grandes capos que sirven de enlace vital en la cadena que transporta cocaína desde Suramérica hasta el lucrativo mercado estadounidense. Landaverde había criticado abiertamente el crimen organizado y la corrupción policial en Honduras, con numerosas declaraciones en los medios de comunicación sobre dichos problemas.
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Citando la falta de acción judicial en casos que aún son objeto de seguimiento, El Heraldo eliminó de su informe los nombres y los cargos, y sólo mencionó el grado de los oficiales de policía implicados en los documentos filtrados. El periódico también se reservó el nombre del presunto narcotraficante que, según consta en los documentos, pagó a la policía para ejecutar el homicidio de González. InSight Crime informó sobre las revelaciones de El Heraldo el 5 de abril.
El New York Times publicó el cubrimiento de la noticia el 15 de abril, añadiendo a su recuento los nombres de los presuntos implicados. El diario estadounidense señaló a Winter Neptalí Blanco Ruiz como el financiador del trabajo. Nombró a dos exdirectores de la Policía Nacional como los cabecillas de la operación desde el interior de la sede de la policía conocida como Casamata, nombre derivado del barrio en el que se localiza la antigua estación de policía.
Los dos exdirectores de policía señalados por el Times se apresuraron a negar las acusaciones. En entrevista con Radio América, Ricardo Ramírez del Cid tildó de "fraudulentos" los documentos que lo señalan de haber participado en la planificación de los asesinatos y compartido la supuesta paga.
"Todo se trata de algo feo, manipulado e inventado, y se debe hacer una investigación para dar con los verdaderos criminales", aseguró el exdirector de la policía. Ramírez Del Cid comentó a la emisora radial que en su opinión las revelaciones sobre esos homicidios anteriores eran “una cortina de humo” colocada a poco tiempo de la instauración de una unidad de investigación con aval internacional en Honduras. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) está programada para ponerse en marcha esta semana.
La misión, cuenta con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y apoyará la investigación de casos emblemáticos, como el homicidio, el 3 de marzo de 2016, de la activista indígena y ambiental Berta Cáceres.
El exdirector de la policía José Luis Muñoz Licona dio a conocer una negación pública similar, según informó La Prensa. El subcomisionado Héctor Caballero apareció en la oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) diciendo a los reporteros que iba en busca de protección. Caballero comentó que deseaba limpiar su nombre, después de ser mencionado en los documentos filtrados como el oficial que lideró la cuadrilla de asesinos culpables del homicidio de Landaverde, señaló El Heraldo.
Las negaciones de participación de los acusados en los documentos como planificadores y ejecutores de los asesinatos han surgido a la par de declaraciones de desconocimiento por parte de otros oficiales, que deben haber recibido copias de las investigaciones, pero alegan no haberlas recibido. El exministro de seguridad Óscar Álvarez, ahora diputado, fue uno de los primeros oficiales que apareció ante las cámaras de televisión diciendo que los documentos de la investigación nunca habían pasado por su escritorio. La semana pasada, el exministro de seguridad Arturo Corrales renunció de manera abrupta como ministro de asuntos exteriores de Honduras.
En un programa de entrevistas el domingo 10 de abril en TVC televisión, el presidente Juan Orlando Hernández señaló que la responsabilidad en el caso González trasciende la Policía Nacional. "Como en este caso, hay un gran número de casos del pasado en los que se dice, '¿Cómo es que no sabían?' comentó Hernández. "No hay que engañarse, ¿cómo no se van a dar cuenta en el Ministerio Público de esto? ¿Cómo no se van a dar cuenta en los juzgados de esto? ¿Cómo no se van a dar cuenta en las instituciones que lo investiguen?"
Análisis de InSight Crime
Aparte de las escenas salidas en la televisión con los automóviles llenos de balas y la esposa de González llorando sobre su cuerpo sin vida, casi todo lo que se ha sabido de los casos ha salido de esos documentos filtrados a la prensa años después del suceso. El gobierno de Honduras lanzó de inmediato lo que puede haber sido un allanamiento simbólico a Casamata. Pero el grueso de la acción se dio en el plano político. A pocos días la administración introdujo la legislación que le permitiría avanzar con una revisión radical de la cúpula policial. Los legisladores aprobaron la medida con la misma rapidez, y se nombró una comisión de tres personas destacadas de fuera del gobierno para supervisar la depuración de la policía.
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Ese proceso ha dominado los titulares en Honduras en las dos semanas que han transcurrido después de las dramáticas revelaciones de El Heraldo. Sin embargo, en los medios de comunicación ha sido notoria la ausencia de informes sobre formulaciones de cargos y otros procedimientos penales que podrían haberse esperado. No es claro cuánta evidencia han recabado las autoridades. Un oficial del Ministerio Público que pidió no ser identificado indicó a InSight Crime que una pieza clave de la evidencia, el video de vigilancia, no se encuentra en el expediente oficial del caso.
Winter Blanco
El presunto narcotraficante llamado Winter Blanco "todavía anda libre" y se cree que trabaja en la región Mosquitia, en la remota costa noreste de Honduras, dijo. Las autoridades embargaron muchas de las propiedades de Blanco hace un año, por sospecha de que las había adquirido con dineros ilícitos. Los activos confiscados en más de 50 propiedades, tres haciendas muy bien equipadas, dos negocios de venta al por mayor de mariscos, y docenas de vehículos, indicó el funcionario y añadió: "Él nunca se ha presentado a decir: 'Hey, todo esto es mío'". El funcionario acotó que eventualmente podría acusarse a Blanco de lavado de dinero.
Una de las propiedades embargadas en abril de 2015.
La protesta y la conmoción públicas causadas por las revelaciones de El Heraldo han introducido bastante combustible para una agenda política que incluye poner el bozal a la Policía Nacional, notablemente corrupta. Pero sigue sin aclararse a la hora de la verdad quién podría rendir cuentas ante la justicia por los magnicidios de González y Landaverde, así como por el encubrimiento prolongado y generalizado que siguió. Esas acusaciones serían la forma más apropiada y efectiva de asegurar que la impunidad ya no reine en Honduras.
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