Un organismo de las Naciones Unidas ha acusado al gobierno mexicano de fabricar evidencia y usar la tortura para forzar confesiones durante su investigación por la desaparición de 43 estudiantes en 2014, lo que una vez más plantea interrogantes sobre la estrategia de México para contener la violencia desenfrenada y el crimen organizado.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) acusa a las autoridades mexicanas de encubrimiento, y señala un “modus operandi casi invariable” en la manera como los sospechosos de uno de los peores casos de violación de derechos humanos en la historia reciente de México fueron sometidos a detenciones arbitrarias y torturas para obtener las confesiones que más adelante se aceptaron como evidencia en el caso.
También acusa a las autoridades de dilación innecesaria en la comparecencia de los sospechosos ante un fiscal y de ocultamiento de errores en las primeras etapas de la investigación.
El estudio –basado en una revisión de los expedientes judiciales y de las entrevistas con detenidos, testigos, abogados y las autoridades a cargo de la investigación– se centra en los casos de 63 de los 129 judicializados.
Según la ONU, la evidencia señala el posible empleo de la tortura en 51 de los 63 casos. En 34 de esos, la ACNUDH tiene fuertes razones para presumir que “se cometió tortura, detención arbitraria y otras violaciones a los derechos humanos”, particularmente a manos del personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y de agentes de la Policía Federal y el ejército.
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La ONU afirma que el gobierno trató de encubrir algunos de esos abusos, y que los esfuerzos de la Visitaduría General para investigar las irregularidades fueron “obstruidas por el reemplazo de los funcionarios públicos asignados a esa investigación. Las conclusiones preliminares de la investigación interna fueron alteradas, para minimizar las responsabilidades y mantener la impunidad por las violaciones cometidas”.
Los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, desaparecieron tras una confrontación con agentes de policía la noche del 26 de septiembre de 2014.
En enero de 2015, las autoridades mexicanas concluyeron que la policía municipal de Iguala había interceptado a los estudiantes cuando se desplazaban hacia una manifestación. En el enfrentamiento murieron seis personas y 25 quedaron heridas. Según la versión de los eventos dada por el gobierno —que el procurador general de la época, Jesús Murillo Karam, llamó la “verdad histórica”— la policía de Iguala entregó a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron antes de incinerar sus cuerpos y arrojarlos a un basurero local.
Sin embargo, varias investigaciones posteriores contradicen esta versión oficial de los hechos y pese al gran número de arrestos, el caso sigue sin resolver.
Análisis de Insight Crime
Aunque la mayoría de las denuncias de la ONU no son nada nuevas —un informe de un grupo de expertos independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en abril de 2016, señalaba algunos de los mismos abusos— el grado de detalle del estudio de la ONU imprime nueva presión sobre la golpeada administración de Peña Nieto.
Aunque las autoridades se apresuraron a desestimar los hallazgos del informe como aspectos ya resaltados y que se están atendiendo, la investigación de la ONU aporta nueva evidencia de acusaciones existentes sobre el empleo de la tortura para forzar confesiones de detenidos, y de intentos de la Procuraduría General para encubrir ciertos hechos.
También aparece en un momento crucial. Después de años de intensa presión de la comunidad internacional sobre las autoridades mexicanas para que resuelvan lo que se considera uno de los escándalos de derechos humanos más atroces de la historia reciente, la atención sobre el caso había ido apagándose. Pero el gobierno afirmó recientemente que está comprometido con “aclarar el caso de Iguala para finales del año”, antes del término de la actual administración. Las elecciones presidenciales se celebrarán el 2018 de julio, en un trasfondo de mengua de la popularidad de Peña Nieto y tasas de homicidio en niveles sin precedentes.
Luego del secuestro masivo de los 43 estudiantes, las autoridades mexicanas parecen haberse centrado en asegurar un alto número de capturas y en atribuir la responsabilidad casi por completo a los grupos criminales que operan en la zona.
La semana pasada, la procuraduría a cargo de la investigación de Ayotzinapa anunció el arresto de Erick Uriel Sandoval, acusado de pertenecer a los “Guerreros Unidos” y de haber tenido “una participación clave en el crimen”.
Sin embargo, parientes de los estudiantes desaparecidos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la medida, diciendo que es poco más que un intento de mostrar que se están tomando acciones sin analizar los problemas subyacentes que propiciaron las desapariciones.
Entre ellos está la intrincada relación entre la política y el crimen organizado en México. El país también padece de agudos niveles de tortura e impunidad, que crean un medio en el que abundan y quedan impunes las violaciones a los derechos humanos, lo que fomenta la desconfianza de la población hacia las autoridades y fuerzas de seguridad.
Las nuevas denuncias, y la integridad de las pruebas presentadas por la ONU, no serán una lectura de mucho agrado para el gobierno, en especial con la lluvia de críticas que caen sobre la estrategia de seguridad de Peña Nieto por sus pocos resultados en el control de los escandalosos índices de violencia, corrupción, contubernio de funcionarios públicos con organizaciones criminales, e impunidad en el país.
Es difícil decir si estas nuevas denuncias tendrán algún impacto en la resolución del caso de Ayotzinapa, pero no cabe duda de que servirán como un recordatorio contundente de que a Peña Nieto y a su administración aún les queda mucho por recorrer para dejar un legado positivo de sus seis años de gobierno.
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