Una ONG de los Países Bajos ha compilado un abrumador informe sobre la presunta connivencia de las compañías mineras multinacionales Drummond y Glencore con los grupos paramilitares responsables de perpetrar asesinatos en masa en Colombia, ofreciendo una visión de los nexos entre los paramilitares y las empresas, vínculos que todavía persisten en gran parte del país.
El informe de PAX, una organización cristiana que aboga a favor de la paz, titulado "The Dark Side of Coal", (El lado oscuro del carbón-pdf) compila testimonios de paramilitares desmovilizados, de exempleados de las empresas, y de las víctimas del conflicto vivido en la era de dominio paramilitar en el norteño departamento del Cesar entre 1996 y 2006.
Juntos, los testimonios muestran un panorama de estrecha relación entre las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) y la empresa Drummond, de Estados Unidos, y Prodeco, subsidiaria de Glencore de propiedad suiza. El informe alega que las dos empresas proporcionaron apoyo financiero y logístico a los paramilitares.
Los testigos afirman que los vínculos entre las AUC y las empresas mineras comenzaron como una respuesta a la creciente campaña de secuestros y ataques contra las compañías por parte de las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con las compañías desesperadas por acabar con el acoso, el informe señala que en 1995 el ejército colombiano facilitó un acuerdo a Drummond para canalizar dinero a los grupos paramilitares a cambio de "seguridad". Las compañías más tarde comenzaron a tratar directamente con las AUC, según los testimonios de múltiples testigos.
Los exjefes de las AUC entrevistados por PAX afirmaron que las empresas no sólo apoyaron las operaciones paramilitares existentes, sino que también jugaron un papel decisivo en el financiamiento de la expansión de las AUC en la región.
Durante la década siguiente, los paramilitares se enfrentaron a las guerrillas mediante el uso de tácticas de terror que se convertirían en su tarjeta de presentación a lo largo de Colombia, y según estimaciones de PAX, el bloque de las AUC que presuntamente había recibido apoyo de las empresas mineras, dejó una estela de 2.600 víctimas de asesinatos selectivos, 500 víctimas de masacres y 240 víctimas de desapariciones forzadas.
Parte de la cooperación entre Drummond, Prodeco y las AUC implicó que las empresas suministraran inteligencia a las AUC y a los militares acerca de "subversivos" y sindicalistas dentro de su fuerza de trabajo, quienes a menudo se convirtieron en los objetivos de asesinatos y amenazas, señaló un exparamilitar que dice haber estado directamente involucrado en estas operaciones.
El informe también presenta pruebas de que las AUC, responsables por el desplazamiento de unas 59.000 personas sólo en el Cesar, despojaron con el uso de la fuerza a los agricultores locales y a sus familias de la tierras para beneficiar a las empresas mineras.
"Todo esto se hace por la tierra que es rica en carbón: trae una gran cantidad de dinero, y esto explica el desplazamiento [forzado]", dijo un exparamilitar a los investigadores de PAX.
Si bien no hay indicios de que las empresas instigaron los desplazamientos, posteriormente si adquirieron los terrenos abandonados por los civiles que huyeron. En Colombia, la venta de tierras abandonadas por personas que huyen del conflicto es ilegal.
El informe destaca dos ejemplos de lo que PAX señaló como apropiaciones ilegales de tierras por parte de las compañías mineras en la región. En el primer ejemplo, Drummond obtuvo numerosas parcelas en la comunidad de Mechoacán, 21 de las cuales fueron declaradas compras ilegales en 2012. La empresa ha emprendido agresivas acciones legales para aferrarse a las parcelas, incluyendo la presentación de una queja contra el fiscal general por "abuso de poder" y por "obstrucción a la justicia". La empresa también emprendió una demanda civil contra de las familias que reclaman la tierra.
Por su parte, la empresa Prodeco es acusada de comprar tierras en la comunidad de El Prado, ocupada por testaferros paramilitares después de que desplazaron a sus propietarios originales en 2002. Según PAX, en 2011 el organismo de registro de tierras del país, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) fue encontrado culpable de vender tierras robadas a Prodeco, y le fue ordenado regresarlas a sus dueños, a quienes la institución había intentado eliminar de las listas de desplazados. Prodeco ha dicho que nunca tuvo interés ??en la compra de las tierras, pero el informe señala que el entonces presidente Álvaro Uribe les dijo que las compraran por razones políticas, la empresa también señaló que técnicamente nunca tuvo la propiedad de la tierra, pues Incoder no cumplió con los términos del acuerdo.
