El gobierno venezolano asegura que un masivo plan de seguridad lanzado recientemente pretende acabar con el poder que ejercen las bandas criminales en barrios urbanos. Pero en última instancia la operación puede llevar a que la policía use la fuerza excesiva contra la población civil.
El 17 de julio, residentes de la comunidad del barrio Cota 905 de Caracas fueron a la Fiscalía a protestar por la muerte de quince personas que perdieron la vida en “enfrentamientos” durante la “Operación Liberación y Protección del Pueblo”. Unos días antes, Gustavo González López, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, había anunciado que, como parte de este mismo plan, en un día habían sido detenidos 134 “delincuentes”, a 32 de los cuales señaló como paramilitares.
El gobierno venezolano dio a conocer la semana pasada esta nueva operación de seguridad, por medio de la cual cientos de oficiales de la Policía Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional fueron enviados a sectores pobres. El plan fue lanzado en Caracas (con énfasis en Valles de Tuy, Ciudad Tiuna y Cota Mil) y en los estados de Aragua y Miranda. El 22 de julio, el presidente Maduro pidió que la operación se extendiera "hasta el último rincón del último estado del país".
Este artículo fue publicado originalmente en Política Venezolana y Derechos Humanos, un blog de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y fue traducido y republicado con permiso. Vea el original aquí.
El anuncio de un plan que pretende “desarticular bandas criminales que han sometido ciertas zonas del país” se presenta inmediatamente después de la reciente atención mediática a las “zonas de paz” en Caracas y otras ciudades. Estas “zonas de paz” son sectores de la ciudad que el gobierno supuestamente acordó dejar en manos del crimen organizado —prohibiéndole a la policía entrar a esas áreas— a condición de que las pandillas dejaran de usar la violencia entre ellas.
El gobierno ha negado tal impunidad negociada. José Vicente Rangel Ávalos, anterior viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica y artífice de las zonas de paz, ha señalado que el plan sólo busca proporcionar alternativas económicas para los pandilleros.
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Sin embargo, se han presentado numerosas confrontaciones violentas entre la policía y los pandilleros precisamente en lugares donde se ha informado sobre la existencia de estas zonas de paz. El énfasis del plan en Cota Mil, por ejemplo, es una respuesta a los enfrentamientos que tuvieron lugar allí durante todo el mes de junio. Los medios de comunicación describen a estas bandas como bien articuladas y altamente organizadas.
Según un artículo, “desde hace tres meses, los criminales ‘establecieron un acuerdo y le declararon la guerra a los policías’. No en vano, han sido asesinados 60 efectivos de distintos organismos de seguridad este año en la Gran Caracas”. Los funcionarios entrevistados en el artículo señalaron que estos enfrentamientos intensos se producían en zonas que son controladas por “megabandas” bien armadas. Estos informes, junto con noticias casi diarias sobre asesinatos de policías (generalmente para robarles sus armas), aumentaron la presión sobre el gobierno para demostrar que no ha cedido el control.
Si bien los medios de comunicación han presentado el plan como una respuesta necesaria a años de terror por cuenta de grupos armados, incluso comentaristas de izquierda han señalado que la única manera de enfrentar la amenaza actual sobre el país es a través de una unión civil-militar-policial que pueda actuar como un escudo sobre los sectores populares.
Sin embargo, como lo hicieron previamente el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) y el Plan Patria Segura, esta operación se basa en un enfoque militarizado del crimen y la violencia, que convierte un problema de seguridad ciudadana en un asunto de seguridad nacional, y de esta manera justifica la violencia contra cualquier persona que sea declarada “enemigo” de la nación.
Los grupos de derechos humanos le han pedido al Estado que “asuma el control” de los territorios violentos, y han denunciado la manera como el gobierno ha intentado frenar la violencia. El grupo de derechos humanos PROVEA consideró a la operación en Cota 905 como una “masacre”, argumentando que estos tipos de procedimientos permiten el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza letal por parte de los funcionarios públicos. Inti Rodríguez, vocero de PROVEA, advirtió que estrategias como ésta han permitido durante mucho tiempo que las fuerzas de seguridad detengan, asalten y engañen arbitrariamente a los ciudadanos.
Y hay razones para cuestionar la base sobre la que se fundamentan operaciones como ésta. A diferencia de Colombia, Venezuela nunca ha enfrentado el problema de bandas bien articuladas, excepto en la frontera. Y los “carteles” que existen han sido relacionados con el ejército venezolano, y no con grupos paramilitares u otros grupos no estatales. En cambio, las pandillas, especialmente en las zonas urbanas, han permanecido pequeñas, fluctuantes y localizadas. De hecho, esta es una de las razones por las que son difíciles de combatir.
Keymer Ávila, criminólogo de la Universidad Central, también ha cuestionado esta perspectiva. En un artículo de opinión, Ávila escribió:
Veamos las cifras: por un lado el Estado actúo con más de 250 funcionarios (GNB, PNB, CICPC, SEBIN), por el otro resultan 15 personas fallecidas. ¿Cuántos funcionarios resultaron lesionados, heridos o muertos? En un enfrentamiento entre fuerzas simétricas hay afectaciones en ambas partes [...] lo que hace suponer que más que enfrentamientos entre fuerzas equivalentes, se trata de un ejercicio asimétrico de la fuerza, frecuentemente intencional por parte de la policía.
Según Ávila, cuando el Estado aumenta sistemáticamente la violencia puede convertir las inquietudes sobre el crimen organizado y las megabandas en una realidad, generando violencia en lugar de reducirla. De hecho, si algunas bandas se han unido a otras, es probablemente como respuesta a incursiones de la policía, no como un intento de controlar un territorio.
Este artículo fue publicado originalmente en Política Venezolana y Derechos Humanos, un blog de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y fue traducido y republicado con permiso. Vea el original aquí.
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