‘Ollas’ de Suramérica, territorio de crimen organizado

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En el centro de algunas de las principales ciudades de Suramérica, las autoridades les han cedido a los grupos del crimen organizado el control de los barrios marginales donde se distribuyen drogas. InSight Crime ha identificado tres lugares donde violentas pandillas han impuesto su propia forma de justicia, a menudo con la complicidad de agentes del Estado.

Las villas del paco: Argentina

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En pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y en algunos casos a unos pocos metros de los barrios más exclusivos de la ciudad, se encuentran las famosas “villas” de Argentina. Estos barrios son las principales zonas de drogas en la capital, donde los grupos criminales de toda Latinoamérica han inundado el mercado local de “paco” —una sustancia similar al crack, altamente adictiva—. Dado que el narcotráfico se ha intensificado en Argentina en las últimas décadas, el consumo local ha comenzado a crecer.

Actualmente, el tráfico de drogas en Buenos Aires se reparte entre la Villa 1-11-14  en el barrio “Bajo Flores”, la Villa 31 y Villa Zavaleta (o Villas 21 y 24), según Lucas Manjon, miembro de Fundación Alameda y jefe de investigación del partido Bien Común, en la Unidad de Trata de Personas, Narcotráfico y Crimen Organizado.

En estas “villas” operan por lo menos diez organizaciones narcotraficantes, siete de las cuales tienen presencia en Villa 1-11-14 y en Villa 31. Su control territorial cambia de barrio en barrio como consecuencia de las sangrientas guerras territoriales y debido a las constantes rivalidades.

En la Villa 1-11-14, por ejemplo, se han presentado disputas territoriales entre grupos narcotraficantes colombianos, peruanos y paraguayos. Después de una masacre durante una procesión religiosa en el año 2005, un exguerrillero de la organización peruana Sendero Luminoso, Marco Antonio Estrada González, alias “Marcos”, asumió el control total del comercio de drogas en la villa. Su rival, otro exguerrillero de Sendero Luminoso, llamado Alionzo Rutillo Ramos Mariño, alias “Ruti”, se vio obligado a trasladarse a Villa 31. Desde entonces, un grupo de criminales paraguayos también han estado aumentando su poder en Villa 31.

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En Villa Zavaleta, grupos más pequeños, conformados por peruanos y bolivianos, entre otras nacionalidades, administran el mercado local.

Para que estas pandillas puedan operar libremente a pesar de la constante presencia del Estado en las villas de Buenos Aires, debe haber una estrecha cooperación entre los delincuentes, las fuerzas de seguridad y los políticos, según le dijo Manjon a InSight Crime. Él se refiere a ello como una operación “paraestatal”, en la que el dinero sucio llega a los bolsillos de los altos rangos.

Según Manjon, como parte de dicho acuerdo, los grupos criminales llenan el vacío de Estado en estos barrios pobres, imponiendo normas, administrando su propia forma de justicia y resolviendo conflictos dentro de un sistema establecido con la complicidad de las mismas autoridades estatales.

Una peculiaridad de estos grupos criminales es que han establecido laboratorios urbanos de cocaína para producir drogas para la exportación internacional, según explicó Manjon. En el barrio de Bajo Flores se han encontrado numerosos laboratorios que presuntamente les pertenecen a familiares de alias “Marcos”. Se estima que casi el 50 por ciento de la cocaína producida en Bajo Flores sale del país, mientras que el resto se vende en el mercado nacional.

Pero las drogas no son el único negocio que llena los bolsillos de estos grupos. La explotación sexual y los trabajos forzados en las maquilas son otras de las realidades en las villas.

A finales de 2015, inteligencia policial calculó que las ganancias criminales en el barrio Bajo Flores eran de entre US$700.000 y 1 millón por mes, según le dijo Manjon a InSight Crime. De este total, US$250.000 supuestamente quedaron en las manos de la policía mediante sobornos.

Aun así, es difícil calcular la cantidad de cocaína que se produce en Buenos Aires. Según Manjon, hasta la fecha la mayor incautación efectuada en las villas de la capital ha sido de sólo 30 kilogramos.

‘La ley de las favelas’: Brasil

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Las “cracolândias”, o “territorios del crack” de Brasil, son quizá las comunidades anárquicas más conocidas de Latinoamérica. Hoy en día, Brasil es uno de los más grandes mercados de cocaína y crack del mundo. Al interior de las favelas —extensos barrios de muy bajos ingresos— en las principales ciudades del país, las poderosas bandas narcotraficantes con alcance internacional controlan las construcciones, las calles o los lotes donde los drogadictos pasan sus días.

