Nuevo intento de Jimmy Morales de expulsar a CICIG enfrenta obstáculos inesperados en Guatemala

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El desesperado plan del presidente de Guatemala para expulsar a la CICIG podría encontrar graves obstáculos en una serie de imprevistos recientes. La muerte de uno de sus principales aliados, la incertidumbre con respecto al futuro de su partido, y los abusos por parte de su ministro de Gobernación debilitan a Jimmy Morales en el pulso a muerte por el futuro de la lucha contra la corrupción en el país.

La arremetida empezó el lunes 23 de abril, cuando el presidente de Guatemala Jimmy Morales publicó en su cuenta de Twitter un video en el que denunció un supuesto “abuso de autoridad, prepotencia y violación de varias de las leyes penales del país” durante un allanamiento realizado el 2 de noviembre de 2016 en la Casa Presidencial por la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, anunció que enviaría una solicitud a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para evaluar si los funcionarios habían actuado “correctamente dentro del convenio que Guatemala firmó (con CICIG)”.

Por su parte, el nuevo ministro de Gobernación, Enrique Degenhart Asturias, ordenó una investigación al interior de la policía por su papel en las operaciones y anunció que presentaría el caso ante el Consejo Nacional de Seguridad (CNS).

De inmediato Morales, quien además preside el CNS, citó al consejo a una reunión y aseguró que éste “representa una amenaza para la seguridad nacional”.

Ante los señalamientos, la secretaria general del MP, Mayra Veliz, defendió la legitimidad de la operación e hizo referencia al artículo 193 del Código Procesal Penal, que faculta al MP para realizar este tipo de allanamientos.

Por su lado, la procuradora Anabella Morfín, que terminará su mandato en mayo, explicó que para cumplir con la petición del presidente e investigar la supuesta ilegalidad del allanamiento realizado hace dos años, primero se deberá integrar una comisión interna técnica para hacer los análisis.

También aclaró que con base en esta evidencia, la PGN entregará un informe, y no una resolución, sobre lo ocurrido.

Las denuncias se presentan pocos días después de que la CICIG y el MP dieran a conocer la segunda fase de una investigación sobre financiamiento electoral ilícito que señala a FCN-Nación, el partido que apoyó a Morales en su campaña presidencial, de haber recibido más de ocho millones de Quetzales (un poco más de US$1 millón) de un selecto grupo de empresarios de manera anónima.

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Por su lado, los empresarios señalados por la CICIG de haber financiado ilegalmente la campaña inmediatamente aceptaron su responsabilidad en los hechos. Luego, durante un acto público que contó con la participación de militares, Morales arremetió contra la comisión, el MP y los empresarios.

La CICIG fue creada a finales de 2006 e inicialmente llegó al país para apoyar al MP con la investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), surgidos durante la guerra civil en Guatemala (1960 – 1996) y constituidos en su mayor parte por miembros activos o retirados de las fuerzas de seguridad enquistados en varios sectores del gobierno, el ejército y el crimen organizado. Desde sus inicios, el trabajo de la CICIG ha sido combatido por estos mismos grupos.

Además, a la seguidilla de acciones del gobierno contra la CICIG, se sumó el acto fallido de un grupo de diputados cercano a Morales, que presentó una moción privilegiada para alterar el orden del día del Congreso.

Aunque hubo confusión con respecto a la propuesta que planteaba la creación de una comisión de investigación, ésta logró conseguir el apoyo de 66 diputados durante los escasos 10 minutos en que fue votada, antes de que fuera retirada por un error de procedimiento en la fecha de la moción, pues estaba fechada en 2016, en lugar de 2018.

Pocas horas después de la atrevida hazaña de Morales en el Congreso, el ministro Degenhart Asturias envió una carta al comisionado Iván Velásquez, cabeza de la CICIG, en donde le urgía a realizar aclaraciones con respecto a la presencia de agentes de la policía asignados a la comisión cerca de la casa del ministro el día anterior.

Velásquez respondió prontamente con otra carta, en la que explicaba que los agentes se encontraban verificando la existencia de una empresa —cuyo nombre no fue revelado— registrada en una dirección muy cercana a la residencia del ministro, y aclaró que actualmente la CICIG no tiene ninguna investigación abierta en su contra.

Ese día se informó que dos de los agentes que participaron en la diligencia y una inspectora se encontraban retenidos. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) pidió en un comunicado al ministerio y a la PNC garantizar la vida e integridad de los agentes retenidos.

A la rencilla se unió la voz del exdirector de la PNC, Erwin Sperisen, recién condenado a 15 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de seis reos en la cárcel de Pavón en 2006, quien invitó al presidente a “hacerle un favor y sacar a la CICIG de Guatemala”.

Análisis de InSight Crime

Las arriesgadas maromas legales a las que ha recurrido el presidente Morales son la muestra más reciente de la agenda reactiva del gobierno frente a uno de los golpes más contundentes que ha propinado la CICIG contra un presidente en funciones en Guatemala. También evidencian las capacidades extraordinarias con las que cuenta la élite política en países donde la corrupción se ha institucionalizado.

Este nuevo intento de Morales por deslegitimar el trabajo de la CICIG y el MP se presenta a pocas semanas del nombramiento de la persona que sustituirá a la fiscal general actual, Thelma Aldana, quien de la mano de la comisión ha emprendido una ardua batalla contra la corrupción en el país durante los últimos años.

Los enfrentamientos entre el gobierno y el MP y la CICIG comenzaron tras la llegada de Morales al poder en enero de 2016, luego de que el hermano y uno de los hijos del presidente fueran detenidos por un caso de corrupción ocurrido durante la presidencia de Otto Pérez Molina (2012-2015).

