Las conversaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia han girado hacia el tema del tráfico de drogas, lo que representa una oportunidad histórica para hacerle frente al comercio ilegal de drogas, aunque una llena de obstáculos tanto para la realización como para la implementación de un acuerdo.
El 27 de noviembre se reanudaron en La Habana las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, y ambas partes acordaron posponer el espinoso tema de la justicia transicional, y pasar al siguiente punto de la agenda: el tráfico de drogas.
El principal negociador del gobierno, Humberto de la Calle, anunció que el objetivo final de cualquier acuerdo sería una "Colombia sin coca". De la Calle dijo que esto requerirá la mejora de los programas de sustitución de coca para los campesinos, llevados a cabo en conjunto con los planes de reforma agraria, acordados con los guerrilleros durante la primera ronda de negociaciones.
Sin embargo, De la Calle agregó que las conversaciones no sólo se centrarán en el cultivo de coca, sino también en el procesamiento y el tráfico de cocaína, y en el papel de las FARC en el narcotráfico.
Según fuentes consultadas por El Espectador, cualquier acuerdo requerirá de un compromiso por parte de los guerrilleros, de dejar atrás el tráfico de drogas y de entregar las plantaciones de coca y las rutas de tráfico de drogas bajo su control.
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Por el contrario, el principal negociador de las FARC, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", propuso hacer una distinción entre la coca y la cocaína. Haciendo eco de la retórica del presidente de Bolivia y defensor de la coca, Evo Morales, Márquez dijo, "Si convenimos que no es lo mismo coca que cocaína, resulta ilógico que para acabar con el problema del narcotráfico, se deba entonces erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad".
Márquez también pidió la legalización del consumo de drogas y el uso de las ganancias de las ventas legales de drogas para el tratamiento de los consumidores problemáticos, lo cual, dijo, acabaría con el "pretexto" del gobierno de Estados Unidos de su "criminal acción contra el pueblo colombiano".
Análisis de InSight Crime
Las FARC tienen una relación de amor y odio con las drogas. Sin las ganancias del narcotráfico, la guerrilla no hubiera sido capaz de convertirse en la insurgencia más temible de la región, ni podría haber sobrevivido al ataque militar de la última década. Sin embargo, ellos reconocen el poder corrosivo y corruptor del narcotráfico, que no sólo afecta a la sociedad y a las instituciones colombianas, sino también a los propios guerrilleros.
Esta es la razón principal por la cual las FARC no son un cartel de la droga, aunque tienen el poder para serlo. El cuerpo de gobierno de las FARC, el Secretariado de siete hombres, no maneja directamente las operaciones de tráfico de drogas. En su lugar, éstas son manejadas principalmente por los comandantes locales de los frentes, lo que permite a los principales líderes mantener un grado de negación para respaldar su discurso contradictorio.
Sin embargo, las FARC son uno de los jugadores más poderosos del narcotráfico colombiano, controlando no sólo gran parte de los cultivos de coca del país, sino también una gran parte de la producción de marihuana, así como las instalaciones para el procesamiento de cocaína y las rutas de tráfico. La posibilidad de lograr un acuerdo con un socio tan importante del hampa del narcotráfico ofrece a las autoridades colombianas una oportunidad sin precedentes.
Y esto evidentemente lo reconoce el gobierno. En un discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, el presidente Juan Manuel Santos ofreció a los delegados una visión de las posibilidades que un acuerdo con las FARC en el tráfico de drogas podrían crear.
"Si logramos que la guerrilla, una vez desmovilizada, cambie de lado y se convierta en aliada del Estado para poner un dique al narcotráfico y terminar los cultivos ilegales, ¡imagínense lo que significaría!”, dijo.
Las dos partes tienen una sorprendente cantidad de puntos en común. Tanto las FARC como Santos han expresado su deseo de ir más allá del actual paradigma prohibicionista, y comenzar a examinar la cuestión de las drogas desde una perspectiva de salud en lugar de criminal. Ambos también han sugerido que la legalización de las drogas es algo que por lo menos debe ser considerado.
Ambas partes parecen estar acercándose a la cuestión que tal vez está más en poder de la guerrilla para abordar -el cultivo de coca. Las FARC son los custodios de la mayor parte de las plantaciones de coca de Colombia, y sus francotiradores y minas antipersona son el principal obstáculo para la erradicación manual de la coca. Esto, junto con la presión de Estados Unidos, es una de las principales razones por las cuales Colombia sigue siendo el único país que utiliza el método altamente controvertido de fumigación aérea con fuerza industrial herbicida. Si las FARC se desmovilizaran, entonces uno de los aspectos más polémicos de la política de drogas de Colombia finalmente podría ser resuelto.
