El Salvador ha revocado su polémica política de segregación en las prisiones con base en la filiación de los presos a las pandillas, pero un reciente informe, que señala que los factores sociales son los que promueven la actividad criminal, indica que es poco probable que esta medida mejorará significativamente la creciente crisis de seguridad del país.
El 21 de abril, bajo fuertes medidas de seguridad, y después de cerrar las calles vecinas, las autoridades salvadoreñas trasladaron a 650 miembros de la pandilla MS13 a una prisión en la ciudad occidental de Izalco, que hasta entonces sólo había recibido miembros de sus archirrivales de Barrio 18, informó La Prensa Gráfica.
Las autoridades también trasladaron a 1.177 reclusos de Barrio 18 de Izalco a una prisión donde anteriormente sólo había miembros de MS13, en la ciudad nororiental de San Francisco Gotera, según El Salvador.com.
Las autoridades señalaron que la ubicación de los reclusos se basará a partir de ahora en su nivel de riesgo para la sociedad, en vez de su filiación a las pandillas, informó The Associated Press. Las directivas de las cárceles de El Salvador le dijeron a AP que a partir del 21 de abril un total de 2.427 internos habían sido trasladados a tres cárceles en diferentes partes del país.
Estos traslados marcan la revocación de una política que definió la demografía de las cárceles de El Salvador durante la década pasada. En 2004, el gobierno salvadoreño comenzó oficialmente a dividir algunas de las cárceles del país entre las pandillas MS13 y Barrio 18, una medida polémica que no se ha repetido en ninguna otra parte de la región.
El presidente Salvador Sánchez Cerén dijo que se tomó la decisión de eliminar la segregación en las prisiones para mezclar a los pandilleros y evitar “las ejecución de operaciones criminales” desde las cárceles.
Ya en julio de 2014 había señales de que El Salvador detendría la segregación en las prisiones. Ese mismo mes, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Benito Lara, dijo que dicha medida había sido un error y que se acabaría en “un futuro no muy lejano”.
El Salvador también ha enviado recientemente a varios líderes de MS13 y Barrio 18 a la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca. Esta medida revirtió la política de la administración anterior, que había acordado trasladar al menos 30 líderes pandilleros de Zacatecoluca a prisiones de menor seguridad, como parte de la tregua de las pandillas del país en 2012.
Análisis de InSight Crime
La deteriorada situación de seguridad de El Salvador probablemente influyó para que el gobierno tomara la decisión de eliminar la segregación en las prisiones en este momento. Las tasas de homicidios en El Salvador han estado subiendo desde la ruptura de la tregua de pandillas a principios de 2014, y marzo de 2015 fue el mes más violento del país en los últimos diez años. Sánchez Cerén parece estar buscando maneras con las que el gobierno pueda responder a esta oleada de violencia sin volver a la mesa de negociaciones, una posibilidad que su administración ha rechazado varias veces.
La decisión del gobierno de detener la segregación en las prisiones y devolver los líderes de pandillas a Zacatecoluca podría ayudar a disminuir la violencia, pero quizá sólo hasta cierto grado. Se cree que la segregación en las prisiones ha fortalecido a ambas pandillas, pues ha permitido una mejor coordinación entre los líderes encarcelados, quienes les ordenan a los pandilleros libres llevar a cabo asesinatos, desapariciones y otras actividades criminales. Bloquear esta cadena de mando podría debilitar la capacidad de Barrio 18 y MS13 para coordinar los ataques contra la policía y las pandillas rivales.
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Sin embargo, estos cambios en la política penitenciaria no abordan los problemas sociales que se encuentran en el centro de la crisis de seguridad de El Salvador. Muchos de los internos que ocupan los sistemas penitenciarios más superpoblados de Latinoamérica (pdf) nunca tuvieron la oportunidad de ganarse una vida digna en el sector formal.
Según un reciente informe de la Universidad Francisco Gavidia sobre la demografía en las cárceles de El Salvador (pdf), más del 38 por ciento de los presos nunca había asistido a la escuela o no había terminado la escuela primaria al momento de su primer arresto. Sólo una pequeña parte de la población reclusa de El Salvador (1,2 por ciento) tenía un título universitario cuando fue encarcelada.
Pero la falta de educación va más allá de la formación en las aulas: un sorprendente 68,2 por ciento de los presos tenían poco o ningún conocimiento de lo que sucedía durante sus procesos judiciales. Esto podría explicar en parte el hecho de que más de un cuarto de todos los internos (26,7 por ciento) dijeron que alguien los había obligado a cambiar su declaración o a declararse culpables.
Sin embargo, uno de los autores del estudio, Carlos Vilalta, le dijo a InSight Crime que la composición del núcleo familiar de los prisioneros es el predictor más claro de la actividad criminal en El Salvador. “La composición de la familia de los presos [...] conduce a violencia y criminalidad”, dijo Vilalta.
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Vilalta señala, por ejemplo, que el porcentaje de reclusos que crecieron en hogares en los que alguno de los miembros de la familia había pasado tiempo en prisión (26,8 por ciento) era “mucho mayor” que en otras partes de Latinoamérica. El estudio también descubrió que el 37,7 por ciento de los reclusos salvadoreños abandonaron su hogar al menos una vez antes de los 15 años. La razón más común para irse fue la violencia intrafamiliar (31,9 por ciento), seguida por la búsqueda de oportunidades de empleo (21,6 por ciento). Casi el 10 por ciento de los presos informaron que habían comenzado a trabajar antes de los 9 años de edad.
Los resultados de este estudio sustentan las declaraciones de los líderes de las pandillas, quienes afirman que los altos niveles de crimen y violencia en El Salvador son producto de la desigualdad social.
“Somos un grupo social. Nos vemos como una gran parte de la sociedad. Creemos que el problema aquí es la exclusión social, la discriminación, la falta de educación, la falta de empleo y la desigualdad de trato por la ley”, le dijo a InSight Crime el líder de Barrio 18 Carlos Lechuga Mojica, alias “El Viejo Lin”, durante una entrevista en 2012. “Creemos que si se resuelven estos problemas, la violencia entre pandillas terminará”.
De hecho, la violencia y la delincuencia son problemas profundamente arraigados en El Salvador que no pueden ser erradicados por simplemente encarcelar más pandilleros o trasladar de una prisión a otra a los que ya están tras las rejas.
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