La lista final de aspirantes a dirigir el Ministerio Público de Guatemala, definida por una polémica Comisión de Postulación, muestra cómo las élites criminales pudieron haber permeado el proceso, y ha encendido las alarmas sobre el futuro de la lucha contra la corrupción en el país, ahora en manos del cuestionado presidente Jimmy Morales.
La Comisión de Postulación para la selección de fiscal general de Guatemala entregó al presidente Jimmy Morales su lista de seis candidatos, entre los cuáles él deberá elegir al remplazo de Thelma Aldana como fiscal general, en un proceso que ha estado bajo la lupa por una serie de señalamientos de corrupción y conflictos de interés.
La votación final tuvo lugar el 16 de abril, un día emblemático en la lucha contra la corrupción en el país, pues en 2015 el Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desmanteló una masiva red de defraudación aduanera en un caso conocido como “La Línea”, que eventualmente llevó a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Desde entonces, en Guatemala se ha librado una batalla entre la CICIG y el MP, y un bloque de poder institucionalizado que responde a los intereses corruptos de ciertos sectores del gobierno, del ejército y del crimen organizado, y que, como InSight Crime ha señalado en varias investigaciones, ha buscado incidir en la elección del fiscal general.
El propio Morales ha sido objeto de una investigación de la CICIG sobre financiamiento electoral ilícito, que fue bloqueada en septiembre de 2017, luego de que el Congreso aprobara una serie de reformas al código penal conocidas como “pacto de corruptos”.
Pérez Molina y Baldetti, quien es pedida en extradición por narcotráfico en Estados Unidos, también han recurrido a una serie de maniobras para retrasar el caso y hoy, tres años después, continúan en prisión preventiva y todavía no se ha confirmado ninguna condena en su contra.
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El presidente actual, quien ha intentado en varias ocasiones poner freno a la lucha contra la corrupción en el país, deberá ahora elegir al próximo fiscal general entre una lista que en sí misma debería servir como mecanismo para garantizar la idoneidad de todos los candidatos, y evitar la elección de un fiscal general de bolsillo.
Los 30 postulantes inicialmente fueron sometidos una serie de pruebas que comenzaron con una entrevista de 10 minutos y una prueba psicométrica. Los candidatos luego fueron calificados según una tabla de gradación definida por la comisión para calificarlos según sus méritos académicos (30 puntos), experiencia profesional (65 puntos) y proyección humana (cinco puntos).
Así, la lista de aspirantes se redujo a 14 y finalmente a seis con la votación de los 15 integrantes de la comisión —los decanos de derecho de las universidades del país, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los directores de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Desde que la comisión fue juramentada, se han interpuesto varios amparos contra el proceso, incluyendo uno que señala la falta de idoneidad de los comisionados y otro que señala que la tabla “no garantiza que se elijan a candidatos capaces, idóneos, con la integridad y probidad necesaria para ejercer la función como jefe de la Fiscalía”.
La nómina de la comisión de postulación
A continuación, InSight Crime presenta una breve reseña de la votación recibida y el perfil de los seis finalistas en el proceso de selección para fiscal general de Guatemala.
Brenda Dery Muñoz: 15/15. Una de las candidatas mejor calificadas en la tabla de gradación con 75 puntos. Fue subdirectora general de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil y fiscal Contra el Crimen Organizado y Narcotráfico de Quetzaltenango, un departamento fuertemente golpeado por el narcotráfico. Actualmente se desempeña como Directora de Procuración en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH).
María Consuelo Porras: 13/15. También fue calificada con 75 puntos. En el proceso anterior que terminó con la elección de Thelma Aldana hizo parte de la lista final. Es magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad y ha sido vinculada a los intereses de operadores políticos como el capturado "Rey del Tenis".
Miguel Ángel Gálvez: 14/15. Obtuvo 70 puntos en la tabla de gradación. Es miembro fundador y vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. El juez Gálvez ha sido el responsable de llevar casos de alto perfil, como el de La Línea.
Patricia Gámez: 14/15. Obtuvo 67 puntos en la tabla de gradación. Es fundadora del Instituto de la Judicatura y fue representante de los jueces ante el consejo de la carrera judicial. Se ha desempeñado en casos de alto impacto de narcotráfico y uno vinculado al expresidente Álvaro Colom.
Gladys Verónica Ponce: 15/15. Fue calificada con 63 puntos de los 60 necesarios para pasar a la siguiente fase del proceso. Ha sido abogada de la CICIG y trabajó como fiscal en los casos de la masacre en la prisión Pavón y la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg.
Édgar Estuardo Melchor Solórzano: 15/15. Obtuvo apenas 60 puntos en la tabla de gradación. Aunque ha desempeñado varios cargos importantes en el MP, como en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas actualmente, también ha sido vinculado a intereses cercanos al Partido Patriota de Pérez Molina y Baldetti.
