Mientras México se prepara para lanzar una de las iniciativas de seguridad distintivas del presidente Enrique Peña Nieto -la gendarmería- un nuevo informe cuestiona si la fuerza podrá tener un impacto real en la situación de seguridad del país.
El informe El debate entre políticas de seguridad, democracia y derechos humanos: El caso de la nueva Gendarmería Nacional, fue escrito por Miguel Moguel, un experto en derechos humanos del centro de estudios Fundar México. Moguel examina la gendarmería de arriba a abajo, enfocándose en su justificación, el contexto en el que se puso en marcha, y en los desafíos que ha enfrentado, en última instancia, colocando una lista de problemas que complican las contribuciones de la agencia a un México más seguro.
La gendarmería se propuso por primera vez durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, cuando la explosión en asesinatos bajo Felipe Calderón, la cual duró varios años, finalmente se estaba estabilizando. El momento y la falta de justificación de la necesidad de una nueva fuerza policial tenían pinta de ser un truco de campaña, pero Peña Nieto y su equipo de seguridad han continuado en la búsqueda de la creación de la gendarmería desde entonces. Se espera que la fuerza esté activa a finales de julio de 2014.
La gendarmería se pintó inicialmente como una alternativa a las fuerzas armadas que estaban activas en las actividades de seguridad nacional, y su creación fue el primer paso hacia la disminución de la dependencia de México en el ejército y en la Marina. Como dijo el propio Peña Nieto en apoyo a su propuesta, “implicaría la retirada gradual de las fuerzas armadas a sus cuarteles". Los informes más recientes indican que la gendarmería tendrá un enfoque explícito en la protección de las industrias estratégicas regionales.
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Los planes inicialmente ambiciosos para una gendarmería de 40.000 hombres, lo que en teoría podría tener la capacidad de aliviar la presión sobre los militares, se han reducido radicalmente; se espera que la fuerza que saldrá a las calles en los próximos días no cuente con más de 5.000 hombres, compuesta tanto de las transferencias de la Policía Federal como de los nuevos reclutas.
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Si bien la gendarmería puede llegar a tener un impacto en el futuro, es muy poco probable que un número tan insignificante resulte en alguna modificación de las circunstancias básicas que determinan la seguridad pública en México.
Incluso, más allá del tamaño de la fuerza, Moguel apunta a una serie de errores conceptuales que pueden llegar a impedir que la gendarmería tenga un impacto positivo. Uno de estos problemas es la continua militarización de la política de seguridad nacional de México. Como se señaló anteriormente, 5.000 de los nuevos reclutas provienen de la Policía Federal, un departamento altamente militarizado en sí, que en gran medida depende de los exsoldados para llenar sus filas. Incluso, si la gendarmería tuviera éxito en reducir la presencia de los militares en el escenario, no está claro que esto vaya a representar una mejora práctica para muchos mexicanos -no menos importante de ellos el presidente- que esperan desmilitarizar el conflicto criminal del país.
En relación con la naturaleza militarizada de la gendarmería, la agencia tiene pocos antecedentes o aparente interés en los derechos humanos. Esto es particularmente importante debido a que el despliegue del ejército en México provocó un alza enorme en los casos de abusos contra los derechos humanos por parte de agentes del Estado, como ha sido ampliamente investigado por grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Estos abusos incluyen la tortura, el asesinato y las desapariciones forzadas, que fueron una fuente importante de la impopularidad -y en general, la insostenibilidad- de las políticas de Calderón, así como una de las supuestas diferencias de la agenda de Peña Nieto.
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Sin embargo, hay muy poco en la formación de la gendarmería que prometa un enfoque renovado en derechos humanos. Por el contrario, como señala Moguel hacia el final de su informe, "los modelos de seguridad hasta ahora impulsados han privilegiado una visión que enfatiza la protección del Estado y de sus instituciones por encima de la seguridad de las personas".
Una última cuestión mencionada por Moguel es la falta de una verdadera distinción entre la forma como la gendarmería se conduce a sí misma y el acercamiento de otras agencias. "La historia de las fuerzas de seguridad en México está llena de ejemplos de las fuerzas 'incorruptibles' que caen en el mismo patrón que sus predecesores. No importa que tan 'a prueba de la corrupción' se hayan diseñado, pues las fuerzas de seguridad no existen en un vacío y serán susceptibles a las mismas fuerzas que corrompieron a sus precursores".
Esta queja se remonta esencialmente a los problemas integrados a la agencia desde su concepción durante la campaña de 2012: al igual que en casos anteriores, en los que nuevas agencias se presentaron con bombos y platillos, no está claro por qué un nuevo cuerpo de policía con un nuevo nombre es una mejor solución que limpiar el cuerpo existente. Esto es doblemente cierto cuando, como es el caso de la gendarmería y otros cuerpos policiales, el personal que está llenando la nueva agencia es en gran parte reciclado de los departamentos ya existentes. En tales casos, la energía y el capital político gastados en reorganizar los recursos a gran escala hubieran sido mucho mejor empleados al reforzar y reformar los recursos ya desplegados.
De lo contrario, la creación de una nueva organización equivale a poco más que un artificio. En este punto, es difícil ver a la gendarmería de Peña Nieto como algo mucho más que eso.
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