Nuevo libro presenta serias denuncias de narcotráfico contra funcionarios de Venezuela

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Un nuevo libro, en el que se documentan supuestos vínculos de funcionarios de Venezuela con el narcotráfico, es sorprendente en cuanto al alcance de sus acusaciones, y en él sostiene que la corrupción y la participación en el narcotráfico han penetrado las altas esferas del gobierno del país.

En el libro Bumerán Chávez, Emili J. Blasco, corresponsal de Washington DC para la agencia española de noticias ABC, presenta una profunda crítica de la herencia del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, argumentando que las contradicciones y falsedades de su revolución bolivariana están conduciendo al colapso de Venezuela.

En su obra, Blasco se centra en varios aspectos claves, en su mayoría relacionados con el comportamiento ideológico, económico y político de Venezuela bajo el régimen chavista, que él responsabiliza de desestabilizar al país. Uno de estos aspectos es el supuesto patrocinio al narcotráfico por parte del gobierno, que según Blasco comenzó durante la administración Chávez.

Con base sobre todo en conversaciones con Leamsy Salazar, exjefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, y antiguo miembro de seguridad de Chávez, Blasco acusa a varios altos funcionarios, incluyendo a Cabello, de participar en el tráfico de drogas. Salazar, quien abandonó Venezuela a finales de 2014 y llegó a Washington DC en enero, donde supuestamente ha estado testificando para una investigación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) sobre las autoridades venezolanas, narra varias historias escandalosas que involucran a Chávez y Cabello desde la época en que trabajaba como guardaespaldas.

 

 Sin embargo, fue Cabello quien dio las últimas instrucciones a la tripulación de las naves cargadas de drogas antes de que partieran.

Según el libro, Salazar se graduó en 1998 de la Escuela Naval de Venezuela, donde su excepcional desempeño le valió un puesto como uno de los guardaespaldas y asistentes personales de Chávez. Sin embargo, durante la época en la que protegió a Chávez, Salazar afirma que se enteró de la complicidad y participación activa de los funcionarios del gobierno en el tráfico de drogas. En particular, Salazar describe una escena que tuvo lugar alrededor del año 2007 en una granja en el estado venezolano de Barinas, cerca de la frontera con Colombia. Salazar dice que allí presenció cómo Chávez negociaba con líderes de las FARC, acordando comprarles cargamentos de droga a cambio de armas y suministros militares.

Tras la muerte de Chávez, Diosdado Cabello eligió a Salazar como su guardaespaldas. Según Blasco, Salazar señala a Cabello como el facilitador de las actividades narcotraficantes y criminales del gobierno venezolano. Por ejemplo, Salazar narra un evento que tuvo lugar en 2013, cuando acompañó a Cabello en un viaje nocturno a la península de Paraguana. Allí, según Salazar, Cabello inspeccionó cuatro lanchas rápidas que transportaban varias toneladas de cocaína. Entre los hombres fuertemente armados y encapuchados que vio en Paraguana estaba Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar de Venezuela. Sin embargo, según Salazar, Cabello fue quien dio las últimas instrucciones a la tripulación de las naves cargadas de drogas antes de que partieran.

Pocos días más tarde, continúa Blasco, un camión del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) llegó a Fuerte Tiuna, complejo militar localizado en Caracas donde Cabello tenía una oficina. Salazar, quien estuvo presente en el momento en el que el camión era descargado, afirma que vio dentro varias maletas idénticas, todas las cuales estaban cerradas con candados. Como ello le generó curiosidad, se dirigió entonces a un cuarto de donde habían sacado una de las maletas. Ésta se encontraba abierta, y adentro, afirma, había fajos de billetes de 100 dólares. Según Salazar, en más de una ocasión a aquel lugar llegaron camiones del SENIAT, cuyo director es José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello.

Allí supuestamente encontró una trampilla en el suelo, la abrió y descubrió una escalera. Bajó por ella y encontró un salón repleto de fajos de dinero.

Salazar también describe una escena que él afirma que presenció en una granja en límites entre los estados de Barinas y Apure, donde Cabello solía ir de caza. Salazar se encontraba acompañando a Cabello y a su asistente personal, Lansford Castillo, durante una excursión nocturna, cuando Cabello le ordenó a Salazar detenerse y esperar. Los otros dos siguieron caminando por unos 100 metros más o menos, antes de detenerse. Sus linternas de repente se apagaron y luego de un momento volvieron a encenderse. Cuando regresaron le dijeron a Salazar que habían ido a cazar ciervos; y cuando se marcharon, Salazar se dirigió al sitio donde habían apagado sus linternas.

Allí supuestamente encontró una trampilla en el suelo, la abrió y descubrió una escalera. Bajó por ella y encontró un salón repleto de fajos de dinero. Cuando le contó sobre su descubrimiento a un compañero de trabajo, éste le dijo que había visto cuartos ocultos similares pertenecientes a Cabello en el estado de Monagas y en Ciudad Bolívar.

