La exfiscal general de Venezuela, ahora desertora, declaró haber entregado a fiscales estadounidenses evidencia que implica al mismo presidente Nicolás Maduro en actividades delictivas, lo que acerca al controvertido mandatario un poco más a acusaciones penales que llevarían su régimen a una posición insostenible en el ámbito internacional.
En una conferencia de prensa en Costa Rica, Luisa Ortega, destituida de su cargo como fiscal general de Venezuela a raíz de sus críticas y de promesas de investigar al gobierno, acusó a Maduro de desviar personalmente entre US$8 y US$10 millones en efectivo del tesoro nacional, según información de EFE.
Ortega afirmó que las transacciones hacían parte de una maquinaria de corrupción por varios millones de dólares, en la que participan Maduro y una serie de altos funcionarios del partido de gobierno, incluidos dos exvicepresidentes.
La exfuncionaria también alegó que el gobierno contrató sicarios para que la asesinaran buscando poner fin a su campaña contra el gobierno, informó AFP.
Estas nuevas acusaciones aparecen una semana después de que Ortega hiciera una serie de denuncias desde Brasil, en las que acusaba a Maduro de beneficiarse personalmente de la crisis alimentaria en Venezuela, y alegando que tiene en su poder documentos que lo vinculan a una firma mexicana que suministra productos al programa de distribución de alimentos patrocinado por el estado de Venezuela.
También acusó a Diosdado Cabello, uno de los dirigentes políticos con mayor poder de Venezuela, de aceptar US$100 millones en coimas de Odebrecht, la firma brasileña acosada por el escándalo.
Mientras crecen los embrollos legales de Maduro, también aumentan los de su familia. En el giro más reciente del caso de los "narcosobrinos", los fiscales intentan vincular a los acusados Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, ambos sobrinos de la esposa de Maduro, con dos homicidios relacionados con la conspiración para traficar estupefacientes por la que se los condenó en noviembre de 2016.
Ambos parecen estar esperando su sentencia, y documentos de la corte previos a la condena mencionan el descubrimiento de fotografías de los cuerpos desmembrados de dos desconocidos, junto con textos en los que ambos parecen hablar sobre los homicidios.
La defensa de los acusados solicitó que no se tenga en cuenta los homicidios, alegando evidencia insuficiente de la implicación de ambos.
Análisis de InSight Crime
Las acusaciones penales contra Maduro salen a relucir en un momento en que el presidente venezolano sigue acrecentando la represión a la oposición política.
El 29 de agosto, la controvertida Asamblea Constituyente recién elegida y controlada por el gobierno, aprobó planes de procesar por "traición a la patria" a figuras de la oposición acusadas de promover sanciones internacionales contra el gobierno venezolano, mediante un nuevo "Decreto contra el bloqueo financiero y en defensa del pueblo venezolano", según informó El País.
Leyes como esa, más la represión violenta de las protestas populares y el desvío del poder del congreso, de mayoría opositora, hacia la asamblea, pueden permitir a Maduro aferrarse al poder político pese a las reacciones negativas contra su gobierno.
Sin embargo, las presuntas actividades criminales de Maduro y sus aliados todavía podrían resultar ser una debilidad fatal, en especial si Luisa Ortega puede respaldar sus denuncias con pruebas contundentes.
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Los fiscales estadounidenses en particular llevan años investigando los nexos del gobierno venezolano con redes del crimen organizado y la corrupción, y pueden llegar al punto en que tengan la evidencia suficiente para elaborar pliegos de acusaciones y emitir solicitudes de extradición para figuras claves, posiblemente el mismo Maduro.
Aunque Maduro y sus aliados estarían fuera del alcance mientras estén en el poder y no salgan de Venezuela, la designación de delincuentes con órdenes internacionales de captura puede tener un impacto devastador en la posición de Venezuela ante la comunidad internacional, creando restricciones al acceso a sistemas financieros y de crédito internacionales, limitando los viajes para figuras del gobierno y poniendo al gobierno en una posición de paria en el ámbito diplomático internacional.
Los problemas financieros podrían resultar especialmente agobiantes. Venezuela ya enfrenta restricciones al crédito internacional por causa de sanciones estadounidenses y está al borde del incumplimiento del pago de su deuda, mientras su economía es asolada por problemas como la inflación, la caída de la producción y el desabastecimiento. Una ruptura total de las relaciones financieras internacionales como resultado de las acusaciones penales puede llevar al país al extremo.
Si Ortega, como afirma, ya comenzó a cooperar con fiscales internacionales, podría convertirse en el instrumento para formalizar las acusaciones contra Maduro y así desatar dicha eventualidad. Si esto pasara, puede augurar el comienzo del fin para el régimen de Maduro. Pero el costo para el pueblo venezolano en términos de penuria económica y posible inestabilidad política violenta puede ser devastador.
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