Sin embargo, para realmente alejar a la guerrilla de los cultivos de coca, el gobierno tendrá que demostrar que puede ofrecer a los cultivadores de coca una alternativa real. Los programas de sustitución de cultivos han fracasado miserablemente en el pasado, en gran parte debido a que la falta de desarrollo en las zonas de cultivo de coca hace que la transferencia del producto legal al mercado, de una manera económicamente viable, sea una tarea casi imposible. Para superar esto, el gobierno tendrá que comprometerse con proyectos de desarrollo como la construcción de carreteras, así como la reforma agraria que se discutió en la primera ronda de conversaciones.
Los comentarios más recientes por parte de los negociadores también pusieron de relieve lo que podría ser una diferencia clave. Mientras que las FARC ahora parecen estar listas para presionar hacia una política al estilo de Bolivia, de "coca sí cocaína no", el gobierno parece estar decidido a acabar con el cultivo de coca. Dada la postura reformista de Santos sobre la prohibición de las drogas, parece sorprendente el hecho de que no estaría abierto a la idea de hacer una distinción.
Sin embargo, el siempre pragmático de línea dura, Santos se dará cuenta de los inconvenientes de este enfoque. El primero es que el uso tradicional de la coca no es tan generalizado en Colombia como en Bolivia, así que cualquier mercado legal tendría problemas para absorber la coca producida. El segundo, es que cualquier cambio en la política tendrá que ser aprobado o al menos aceptado por Estados Unidos. Colombia sigue siendo uno de los principales aliados de Estados Unidos, el cual ha invertido mucho en la erradicación de coca en el país, y a diferencia de Evo Morales, Santos no va a estar preparado para cortar la cooperación sobre el asunto.
También hay otras varias áreas en las que las dos partes van a tener que luchar para conciliar sus diferencias. Una de ellas se refiere a la admisión de las FARC de la totalidad de sus intereses en el comercio de la droga, que puede ser un secreto a voces, pero que sigue siendo uno que no están dispuestos a confesar ya que socava su credibilidad ideológica.
Cualquier acuerdo sobre la cuestión requerirá que las FARC no sólo se comprometan a dejar atrás el tráfico de drogas, sino también revelen plenamente el alcance de sus operaciones de drogas y renuncien al control de sus narcoactivos sustanciales.
El gobierno también puede llegar a tener que enfrentar algunas verdades incómodas. En su declaración, Iván Márquez arrojó una lista de preguntas que los guerrilleros quieren que sean contestadas, y dado lo que el gobierno está exigiendo de las FARC, está en el poder de la guerrilla para obtener estas respuestas. Entre las preguntas hubo algunas que han atormentado a Colombia por décadas y llegan hasta los niveles superiores de la élite política y social del país: ¿La policía infame del “Bloque de Búsqueda" que persiguió a Pablo Escobar, actuó en complicidad con los paramilitares y el Cartel de Cali? ¿El expresidente Álvaro Uribe jugó un papel en la expansión del comercio de la cocaína durante su tiempo como director de la Aeronáutica Civil? ¿Cuántos presidentes, congresistas, gobernadores y alcaldes han sido elegidos con el dinero de la droga?
Si las FARC van a abandonar el negocio de la droga, probablemente también exigirán otra condición que podría llevar a Colombia a entrar en conflicto con Estados Unidos. La mayoría de los líderes de las FARC son requeridos en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas, y son propensos a exigir garantías de que no serán extraditados para enfrentar estos cargos si se desmovilizan.
Incluso si las FARC y el gobierno colombiano superaran estos problemas y llegaran a un acuerdo, seguirían habiendo serios obstáculos para la implementación de cualquier acuerdo, ya que sigue habiendo una alta posibilidad de que las facciones disidentes de las FARC se negarán a ceder el control de sus operaciones de narcotráfico.
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Si conservadores ideológicos deciden seguir en armas, entonces retener una participación en el tráfico de drogas sería su mejor opción para financiar su lucha. Por otro lado, algunos de los frentes más profundamente involucrados en las drogas bien pueden no estar dispuestos a alejarse de tales ingresos lucrativos, y en su lugar, se centrarán exclusivamente en actividades criminales.
Si se llega a un acuerdo final de paz, no va a ser difícil convencer a la base ideológica de las FARC a que se aleje del tráfico de drogas -siempre y cuando las condiciones sean las correctas- y esto representa una oportunidad de oro para Colombia para hacer un avance sin precedentes en un problema que ha devastado el país durante tres décadas. Sin embargo, hay un largo camino por recorrer antes de que se cumplan las condiciones de los guerrilleros, e incluso si se llega a un acuerdo, la historia ha demostrado que cuando se trata del comercio de las drogas, siempre hay alguien dispuesto a llenar un vacío en el mercado ilegal más lucrativo del mundo.
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