Tras una serie de incidentes similares que Blasco narra en el libro, Salazar llegó a temer por su seguridad. En el otoño de 2014, él contactó a la DEA y comenzó a hacer preparativos para su salida de Venezuela. A finales de 2014 salió del país con destino a Madrid, España (donde Blasco lo entrevistó por primera vez), y finalmente llegó a Washington DC el 26 de enero. En marzo, supuestamente presentó una declaración como parte de un caso contra Diosdado Cabello (abierto por la corte estadounidense del Distrito Sur de Nueva York) en el que, según Blasco, se acusa al presidente de la Asamblea Nacional de operar una red de tráfico de drogas creada por Hugo Chávez y con el apoyo del actual presidente Nicolás Maduro.

La creación de esta red de tráfico de drogas, afirma Blasco, está ligada a la inmensa riqueza generada por los altos precios del petróleo durante la última década, que según él ha dado pie a sobornos, malversación de fondos y fraudes, y ha promovido la corrupción. Esta corrupción económica, sostiene Blasco, ha estado acompañada de corrupción judicial, allanando el camino para actividades como el lavado de dinero, que a su vez permite el tráfico de drogas.

Según Blasco, fue bajo el gobierno de Chávez cuando las drogas comenzaron a fluir a través de Venezuela, como parte de la estrategia de revolución bolivariana de Chávez. Es decir, el narcotráfico proporcionó medios para ayudar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su lucha contra un gobierno colombiano receloso del régimen venezolano, y le permitió a Venezuela enfrentar a Estados Unidos.

En última instancia, Blasco argumenta que el tráfico de drogas, el creciente autoritarismo y los problemas financieros de Venezuela son el resultado de la “maduración” del chavismo, un búmeran que ha vuelto a su punto de partida: a una Venezuela donde las clases bajas sufren cada vez más pobreza, escasez de productos básicos y criminalidad. Al abrir la puerta al narcotráfico, Chávez y otros funcionarios, afirma Blasco, han causado un daño inmenso al país.

Análisis de InSight Crime

Emili Blasco es un respetado periodista; las historias de flagrante corrupción de los funcionarios venezolanos incluidas en su nuevo libro son casi inverosímiles y seguramente buscan incomodar a muchos miembros de la élite política de Venezuela.

De hecho, Diosdado Cabello anunció recientemente que se encontraba entablando demandas contra cuatro medios de comunicación por la cobertura de una noticia (que Blasco escribió para ABC) publicada en enero, en la que se acusa a Salazar de tráfico de drogas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Cabello enfrenta acusaciones de corrupción y tráfico de drogas. Eladio Aponte, un juez de la Corte Suprema que fue despedido en marzo de 2012 —y que también ha sido acusado de colaborar con el narcotráfico— al parecer le dijo a la DEA en 2012 que Cabello dirigía operaciones de narcotráfico. Más adelante, en 2013, se filtraron documentos y grabaciones que implicaban a Cabello en un enorme escándalo de corrupción en el gobierno, y en 2014 un activista de derechos humanos presentó una demanda en Miami, en la que se acusaba a Cabello de recibir US$50 millones como sobornos de una firma de ingeniería venezolana a cambio de contratos de obras públicas.

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Cables estadounidenses publicados en Wikileaks han etiquetado a Cabello como “uno de los tres polos principales de corrupción cerca o dentro” del gobierno, y lo describen como alguien que ha “acumulado gran poder y control sobre el aparato del régimen, así como una fortuna privada, a menudo mediante intimidaciones ocultas”. Estas descripciones han llevado a que se lo describa como “el Frank Underwood venezolano” (como referencia al protagonista de la popular serie de televisión norteamericana House of Cards).

No obstante, Cabello no es el único en lo que se refiere a acusaciones de narcotráfico levantadas contra altos funcionarios venezolanos. El ejército venezolano también ha sido implicado con frecuencia en el tráfico de drogas (supuestamente, altos rangos militares conforman una organización criminal conocida como el Cartel de los Soles). Sin embargo, al momento de investigar o enjuiciar a los funcionarios del gobierno por tal actividad, la impunidad tiende a estar al orden del día.

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Aun así, mientras los apuros económicos y los escándalos de corrupción continúan agitando al país —que se ha convertido en uno de los más peligrosos de Latinoamérica— queda por verse si Cabello es verdaderamente el “capo de los capos” venezolano, como afirma Blasco en su libro. De hecho, parece que el capítulo final aún está por escribirse, pues Roger Noriega, ex subsecretario de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, recientemente afirmó que Estados Unidos tiene una serie de investigaciones en curso, las cuales han producido “un volumen sustancial de pruebas” que demuestran la participación de Cabello y otros altos funcionarios venezolanos en el tráfico de drogas.

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