Tanto Drummond como Glencore, la compañía matriz de Prodeco, han emitido declaraciones en contra de las afirmaciones hechas en el informe del PAX, tildando a los testimonios de los paramilitares de contradictorios y poco fiables . Drummond señaló que uno de los testigos clave de PAX testificó ante la Fiscalía General de la Nación bajo juramento, que la empresa no había trabajado con las AUC, y acusó a un abogado en un caso en Estados Unidos por haber pagado a algunos de los testigos cuantiosas sumas de dinero.
La declaración Drummond dice que “la historia contada por PAX podría ser utilizada para una buena novela, o posiblemente para una buena película de ficción, pero lo dicho allí de ninguna manera representa la verdad acerca de Drummond en Colombia o de la industria del carbón en el país”.
Análisis de InSight Crime
La expansión paramilitar de finales de los años noventa y principios de la década del s.XXI, que dejó una estela de muerte y desplazamiento a su paso, estuvo estrechamente vinculada con ciertos sectores empresariales -lo que en Colombia se conoce como "paraeconomía".
El caso Drummond se ha convertido en uno de los ejemplos más notorios. La empresa ha sido objeto de una investigación por el asesinato de tres sindicalistas, y ha sido acusada tanto por los paramilitares como por el sector comercial de la paraeconomía de haber financiado a las AUC y por haber coludido con el grupo. Según el testimonio de un exjefe de las AUC en tribunal de Estados Unidos, los paramilitares asesinaron a civiles locales porque no querían vender sus tierras a la empresa.
Hasta el momento ningún caso contra Drummond o Prodeco ha llegado a los tribunales, pero los casos de restitución de tierras en curso contra las empresas significan que sus problemas legales probablemente todavía no ha terminado.
La autora del informe de PAX, Marianne Moor, dijo a InSight Crime que hasta el momento ninguna víctima de desplazamiento ha sido compensada de ninguna manera. También señaló que para muchas de las victimas, las condiciones actuales de sus antiguas tierras no son aptas para el regreso de sus familias.
Según ella, el marco jurídico de Colombia -que prohíbe la compra de tierras de las que han sido desplazadas personas- es suficiente en este tema, pero la ley es obstaculizada por la corrupción estatal y por su mala implementación.
Las víctimas en el caso de El Prado también se han enfrentado a otra nueva pero familiar amenaza. Según PAX, varios de los demandantes y sus abogados han recibido amenazas de muerte por parte de lo que el defensor de Derechos Humanos de la zona dice que es un nuevo grupo armado respaldado por terratenientes y políticos locales. También han recibido amenazas firmadas con los nombres de los principales grupos criminales de Colombia, los Urabeños y los Rastrojos. En varias de las amenazas, los grupos dicen que están actuando en interés de las empresas mineras, afirma PAX.
Drummond y Glencore no son las únicas empresas que se enfrentan a acusaciones en las secuelas de la burbuja que dejó la paraeconomía. La empresa bananera Chiquita ha enfrentado varias demandas por su supuesta connivencia con los grupos paramilitares, y en 2007 pagó una multa de US$1,7 millones por haber financiado a las AUC -pagos que la empresa afirman fueron extorsiones. La bananera también ha sido acusada de mantener continuos vínculos con empresas implicadas en el desplazamiento y el robo de tierras. Nestlé se enfrenta a una demanda en Suiza que exige que la empresa sea judicializada por el asesinato de sindicalistas en Colombia, mientras que los sindicatos que representan a los trabajadores de la empresa continúan recibiendo amenazas, y algunos de sus miembros han sido asesinados. Coca Cola también se ha enfrentado a acciones legales y a algunos llamados para hacer boicot a sus productos por sus presuntos vínculos con los grupos paramilitares.
Sin embargo, Drummond y Glencore tampoco son las únicas empresas que se han escapado de serios castigos o de cargos criminales. La demanda contra Chiquita fue desestimada recientemente, luego de que los jueces determinaron que los tribunales estadounidenses no podían ser utilizados para presentar reclamaciones sobre los acontecimientos que sucedieron en el extranjero. En el caso de Nestlé, la posibilidad de presentar cargos penales contra los directores de la empresa se ??perdió debido a que el estatuto de limitaciones expiró después de que los tribunales suizos pasaron un año debatiendo qué parte del país tenía jurisdicción sobre el caso. Coca Cola también ha visto poco progreso en los casos en su contra por sus acciones en Colombia.
La serie de testimonios de paramilitares desmovilizados que incriminan empresas a lo largo del país no ha resultado en la cantidad correspondiente de acciones judiciales. Aunque las AUC se hayan desmovilizado y aunque muchos de sus aliados políticos están actualmente en la cárcel, las investigaciones sobre la paraeconomía apenas comienzan.
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