Análisis de InSight Crime
Como lo demostró InSight Crime en una extensa investigación sobre el proceso de selección del fiscal general de Guatemala, la influencia que pueden ejercer el presidente Morales y otros grupos de poder político, o de crimen organizado, sobre los miembros de la comisión de postulación encendió las alarmas de sectores de la sociedad civil y organismos internacionales acerca de la transparencia del proceso de elección del nuevo fiscal general, la idoneidad de los miembros de la comisión y la legitimidad de algunas facultades de derecho.
En un intento por dar muestras de transparencia y de mejorar la percepción pública sobre su labor, la comisión parece haber hecho un esfuerzo por cumplir cuidadosamente con la normativa en la selección de los seis candidatos. De esta manera se desliga de su responsabilidad sobre el futuro de la lucha contra la corrupción en Guatemala y deja esta tarea en manos de personas cuya calificación parece indicar que no son aptas y que la misma comisión dejó pasar.
Por eso no sorprende que algunos de los candidatos que más claramente representan un riesgo para el futuro de la lucha contra la corrupción en el país hayan pasado a la lista final, dos de ellos con los mejores puntajes en la votación y la tabla de gradación.
Tal es el caso de aspirantes como María Consuelo Porras, quien aunque sacó el mejor puntaje —junto con Brenda Dery Muñoz—, con 75 puntos, fue calificada con cero en su proyección humana, lo que da una clara muestra de la falta de compromiso de la Comisión con la selección de candidatos idóneos para el cargo.
Adicionalmente, Porras está casada con un militar cercano al sector que ha apoyado a Jimmy Morales en su batalla contra la CICIG y coincidentemente ha buscado la dirección de la fiscalía en dos momentos críticos de la lucha contra la corrupción en el país.
Por su lado, Brenda Muñoz, quien recientemente se refirió a la CICIG como “un socio estratégico”, ha sido cuestionada por haberse desempeñado como asesora del despacho del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, quien junto con Baldetti, es pedido en extradición por Estados Unidos.
Muñoz también ha sido señalada por la impunidad alrededor de un caso que llevó sobre una masacre entre narcotraficantes en 2008 y por el papel que jugó como fiscal en el desalojo de unos terrenos que terminó con la masacre de ocho campesinos.
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El ingreso de Edgar Estuardo Melchor Solórzano a la lista, quien ha sido vinculado a los intereses de la élite corrupta cercanos a Baldetti y Pérez Molina y apenas logró superar el umbral de 60 puntos para no ser descalificado en el corte anterior, también ha generado incomodidades.
Otro hecho que muestra las grietas en el proceso de selección fue la votación del decano de la Universidad Panamericana en contra de dos de los candidatos mejor preparados (Gámez y Gálvez) que también presenta una clara evidencia de cómo los intereses externos pueden buscar incidir en el resultado de la lista que recibirá Jimmy Morales.
El decano argumentó que la posible elección de Gálvez podría poner freno a los procesos que actualmente lleva, algo que además de ser falso demuestra un profundo desconocimiento del funcionamiento del sistema legal del país, y ha vuelto a dejar en entre dicho su capacidad y la de la comisión para seleccionar a los mejores candidatos.
En este contexto, el apoyo casi unánime que recibieron algunos candidatos que han sido verbales en su apoyo a la CICIG y que nunca recibirían la bendición de Morales puede ser visto más como un guiño a la opinión pública, que como un esfuerzo concreto por garantizar las condiciones para la elección de un fiscal idóneo dispuesto a continuar con la lucha anticorrupción en el país.
Si bien es cierto que el proceso de selección anterior en el que Pérez Molina designó a Thelma Aldana como fiscal general también estuvo plagado de señalamientos sobre el proceso de selección, la fiscal electa terminó por independizarse con éxito de los intereses que presuntamente la llevaron a ocupar el cargo y emprendió una batalla a muerte contra esos mismos poderes.
Por otra parte, a pesar de los intentos de la comisión por mostrar que el proceso culminado fue transparente, que la lista enviada al presidente Jimmy Morales incluya a más de un zorro disfrazado de oveja, confirma los múltiples señalamientos de la comunidad internacional y la sociedad civil sobre las fuertes injerencias externas que existen sobre el proceso de selección del fiscal general de Guatemala.
Mientras Morales conocía la lista de candidatos, el Parlamento Europeo le envió una carta en la que, además de expresar su preocupación por la situación de derechos humanos en el país, también insta a “garantizar una selección transparente y basada en criterios estrictos claros y objetivos de integridad e idoneidad de las personas candidatas a fiscal general”. Una muestra más de que mirada internacional está sobre el proceso.
*Este artículo fue actualizado y corregido el 20 de abril de 2018. Se realizó una modificación por solicitud de Patricia Gámez, quien aclaró que no renunció a su cargo tras el caso de Alvaro Colom. Su traslado se produjo a través de un proceso de oposición dentro de la carrera judicial que dio como resultado su traslado al Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, donde actualmente se desempeña como titular.
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