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ANÁLISIS

No convence la propuesta de reforma policial de Peña Nieto en México

MÉXICO / 1 DIC 2014 POR PATRICK CORCORAN ES

La semana pasada el presidente de México Enrique Peña Nieto respondió a una creciente oleada de oposición a su gobierno con una amplia propuesta de reforma, la cual implicaría una reorganización masiva de la policía y nuevos controles sobre el comportamiento del ejecutivo.

La más significativa de las reformas a la policía sería la llamada propuesta de "mando único", que acabaría con los cerca de 1.800 cuerpos de policía municipal en México. Las antiguas unidades municipales presuntamente serían puestas bajo el control centralizado de los 32 departamentos de policía estatal.

Peña Nieto también prometió una serie de iniciativas para impulsar el crecimiento económico en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, cuatro empobrecidos estados en el sur del país que están muy atrasados con respecto a gran parte del resto de México, y que recientemente han sido testigos de algunos de los peores brotes de violencia. Las empresas que operan en estos estados podrán tener acceso a ventajas fiscales, financiación subsidiada para proyectos de desarrollo y un mayor apoyo gubernamental para competir en los mercados de exportación.

El programa de Peña Nieto también incluye disposiciones para mayores controles y supervisión en todos los niveles de gobierno. Los grupos de ciudadanos tendrían mayor capacidad para fiscalizar los contratos gubernamentales. Además, el gobierno federal tendría mayor margen de maniobra para absorber la autoridad de los disfuncionales gobiernos municipales.

El anuncio de Peña Nieto llega poco después de una serie de crisis políticas y de seguridad, la más notoria de las cuales fue la presunta masacre de decenas de manifestantes estudiantiles en Iguala, Guerrero. En lo que habría sido un trabajo conjunto con miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, el alcalde y su esposa son acusados de orquestar la desaparición y el asesinato de los estudiantes.

Otras crisis incluyen nuevos informes que sugieren que un tiroteo en el estado de México a principios de este año -que dejó decenas de supuestos secuestradores muertos durante una operación de rescate- fue poco más que una ejecución en masa perpetrada por el ejército. El estatus de Peña Nieto se vio todavía más deteriorado con las revelaciones de que su esposa compró una casa de varios millones de dólares a una empresa a la que posteriormente el gobierno de Peña Nieto adjudicó una concesión de tren de miles de millones de dólares.

Análisis de InSight Crime

Con los opositores de Peña Nieto listos a atacar, la propuesta del presidente puede no tener ninguna posibilidad de éxito.

A la luz de estas crisis, Peña Nieto repentinamente parece el estereotipado dinosaurio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con acusaciones de corrupción y una aparente indiferencia frente los masivos asesinatos que implican a las fuerzas de seguridad y a los funcionarios de su gobierno. La iniciativa -que se presenta después de semanas de silencio por parte de la presidencia, en ocasiones roto por algunas ineficaces declaraciones- es un intento de reparar el daño a la imagen de Peña Nieto.

Es cierto que Peña Nieto obtuvo algunos logros legislativos importantes -especialmente económicos- al comienzo de su gestión. Pero aunque esta nueva agenda, sin duda, contiene algunas disposiciones sabias, no está claro si el plan tiene alguna posibilidad de avanzar.

 Un gran problema es que el llamado Pacto por México -la agenda tripartidista que guió gran parte de la reforma del Congreso- se ha derrumbado, y no hay ninguna garantía de apoyo por parte de los partidos de la oposición. Con los opositores de Peña Nieto listos a atacar, la propuesta del presidente puede no tener ninguna posibilidad de éxito. Si algo sucede, bien puede ser una imitación suavizada.

Sin embargo, ni siquiera está claro cómo las propuestas de Peña Nieto podrían realmente lograr un México más seguro. La más polémica de sus ideas es el mando único, y ésta no es la primera vez que México considera un cambio como este. El presidente Felipe Calderón propuso una medida similar en 2010, y continuó abogando por un mando único durante gran parte de su presidencia. Varios estados y áreas metropolitanas han debatido esa medida, y algunos, como Nuevo León, han avanzado en su implementación. Previamente, el mismo Peña Nieto ha pedido a los estados establecer un modelo de este tipo.

A primera vista, la lógica detrás de la propuesta de mando único es irrefutable. Los departamentos de policía municipales son a menudo antros de corrupción, con las fuerzas enteras al servicio de un jefe criminal local. Acabar con la policía municipal en teoría podría dificultarle a los grupos criminales asegurar el apoyo de vastas franjas del Estado.

Líderes mexicanos a menudo han prometido reorganizaciones institucionales como la solución mágica a un país más limpio y más seguro, pero la realidad casi siempre se queda corta.

Pero hay varios problemas con esta conclusión simplista. Una es que tan mala como pueda ser la policía municipal, los policías federales y estatales a menudo son igual de culpables de la corrupción. Y eso tiene sentido: no hay ninguna razón inherente a que un oficial pagado por el gobierno de la ciudad sea más susceptible a un pago fraudulento que un oficial pagado por un gobierno estatal. La eliminación gradual de los departamentos de policía municipal puede parecer una forma de atacar el problema de raíz, pero conceder la autoridad estatal sobre la policía local no hace nada para alterar la estructura de incentivos que ha llevado a tantos policías mexicanos a trabajar para el crimen organizado.

Tampoco es claro quién manejará estas nuevas y más grandes fuerzas policiales estatales. Si no hay una nueva campaña de reclutamiento y la reforma es sólo un cambio de uniforme para los funcionarios actuales, entonces el caso para el mando único está aún más debilitado. Errores similares han detenido otras reformas policiales en el pasado.

En términos generales, son correctos los instintos de Peña Nieto detrás de su propuesta de reforma. México tiene un grave problema de corrupción y de instituciones de seguridad débiles, y sus cambios reflejan esa comprensión, al menos indirectamente. Pero son demasiado sensibles a un sólo incidente inusual -la masacre de Iguala- y no abordan las causas fundamentales de la debilidad institucional y la corrupción.

Líderes mexicanos a menudo han prometido reorganizaciones institucionales como la solución mágica a un país más limpio y más seguro, pero la realidad casi siempre se queda corta. Sería absurdo suponer que cualquier cosa sería diferente hoy en día.

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