El otorgamiento de asilo político en Nicaragua a un fugitivo de Guatemala es la señal más reciente de que el país centroamericano se está convirtiendo en un refugio para criminales buscados por la justicia, lo que podría ser una estrategia para socavar los intentos de combatir el crimen y la corrupción generalizada en la región.
Delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua otorgaron recientemente asilo político al controvertido empresario y operador político guatemalteco Gustavo Herrera Castillo, según informes del 22 de agosto en La Prensa.
El Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, llevan años investigando a Herrera por su presunta participación en un multimillonario escándalo de corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
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El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015) también acusó a Herrera de vínculos con grupos narcotraficantes de Colombia, Guatemala y México en 2014.
Herrera presuntamente solicitó asilo político en Nicaragua alegando temor por su vida y su seguridad, según La Prensa. Se dice que Herrera dijo al Ministerio de Relaciones Exteriores que el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG han emprendido un proceso criminal “ilegal” en su contra.
El ministerio de relaciones exteriores de Nicaragua citó los derechos humanos como una de las principales razones para otorgar el asilo a Herrera, según La Prensa.
El otorgamiento de asilo político a Herrera en Nicaragua se da en medio del ahondamiento de una crisis social y política que ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos y cientos de personas más detenidas de manera arbitraria o desaparecidas a la fuerza, según información del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). La policía y grupos paramilitares apoyados por el gobierno han sido los actores de la abrumadora mayoría de la violencia.
Análisis de InSight Crime
Herrera es apenas el último fugitivo centroamericano que desata controversia que busca asilo político en Nicaragua o lo ha obtenido, y esta tendencia creciente puede tener un gran impacto en los esfuerzos colectivos de la región por combatir el crimen y la corrupción.
El expresidente de El Salvador caído en desgracia Mauricio Funes (2009-2014) se esconde actualmente en Nicaragua luego de que se le otorgara asilo político en septiembre de 2016. Eso le ayudó a evitar una condena por enriquecimiento ilícito durante su periodo como presidente. Manuel Baldizón, operador político guatemalteco que enfrenta cargos por soborno en relación con el caso de corrupción de Odebrecht, había ido anteriormente a Nicaragua buscando un asilo de facto hasta su arresto en enero de 2018. El ganadero hondureño Ulises Sarmiento, sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado desde hace varios años, y su familia adujeron persecución política para solicitar asilo en Nicaragua en 2015.
Mientras que Baldizón y Sarmiento nunca recibieron asilo oficialmente es probable que hayan podido buscar refugio temporalmente en Nicaragua a través de sus conexiones con el presidente Daniel Ortega y la élite de ese país.
Pese al hecho de que Nicaragua firmó en 1987 un tratado de extradición con los gobiernos centroamericanos de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras, el experto en seguridad nacional de Nicaragua Roberto Orozco comentó a InSight Crime que no hay “posibilidad” de que se extradite a fugitivos asilados en Nicaragua.
“El gobierno de Nicaragua ha concedido asilo a estas personas porque son aliados de la administración [de Ortega]”, señaló Orozco. “El asilo les brinda protección y garantiza seguridad e impunidad en América Central”.
Sin duda, el gobierno de El Salvador ha demandado infructuosamente a la administración del presidente Daniel Ortega que extradite a Funes a su país de origen para que pague su pena. Luego de que Funes ganara las elecciones presidenciales de 2009 por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —partido político conformado por grupos guerrilleros de izquierda después de la guerra civil del país— Funes “gozó de buenas [relaciones] políticas e ideológicas” con Ortega, exguerrillero como él.
Según informes, Sarmiento también ha sido supuestamente un antiguo aliado de Ortega y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante largo tiempo. Se cree que ofreció su casa como refugio, además de brindarle otros apoyos logísticos y financieros a los exguerrilleros sandinistas en la década de 1970, durante la guerra civil nicaragüense. Por su parte, Baldizón se ha codeado con la élite empresarial de Nicaragua, antiguos aliados de Ortega, a través de la construcción de un hotel y otros proyectos.
Ortega parece tener unas leyes para los beneficiados con asilo y otras para los cientos de nicaragüenses que frente al actual descontento huyen del país cada día a solicitar asilo en la vecina Costa Rica. En una alocución reciente, Ortega exigió a los representantes del gobierno de ese país que entregaran una lista de quién solicitaba asilo para que él determinara quién ha cometido "actos terroristas" —parte de una ley antiterrorismo de la que muchos temen que sea un instrumento para criminalizar aún más a la oposición— para que puedan enfrentar los debidos "procesos judiciales" en Nicaragua, según información de El País.
Sin embargo, Nicaragua ha cooperado con otras solicitudes de extradición en el pasado. De conformidad con un tratado de extradición firmado con Estados Unidos, por ejemplo, las autoridades nicaragüenses arrestaron y entregaron a las autoridades estadounidenses a un miembro de la lista de los 10 más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) en 2013.
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La buena disposición de Ortega a conceder asilo o protección temporal a algunos de los fugitivos de la región puede ser también una maniobra de poder del controvertido presidente contra medidas anticorrupción más amplias en la región del Triángulo Norte de Centroamérica en medio de una creciente presión nacional e internacional provocada por el agravamiento de la crisis en Nicaragua.
"Creo que el hecho de que Ortega reciba a estos tipos responde más a una bravuconada política de Ortega de decirle a la comunidad internacional que el no está dispuesto a permitir la instalación de instancias como la CICIG o su idem en Honduras que escudriñen en el caldo de corrupción nica, que es muy denso", comentó en un correo electrónico el periodista nicaragüense Wilfredo Miranda Aburto a InSight Crime.
En el pasado, se acusó a Ortega de lavar ganancias criminales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de otras denuncias de corrupción financiera, que seguramente lo pondrían en la mira de los investigadores anticorrupción.
La CICIG de Guatemala contribuyó a que se enviara a la cárcel a un expresidente y su vicepresidenta. Un apéndice similar respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), también ha asestado varios grandes golpes a las élites de ese país.
Al aceptar a estos fugitivos, Ortega hace mayor énfasis en su mensaje a la comunidad internacional de que "no acatará tratados o marcos anticorrupción internacionales", añadió Miranda Aburto.
Los triunfos contra la corrupción en toda Latinoamérica "desataron una ofensiva de las élites" en 2017, y la disposición de Ortega a otorgar asilo político a algunos de los fugitivos de la región puede afectar campañas anticorrupción más amplias en el futuro, si quienes tienen procesos abiertos logran encontrar refugio cerca.
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