Los primeros reportes sobre la existencia de una cracolândia aparecieron en 1991 en la ciudad de São Paulo, según Bruno Gomes, quien trabajó como psicólogo en esa zona de la ciudad durante 11 años hasta 2014. Estas áreas son actualmente controladas por miembros del Primer Comando Capital (PCC), una organización de narcotráfico internacional que nació en las cárceles de São Paulo en la década de los noventa.

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Luego de algún tiempo el crack comenzó a llegar a otras ciudades de Brasil. Una teoría es que el PCC introdujo  la droga en otros estados, incluyendo Río de Janeiro, donde apareció en 2004, según le dijo Gomes a InSight Crime.

El crack evolucionó de manera diferente en Río. Mientras que São Paulo tiene una cracolândia principal en el centro de la ciudad, Río puede tener hasta 50 a lo largo de toda su área urbana, según Lidiane Malanquini, coordinadora del proyecto de desarrollo social Redes da Maré. En Maré —un complejo de varias favelas— se encuentra una de las cracolândias más grandes de la ciudad, donde habitan cerca de 100 consumidores de drogas.

Pero de todas las organizaciones criminales que rivalizan por el control de Río de Janeiro, solamente una permite la existencia de una cracolândia en su territorio, como Malanquini le dijo a InSight Crime.

Ese grupo es el Comando Rojo (Comando Vermelho – CV), una poderosa organización transnacional que se originó en las prisiones y tiene fuertes vínculos con el PCC. Las “milicias” —grupos paramilitares formados por miembros retirados y en servicio de las fuerzas de seguridad— les proporcionan seguridad a las cracolândias, agregó Malanquini.

El PCC y el CV ejercen un fuerte control social, llenando el vacío creado por la ausencia de las autoridades del Estado en estas comunidades marginadas.

En el centro de São Paulo, “nadie puede robar, asesinar o cometer actos violentos… a no ser que el PCC lo autorice”, dijo Gomes. Para hacer cumplir las “leyes” establecidas por el PCC, existen las llamadas “disciplinas”, que a menudo tienen vínculos con los líderes del grupo encarcelados.

“En Río de Janeiro, a esto se le llama “la ley de las favelas”, dijo Malanquini.

Varios factores permiten explicar cómo estos grupos criminales han logrado desplazar el poder estatal. En São Paulo, la corrupción “endémica” al interior de la policía es un factor clave. Gomes recuerda que un funcionario antinarcóticos que era su paciente le dijo que “todos” en la policía civil de la zona recibían dinero por permitir que el tráfico de drogas ilícitas continuara.

Según Malanquini, la corrupción en Río de Janeiro implica a criminales de alto rangos. Cualquier acuerdo con la policía “no es hecho por los jóvenes armados en Maré, sino una decisión tomada por los grandes traficantes”.

Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad de Brasil carecen de la capacidad o la voluntad para ocupar estos centros de drogas en el centro de la ciudad. En las cracolândias de São Paulo, donde hay constante presencia policial, los más de mil consumidores de drogas representan un enorme obstáculo. Los consumidores de crack están estrechamente vinculados a sus alrededores, no sólo consumiendo la droga sino también utilizándola como medio de pago para artículos y servicios, como comida, cigarrillos  y sexo. Como los consumidores también distribuyen, es muy difícil identificar a los verdaderos traficantes de drogas. Y los adictos protegen las calles de las fuerzas del Estado.

“Generalmente los consumidores de drogas reaccionan ante la policía con mucha violencia”, dijo Gomes.

Por otro lado, Malanquini explicó que a las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro no les interesa mucho aventurarse en las cracolândias.

“Les interesa Maré porque allí pueden encontrar traficantes de alto nivel… e incautar armas y drogas”, dijo. Los pocos pedazos de crack que pueden encontrar durante una operación en una cracolândia no encajan con estos criterios.

Gomes cree que, en cierta medida, el Estado también sabe que no puede acabar con las cracolândias en unos pocos años. El uso esporádico de la fuerza por parte de los agentes del Estado no será suficiente. “Es un problema básicamente social”, dijo el psicólogo.

