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Nuevo presidente de Paraguay: ¿mucho ruido y pocas nueces?

ÉLITES Y CRIMEN / 15 AGO 2018 POR FELIPE PUERTA ES

El nuevo presidente de Paraguay asegura que centrará su política de seguridad en acabar con la corrupción judicial y el crimen organizado, pero su trayectoria y los cuestionamientos sobre la legitimidad de quienes lo rodean han despertado dudas sobre qué tan factibles son sus propuestas.

El conservador Mario Abdo Benítez, quien en abril ganó por un margen de menos de cuatro puntos a su oponente liberal Efraín Alegre, comenzó su mandato el 15 de agosto. El político y empresario amasó buena parte de su capital económico y político de la mano del Partido Colorado, al cual también pertenecía su padre, quien se desempeñó como secretario privado del coronel Alfredo Stroessner durante la dictadura paraguaya, que duró 35 años.

El nuevo presidente ha sido un vocal crítico del presidente Horacio Cartes, también representante del Partido Colorado. Tanto fue así que en 2017, cuando era senador, lideró la oposición frente a la propuesta de reelección presidencial impulsada por Cartes.

En materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, Abdo ha dicho públicamente que en Paraguay ha habido una "falta de voluntad política e ineficiencia en el manejo de las políticas de seguridad” y ha expresado su interés por recibir asistencia de Estados Unidos, así como la necesidad de “políticas de inteligencia”.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Paraguay

Y aunque todavía no se conocen los detalles de sus planes para combatir al crimen, la elección de los miembros de su gabinete da algunas ideas sobre la política de seguridad que tendrá su gestión.

El general retirado y futuro ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, quien ya había desempeñado el cargo bajo la gestión de Cartes hasta 2015, ha señalado en declaraciones a Última Hora su intención de fortalecer al ejército y aumentar sus capacidades.

Así mismo, el elegido de Abdo para la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el exsenador Arnaldo Giuzzio, señaló que en la lucha contra el crimen dará prioridad al control del microtráfico y prometió investigar a fondo la narcopolítica.

Si bien durante su paso por el Congreso Guizzio señaló a varios congresistas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, también recibió fuertes cuestionamientos por la poca efectividad y el tecnicismo de su mandato en la fiscalía anticorrupción.

El jefe de campaña de Abdo y futuro ministro de Interior, Juan Ernesto Villamayor, señaló a EFE que buscará enfocarse en la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el norte del país y anunció el fortalecimiento de la cuestionada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada para enfrentar al grupo.

Durante el cierre de su campaña, el nuevo presidente también se comprometió a desatar una guerra frontal contra la corrupción y la impunidad en el país.

Aunque muchos de los casos que más obstáculos han encontrado para conseguir justicia en Paraguay están relacionados con crímenes cometidos durante la dictadura, en la que su padre fue uno de los hombres más poderosos, otros casos de corrupción, contrabando y narcotráfico vinculados a miembros de la élite del país también han quedado en la impunidad.

Análisis de InSight Crime

Si bien es cierto que, como señaló Abdo, el gobierno de Cartes tuvo pocos éxitos en la lucha contra el crimen organizado (además, tanto él como su tío han sido vinculados al narcotráfico y al contrabando de cigarrillos), también es claro que el nuevo presidente representa los mismos intereses de la élite política y militar que ha gobernado el país casi ininterrumpidamente durante las últimas siete décadas.

Muchos de los nuevos retos que deberá enfrentar el nuevo presidente en la lucha contra el crimen organizado se derivan en parte del creciente papel de Paraguay en el tráfico internacional de cocaína, incluyendo la cada vez mayor presencia del Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) y el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) en la zona de la triple frontera, donde en algunos casos las pandillas brasileñas incluso han cooptado a miembros de la policía y a funcionarios.

Aunque hasta el momento Abdo no ha presentado propuestas puntuales sobre la lucha contra los grupos del crimen organizado transnacional, el nuevo presidente de Paraguay ya ha mostrado acercamientos con los presidentes de Brasil y Argentina en temas de seguridad regional y parecen estar coordinados en el enfoque de mano dura que buscan dar al crimen.

En este sentido, las promesas de sus ministros de fortalecer la FTC y el ejército de manera simultánea han generado fuertes cuestionamientos, en parte debido a la poca efectividad que ha mostrado tener la institución en su lucha contra el EPP y los cultivos de marihuana en la zona norte del país, a pesar de la gran cantidad de recursos destinados para ello.

Por otro lado, tampoco son claros los incentivos que podría tener Abdo para sanear la corrupción en el sistema judicial que lo ha beneficiado a él y a su familia durante tantos años (aunque su padre pasó dos años en la cárcel por enriquecimiento ilícito, muchos de los crímenes más violentos que presuntamente cometió durante la dictadura quedaron en la impunidad tras su muerte en marzo de 2013).

Su buena relación con los gobiernos anteriores le valieron multimillonarios contratos estatales para sus empresas Almacenamiento y Distribución de Asfalto (Aldía S.A.) y Creando Tecnología S.A. (Createc S.A.), las cuales entre 2010 y 2014 recibieron contratos estatales por cerca de US$18,5 y US$3,8 millones, respectivamente.  

Según ABC Color, en parte por sus diferencias con el gobierno de Cartes, las empresas de Abdo no recibieron contratos estatales entre 2014 y 2017, aunque poco después de su victoria durante las elecciones primarias en diciembre de 2017, a Aldía le fue adjudicado un contrato estatal por US$1,7 millones.

Además de los claros conflictos de interés que representa ser contratista del Estado y presidente al mismo tiempo, miembros de su gabinete se han visto envueltos en casos de corrupción, y algunos incluso han favorecido la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos y otros crímenes cometidos durante la dictadura.

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