Sin embargo, la disputa alcanzó su punto más álgido en septiembre del año pasado, cuando la comisión pidió un antejuicio contra Morales por financiamiento electoral ilícito.

En respuesta, el presidente buscó la expulsión del país de Iván Velásquez e intentó declararlo non-grato. Posteriormente, el antejuicio fue bloqueado por el Congreso, que aprobó una serie de reformas al código penal en un escándalo conocido como el Pacto de Corruptos.

Intentar expulsar del país funcionarios de la CICIG parece ser una de las tácticas predilectas del gobierno de Morales. De hecho, la semana pasada, luego de que la Fundación contra el Terrorismo, cercana a los militares y a Morales, pidiera a la Cancillería declarar non-grato al abogado de la CICIG César Rincón, el presidente publicó, también en su cuenta de Twitter, otro video en el que apoyaba su expulsión.

Rincón se encuentra al frente del caso de corrupción que involucra al hijo y al hermano del presidente.

En lo que va del año, Morales ha realizado una serie de cambios en puestos claves en el gobierno, incluyendo la llegada de Degenhart al ministerio de Gobernación, que como InSight Crime ha advertido, tienen como objetivo modificar el equilibrio de poderes en el país.

Luego de ser nombrado en el ministerio a pesar de su falta de trayectoria, Degenhart realizó una serie de sospechosas movidas en la cúpula de la PNC, y también ordenó retirar a 11 agentes de la policía que habían sido asignados a la CICIG.

Aunque los agentes fueron restituidos un par de días después, la retención reciente de tres agentes asignados a la CICIG son una muestra clara de la forma sistemática en que el gobierno busca amedrentar a los funcionarios que actúan en contra de sus interéses.

La semana pasada, una presunta fuga de información que habría resultado en el fracaso de una serie de capturas que se iban a realizar con el apoyo de la CICIG, desató una cantidad de graves señalamientos por parte del ministerio de Gobernación, el cual inmediatamente descartó su responsabilidad en la fuga, e implicó al MP en el supuesto sabotaje de su propia operación, algo que parece poco probable.

Degenhart ha estado en Estados Unidos varias veces este año, donde según fuentes de El Periódico ha discutido con senadores y congresistas los planes del CNS para sacar a la CICIG de Guatemala. Lo anterior podría explicar por qué uno de los tuits en los que Morales difundió el video estaba escrito en inglés.

Este lobby en Estados Unidos contra la CICIG ahora parece contar con el apoyo de algunos de los sectores de derecha más radicales, como los que representa el senador republicano de la Florida Marco Rubio y la periodista de The Wall Street Journal, Mary Anastasia O’Grady, y su serie de publicaciones sobre el Caso Bitkov.

Lo que sustentan quienes buscan deslegitimar la lucha anticorrupción como Rubio, O’Grady, y la élite corrupta en Guatemala, es que la condena a prisión de la familia es una supuesta muestra del alcance de la agenda comunista de Rusia —que no financia a la comisión— en la CICIG y en la región, como fue planteado en una audiencia realizada en el Congreso de Estados Unidos el viernes 27 de abril.

El caso está vinculado a una red criminal que falsificaba pasaportes guatemaltecos en complicidad con funcionarios de la Dirección General de Pasaportes de la Migración de Guatemala, cuando el ministro Degenhart se desempeñaba como auditor de la dependencia.

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Por otro lado, el fracaso de esta semana en el Congreso es un recordatorio de la injerencia que Morales ha mantenido, por lo menos hasta ahora, sobre el poder legislativo. Un ejemplo es el caso de Edgar Reyes Lee, uno de los diputados que apoyó la moción reciente, y el pacto de corruptos en septiembre del año pasado, quien fue identificado por InSight Crime en una extensa investigación por sus vínculos con una de las universidades que participa en el cuestionado proceso de selección del fiscal general de Guatemala.

Pero la mala “suerte” de Morales no paró ahí. La repentina muerte del expresidente y cinco veces alcalde de Ciudad de Guatemala Alvaro Arzú mientras jugaba golf hace pocos días, podría comprometer aún más las capacidades del presidente en su búsqueda por expulsar a la comisión, al menos en el corto plazo.

Arzú era uno de los miembros más representativos de la élite tradicional guatemalteca y fue uno de los principales aliados de Morales en la lucha contra la CICIG. De hecho, varias fuentes consultadas en Guatemala dijeron que buena parte del poder de Morales y de su relación con los militares dependían directamente del recién fallecido expresidente.

A esta larga lista de eventos que surgieron durante la tormentosa semana, se sumó que la Fiscalía de Delitos Electorales del MP presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una solicitud para cancelar al FCN-Nación por la investigación en curso. Todo esto en medio de los crecientes rumores sobre las intención del Ejecutivo de declarar el Estado de Excepción.

Ahora, con el futuro de su partido en un limbo y la inesperada muerte de Arzú —cuyo hijo se desempeña como presidente del Congreso—, Morales podría haber quedado más solo y con menos opciones que nunca.

Aunque habrá que ver cómo evolucionan el caso en contra de Morales y su relación con el ejército —que ahora podría ser su único aliado—, la coyuntura actual presenta un ejemplo claro de los nefastos efectos de la corrupción que llevaron a la creación de la comisión, y que irónicamente también ha dado al mandatario los mecanismos para intentar, una vez más, dar un golpe letal a la CICIG.

Con estos antecedentes y en medio de un proceso que ha estado plagado de conflictos de interés, el presidente deberá escoger entre una cuestionada lista de seis finalistas a la nueva cabeza del MP, en cuyas manos quedará la continuidad de las investigaciones más importantes del país, que vinculan a miembros de las élites, incluyendo a Morales y a su círculo intimo.

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