Estas áreas de drogas se han vuelto altamente rentables. Recientemente, se reveló que una supuesta organización de caridad dedicada a ayudar a los indigentes en São Paulo, llamada MSTS, era en realidad un frente del PCC. El sitio de trabajo de la organización fue descrito por la policía como la “sede” del narcotráfico en la principal cracolândia de São Paulo y era utilizada para almacenar y distribuir drogas y armas.

Los investigadores estiman que este grupo obtenía hasta US$1,2 millones al mes (entre 3 y 4 millones de reales brasileños) vendiendo unos 10 kilos de crack al día.

La “República Independiente” del Bronx: Colombia

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A tan sólo 800 metros del palacio presidencial de Colombia, la Casa de Nariño, se encuentran los restos de lo que fue la “olla” de droga más importante de Bogotá: el “Bronx”.

A finales de mayo de este año, las autoridades llevaron a cabo una operación en la que participaron unos 3.000 miembros de las fuerzas de seguridad con el fin de desmantelar la fortaleza criminal donde convergían vagabundos, turistas y juerguistas.

Imágenes de la operación en el Bronx en mayo de 2016

El Bronx, que se extiende por cuatro cuadras, fue denominado como “una república independiente del crimen” por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. En dicha zona, tres grupos criminales —“gancho mosco”, “gancho manguera” y “gancho payaso”— dirigían un imperio criminal que incluía el tráfico de drogas, armas y seres humanos, así como la explotación sexual de menores de edad.

Los llamados “Sayayines” eran el “ejército” del Bronx, y ofrecían seguridad para la venta de droga y otras actividades criminales como la prostitución y la extorsión. Este grupo utilizaba la violencia extrema para imponer su autoridad; y según los informes torturaba, desmembraba y disolvía los cuerpos de las víctimas en ácido. Los Sayayines continúan operando en toda Bogotá, ofreciendo sus servicios a diferentes organizaciones narcotraficantes de la ciudad.

La policía no solía aventurarse en el Bronx, y algunos agentes que lo hicieron fueron secuestrados o asesinados. Sin embargo, el Bronx pudo mantenerse como un centro de distribución de drogas porque los criminales que gobernaban allí tenían unos 50 agentes de policía en su nómina, según han dicho fuentes judiciales. A los agentes supuestamente se les pagaba para que se hicieran los de la vista gorda frente a las actividades ilícitas, para que advirtieran a los grupos criminales sobre las operaciones de seguridad inminentes y se abstuvieran de perseguir a los clientes habituales del Bronx. Testigos de la policía incluso han acusado al excomandante de la estación de policía, Gerardo Rivera, también conocido como “Verde 14,” de llevar a cabo operaciones antinarcóticos falsas y de ordenarles a los agentes que ocultaran las actividades criminales en el Bronx.

El nivel de infiltración era tan extenso y obvio que se llevaron agentes de la policía de otras partes de Colombia para llevar a cabo la operación en mayo. Las autoridades temían que los agentes locales filtraran la información y frustraran la redada, como había sucedido en el pasado.

Al menos 15 policías involucrados en las actividades del Bronx ya han sido detenidos este año, y más o menos otros 30 están bajo investigación. Después de la operación, un representante de la Fiscalía General dijo: “Todos los sitios en Colombia en donde funcionan las ollas de microtráfico están protegidos por la Policía”.

Según Daniel Mejía, secretario de seguridad de Bogotá, las operaciones criminales en el Bronx eran de entre US$1 y 2 millones al mes. Se estima que sólo el comercio de las drogas era de entre US$33.000 y 50.000 al día; además, se descubrió una fuente de beneficios criminales en los cientos de máquinas tragamonedas incautadas en el área. El ejército de Sayayines también les cobraba a los empresarios extorsiones de US$2 al día por sus servicios de protección.

Si bien el centro de distribución de drogas del Bronx ya pudo haber sido eliminado, continúa causándole dolores de cabeza al gobierno local. Se cree que el Bronx se convirtió en el principal centro de actividad criminal de Bogotá tras la destrucción de una zona llamada “El Cartucho” a finales de los noventa, durante el primer mandato del alcalde Peñalosa. Y así como la actividad criminal simplemente se mudó para otra zona, existen indicios de que el mismo proceso está ocurriendo otra vez.

Recientemente, cientos de agentes de la policía han obligado a grupos criminales a salir de otros centros de venta de droga que han aparecido después de la operación de mayo en el Bronx.

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