Opinión: Los desafíos de estudiar los avances de México hacia la paz

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Para quienes estamos interesados en el estudio de la criminalidad en México, existe una gran frustración: las estadísticas oficiales a menudo son poco fiables y en ocasiones son elaboradas por encargo.

Esto representa un enorme desafío, sobre todo para quienes reunimos los datos para el Índice de Paz México 2016, y hace una medición general de los niveles de violencia en el país entre 2003 y 2015. Pero, ¿cómo identificamos que las estadísticas oficiales son erróneas?

En el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) tomamos las cifras de homicidios registrados por la policía y las comparamos con los certificados de defunción firmados por profesionales de la medicina en los que se indica que la causa de la muerte ha sido por asesinato. De esta manera, descubrimos que los organismos de seguridad de 11 estados mexicanos presentan un subregistro de más del 20 por ciento en los homicidios. Estas cifras son preocupantes.

Este es un artículo de opinión escrito por Steve Killelea, presidente y fundador del Instituto para la Economía y la Paz, que publica el índice de Paz México. Su contenido no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea nuestra opinión sobre el índice aquí.

En 2014, en cada uno de los estados mexicanos se presentó al menos una pequeña discrepancia entre los datos médicos y los policiales. Es de esperarse que exista cierta diferencia, dado que algunos de los casos investigados por la policía pueden no haber sido considerados homicidios luego de la revisión por parte de un médico forense, pero la magnitud de algunas de las diferencias genera preocupaciones acerca de la veracidad de los datos publicados por los organismos policiales. En el estado de Veracruz, por ejemplo, sólo el 63,9 por ciento de los homicidios registrados en los certificados de defunción en 2014 fueron investigados como tales por parte de la policía.

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Además, durante nuestra investigación descubrimos que solamente alrededor del 10 por ciento de las extorsiones, el 17 por ciento de las violaciones y el 32 por ciento de los secuestros son reportados a las autoridades.

Las desapariciones también son un problema en México, donde hay informes sobre descubrimientos de fosas comunes, como las de Guerrero, y sobre seres queridos que buscan a sus desaparecidos. Las cifras oficiales señalan que se sabe de más de 26.000 personas desaparecidas en México desde 2007, pero estos datos son incompletos. Esta cifra sólo incluye las personas que están desaparecidas actualmente, pero no representa el número total de personas que han desaparecido en ese tiempo, ya que algunas han aparecido o han sido encontradas muertas.

En nuestro análisis en profundidad sobre las desapariciones en México, pudimos observar que la mayoría de las personas registradas como desaparecidas suelen ser varones jóvenes de la clase obrera y con familia. Sus desapariciones, trágicas de por sí, pueden tener un impacto grave en las condiciones financieras de las familias extendidas.

La corrupción es otro de los problemas de México, y sus manifestaciones y magnitud varían de estado a estado, llevando en algunos casos al subregistro de los datos. Desde por lo menos la década de los noventa, en México ha habido una relación problemática entre el crimen organizado y algunas operaciones del gobierno y de los organismos policiales, lo que ha llevado a que el país se ubique en el lugar más bajo del Índice de Percepción de Corrupción de los Países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto plantea la duda de que las agencias policiales no estén investigando todos los casos, o que las agencias oficiales estén deliberadamente subregistrando los niveles de crímenes en las jurisdicciones con el fin de parecer más eficientes y legales.

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Por otra parte, el 60 por ciento de las víctimas encuestadas, cuando se les preguntó por qué no habían reportado los delitos a las autoridades, dijeron que no lo habían hecho debido al desempeño de los organismos gubernamentales.

Sin embargo, se están dando algunos cambios. México está invirtiendo en reformas de la policía y de los sistemas judicial y penal, lo cual incluye el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), cuyo plazo de implementación es junio de 2016. Esto les permitirá a los acusados refutar las pruebas judiciales más eficazmente y reducirá los tiempos de los juicios, en algunos casos incluso en varios años. También establecerá la presunción de inocencia de las partes acusadas, garantizará su derecho a un abogado de oficio y prohibirá la tortura, la intimidación y la incomunicación de los detenidos. A partir de marzo de 2014, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se le ha exigido por ley publicar los testimonios de las víctimas en las investigaciones sobre homicidios, secuestros y extorsiones, un requisito que representa un avance en la búsqueda de la transparencia.

Mientras tanto, ¿cómo llenar los vacíos de la mala calidad de las cifras oficiales? El análisis del IEP toma en cuenta varias fuentes y encuestas públicas, se apoya en el conocimiento de un grupo de expertos y ajusta los datos del gobierno para dar cuenta del subregistro.

Es con base en este profundo análisis que esta nueva edición presenta un panorama prudentemente optimista sobre el futuro de la paz en México, aunque se necesita robustecer la capacidad de las agencias gubernamentales, incluyendo su registro de las estadísticas de crimen. Es importante contar con datos precisos, porque éstos pueden permitir comprender la gravedad de los problemas, las políticas efectivas, las tendencias, los patrones y los elementos generadores de paz. Todo ello les puede permitir a las sociedades obtener el conocimiento necesario para implementar una paz duradera y significativa.

* Steve Killelea es el presidente y fundador del Instituto para la Economía y la Paz, organismo que publica el índice de Paz México.

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